Plaça de Baix / RAFA MOLINAELCHE. El equipo de gobierno ya conoce la liquidación del ejercicio 2021, de 22,9 millones de euros de remanente que destinará a incrementar algunas partidas del presupuesto, amortizar 5,3 millones de euros de su actual deuda —de 6 millones—, por lo que dejaría prácticamente saldada la misma, así como a nuevas ayudas para la subida de la luz, el carburante y para el comercio. A falta de perfilar estas, también se ha conocido la ejecución del presupuesto de 2021, en la parte mollar, o al menos la que siempre genera más polémica, que es la del Capítulo 6, el de las inversiones, el bipartito ha ejecutado un 35,4%.
A este respecto, del presupuesto de Gastos, se ha ejecutado un 83,5%, y del Capítulo 1 al 4, de gastos corrientes, del 94,4%, una cifra muy alta y que necesariamente ha de serlo ya que son los pagos obligatorios: salarios, mantenimiento y otros gastos ordinarios del día a día. Eso sí, en cuanto al Capítulo 6 de inversiones, la ejecución total se ha quedado en un tercio del presupuesto. Una cifra que nunca será del 100% porque hay proyectos, sobre todo los de peso, que siempre se ejecutan en varios años, por ejemplo obras importantes. Apartado burocrático y licitación aparte, que siempre lleva varios meses. En cualquier caso, una cantidad similar a la de estos años, en 2020 la ejecución fue también de un 35%. Como es habitual, ya que siempre es motivo de polémica, la concejalía de Gestión Tributaria habla también de 'gestión' de ese apartado, es decir, de concursos públicos ya adjudicados y actuaciones consignadas a la espera de empezar, para hablar de porcentajes más altos.
He aquí pues que el nivel de ejecución de inversiones comprometidos es del 42%. Por eso señalaba la propia edil del área, Patricia Macià, que en el equipo de gobierno les gusta hablar de "gestión del presupuesto", y a 31 de diciembre, con ejecución de inversiones (que pueden incluir últimas anualidades de obras de años anteriores, por ejemplo) y licitaciones ya adjudicadas, esa "gestión" es del 64%. De un Capítulo que tenía 31,7 millones de euros; ejecutados 17,5 millones y adjudicados 20,8 millones —que incluyen a los anteriores—. "Sabiendo que la vida de una obra de una inversión se alarga más de un año", justifica Macià. Creen que dado el volumen monetario que se manejaba, se considera una ejecución "bastante alta". En este sentido, como ya contó este medio, los informes técnicos calcularon a finales de año que había una inejecución inversora de 8 millones de euros, finalmente la mitad de lo estimado en enero del mismo ejercicio. Para este 2022, la previsión es no ejecutar 20 millones de euros, que como en el pasado curso, es una estimación que no tiene por qué cumplirse.
Por otra parte, en cuanto a los reparos de los contratos de Intervención, este año han sido 23. En ellos se encuentran incidencias y anomalías de los que la figura fiscalizadora ha de levantar acta. En 2021 se han revisado 967 expedientes de contratación, de los que se han levantado esos reparos; un 2,5%. Es la cifra más baja de la legislatura, ya que en 2019 fueron 31, en 2020 28 y en el pasado 2021, estos 23. Por ley, estos reparos ahora se han bautizado bajo la figura de 'omisión de la fiscalización' relativas a la aprobación de facturas de suministros. En total, el informe ha analizado dos expedientes de reparo, cuatro expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito y 17 expedientes con omisión de fiscalización: 23 pagos con anomalías.
Los hechos concretos son algunos ya reincidentes: un reparo es de dos millones de euros por ese reconocimiento extrajudicial, es decir, por pagos de la administración que se tenían que haber hecho de otra forma, pero había que aprobar el pago del servicio, y el otro reparo es de nuevo por horas extra de la Policía Local. En cuanto a los otros 'reparos', ahora expediente con omisión de fiscalización, figura pago de suministros realizados mientras se licitaban, suministros de vales o servicios de emergencia que sobrepasaban el precio establecido o que se realizó la prestación antes del contrato, por ejemplo limpieza de colegios o las exhumaciones del Cementerio, cuestiones asociadas del Belén u obras pequeñas en la Ciudad Deportiva. También haber sobrepasado el límite de compras simplificadas que permite la ley de contratos, y que es de 5.000 euros más IVA incluido.
