El centro de salud de Benalúa, el último construido en Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El enredo administrativo que frenaba la construcción del centro de salud del PAU 2 o Nuevo San Blas queda resuelto tras cerca de un año y medio de trámites y de negociaciones cruzadas entre la Conselleria de Sanidad y el Ayuntamiento de Alicante. La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico acaba de asumir ahora la cesión de la parcela de titularidad municipal en la que se prevé la construcción del nuevo equipamiento sanitario: un solar de 4.268 metros cuadrados situado en la avenida Cardenal Francisco Álvarez.
Se trata del último acuerdo necesario para que Sanidad pueda licitar la redacción de proyecto y, después, convocar el concurso para adjudicar su ejecución. Hasta el momento, se desconocen plazos concretos para que los dos procesos se lleven a cabo. Con todo, lo cierto es que la asunción de la parcela llega dos semanas después de la entrevista de trabajo entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para abordar la situación de proyectos de competencia autonómica pendientes de desarrollo en la ciudad.
Puig y Barcala se comprometieron hace dos semanas a que los tres centros de salud estarían finalizados este mandato
Ambos se refirieron entonces al compromiso común de que tanto el centro de salud del PAU 2, como el del Garbinet y el de Playa de San Juan estuviesen finalizados antes de que concluyese el mandato actual, en 2023. En esa cita, Puig y Barcala también señalaron que la adjudicación de las obras del centro de salud del Garbinet debía producirse en las próximas semanas y admitieron que el equipamiento que acumula mayor retraso es el previsto en Playa de San Juan, al depender de la segregación de la parcela de titularidad municipal para que se pudiese ceder a la conselleria solo la superficie requerida para la construcción del edificio. En principio, ese paso ya se habría cumplimentado.
El debate sobre el desarrollo de los tres centros de salud se arrastra, al menos, desde mediados de 2018, cuando se abrió la negociación sobre la cesión de terrenos en los que poder construirlos. A partir de entonces, surgieron diferencias de criterio respecto a las necesidades de superficie y sobre las decisiones urbanísticas que se debían adoptar para que Sanidad pudiese asumir el uso de esas parcelas.
