Terrenos de Terminales Marítimas del Sureste, donde estaba prevista la planta de biodiésel. Foto: TMSALICANTE. El puerto de Alicante ha sido noticia en los últimos días por el enfrentamiento entre el presidente del consejo de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, y las asociaciones de vecinos que han liderado la oposición a la actividad de los graneles y que incluso han acudido a la Guardia Civil para evitarla. Sin embargo, este no es el primer episodio de conflicto entre una actividad económica en la terminal alicantina y los vecinos de la fachada litoral de la capital alicantina: hace una década, el rechazo vecinal abortó la gran apuesta del puerto para su ampliación sur, la instalación de una planta de generación de biocombustible.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de Alicante ha publicado esta semana, más de diez años después, la extinción de la empresa Biodiésel Alicante SL, la firma que, con Mario Flores como presidente del puerto y Luis Díaz Alperi como alcalde, intentó implantarse en la ampliación sur de la terminal alicantina para producir combustible ecológico a partir de la soja. Creada en 2005, la mercantil asoció a la empresa madrileña Jiménez Belinchón, que ya tenía otras plantas de biodiésel en distintos puertos españoles, la alicantina Vectalia y el vehículo de inversión de las cajas de ahorros españolas, Ahorro Corporación, además de otros socios minoritarios.
Pese a la buena imagen que cabía suponer a un combustible ecológico, un colectivo de residentes del entorno, liderados por Manuel Pomar (que años más tarde acabaría siendo el germen gestacional de la asociación de vecinos Gran Vía Sur), junto a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), encabezada por el hoy conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, se movilizaron para rechazar la instalación de la refinería por los residuos que iba a dejar en la zona su actividad energética. Tras un encendido debate político, que luego se trasladó a los tribunales, y que llegó a enfrentar al Ayuntamiento (PP) con el Gobierno central (PSOE), con el presidente del puerto (nombrado por un Consell del PP, pero dependiente jerárquicamente de Puertos del Estado, en manos del PSOE) en medio, finalmente el Consistorio decidió no conceder la licencia de actividad a la planta. Nunca llegó a empezar a construirse.
En teoría, la planta de Biodiésel Alicante iba a ser el gran motor de arrastre de la actividad en la ampliación sur del puerto, que luego con el estallido de la crisis ha quedado infrautilizada (mientras su concesionaria, Terminales Marítimas del Sureste, atravesaba sus propios problemas hasta pasar a manos de un fondo de inversión australiano). Según Flores, la generación del biocombustible en el puerto iba a abrir una línea marítima con América del Sur que habría servido para ampliar la conectividad de la terminal, lastrada por el potencial de València al norte y Cartagena al sur.
Algo más de diez años después, no queda nada de aquel proyecto, y la empresa acaba de desaparecer oficialmente. Los socios mantuvieron en funcionamiento Biodiésel Alicante (a excepción de Ahorro Corporación, que se retiró el proyecto al no prosperar, obligando al resto a cubrir su parte) mientras seguía vivo el contencioso en los tribunales: primero intentaron obtener la licencia, y al no lograrlo esperaban recibir al menos una indemnización del Ayuntamiento por denegarles el permiso. Una primera sentencia de 2012 les daba la razón. Sin embargo, un proceso iniciado por Esquerra Unida (que supo liderar políticamente las protestas vecinales) terminó con una sentencia del TSJ que anulaba la concesión del permiso portuario, por lo que el Ayuntamiento recurrió y finalmente el Alto Tribunal lo eximió de pagar 800.000 euros a la firma.
La empresa, así, inició el proceso de liquidación voluntaria que ha terminado esta semana con la inscripción de su extinción en el Registro Mercantil. Curiosamente, tres de sus socios también están en estos momentos en proceso de liquidación. Jiménez Belinchón y su accionista mayoritario, Cohergi (entre los dos sumaban el 52% de Biodiésel Alicante) se declararon en concurso en 2012, lograron aprobar el convenio en 2013 y, al no poder cumplirlo, se vieron abocadas a la liquidación en 2015. El proceso sigue su curso. Mientras, la antigua Ahorro Corporación que fue socia de Biodiésel Alicante también está en liquidación, después de que su negocio y su marca fueran adquiridos por los fondos StormHarbour y Atitlan al desaparecer las cajas de ahorros.
En la actualidad, continúa la polémica a cuenta de la actividad económica que se desarrolla en el Puerto y los residentes de su entorno más próximo en cuestiones como la carga y descarga de materiales pulverulentos. Así, este martes, la Plataforma de Afectados por la actividad de los graneles, compuesta por varios colectivos vecinales, ha reaccionado frente a las manifestaciones formuladas por el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, el pasado viernes, en declaraciones difundidas por Radio Alicante. En concreto, el colectivo ha solicitado el cese inmediato de Gisbert a través de un extenso comunicado, después de que este les acusase de practicar "terrorismo informativo" al hablar de la operativa de los graneles.
En primer lugar, la plataforma considera que las palabras de Gisbert son un insulto inaceptable al insistir en que "nosotros ponemos en conocimiento de la opinión pública los datos contrastados existentes y hacemos uso de los instrumentos que el sistema democrático nos ofrece". Así, detallan que "estos datos están avalados por: Informes del Seprona de la Guardia Civil,investigaciones de los años 2009 y 2014. Informe del Laboratorio G-Agua, entidad ECMCA debidamente acreditada, que determina niveles de contaminación superiores a los legalmente establecidos. Informe pericial del Sr. Carlos Arribas, licenciado y máster en Ciencias Ambientales. Resoluciones de la Conselleria con datos aportados por la Red Oficial de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, donde se concluyen “elevados niveles de contaminación que supondrían un riesgo para la salud humana”. Auto de 19 de Enero de 2018 del TSJ valenciano, que en sus fundamentos de derecho establece que esta actividad de carga y descarga de graneles es contaminante por sí misma, estando catalogada como tal por la legislación europea, estatal y autonómica. Asimismo, acredita altos niveles de contaminación a la que define como “ilegítima”,y califica el aire de Alicante como uno de los más sucios de la CV" Por otro lado, la plataforma "no entra a valorar quién debe sufragar la construcción de las naves cerradas, no es nuestra competencia. La petición al Ministerio de Fomento para ello no la hicimos nosotros,sino que fueron todos los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes (incluido el PSPV, partido que sustenta su nombramiento como Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante) a través de una Proposición No de Ley, la cual no prosperó, ya que la respuesta del Ministro de Fomento fue, basándose en los informes de la AP de Alicante, que en esta Puerto no son necesarias inversiones puesto que no hay contaminación".
Por último, el colectivo recuerda a Gisbert que el Puerto tuvo que paralizar esta actividad por "incumplir los requisitos de la autorización provisional de la Conselleria, que además tiene una sanción de 70.000 euros que aún no ha pagado, y que continúa sin aplicar las medidas provisionales que se le requirieron". "Desde la PADTPA exigimos el cese inmediato del Sr.Gisbert por su falta de respeto a los vecinos y vecinas de Alicante,por anteponer los intereses privados de unas empresas al interés común, por su voluntad manifiesta de no cumplir la ley y por su ineptitud durante estos años para solucionar de manera efectiva el problema de una actividad que está dañando la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad", concluye.
