El alcalde, Gabriel Echávarri, y el portavoz del PP, Luis Barcala, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE (EFE/AP). El juzgado de Instrucción 9 de Alicante ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el grupo municipal del PP contra el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, por supuestas irregularidades en la adjudicación de 25 contratos de la Concejalía de Comercio, según han confirmado este miércoles a Efe fuentes próximas al caso.
La primera consecuencia de la admisión a trámite de la denuncia -una resolución prácticamente automática siempre que el escrito cumple con los requisitos formales- es la citación del portavoz del grupo popular, Luis Barcala, para que ratifique la denuncia ante el juzgado el próximo 6 de octubre.
El PP sostiene que Echávarri cometió un delito de prevaricación por el presunto fraccionamiento de contratos para la prestación de servicios que suman en total 189.000 euros cuando tenía asignadas las competencias de Comercio. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante acordó solicitar la nulidad del pago de esos encargos, firmados a finales de 2016, y plantear una consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC) después de que un jefe de servicio y el interventor municipal expresasen sus dudas sobre la posibilidad de que se hubiese incurrido en un fraccionamiento de contratos.
El pleno municipal decidió, después, crear una comisión de investigación a instancias de una propuesta presentada por Ciudadanos (Cs), cuyos trabajos ya han finalizado con la presentación de conclusiones particulares, mientras que el grupo popular denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.
El pasado 31 de julio, tras escuchar a los técnicos citados en la comisión de investigación municipal, el PP decidió redoblar su estrategia y presentó la denuncia directamente ante los juzgados de Alicante, lo que obliga a la Fiscalía a abandonar su propia investigación, según fuentes de la acusación pública.
Las diligencias que tramita ahora el juzgado de Instrucción 9 son independientes de otra investigación abierta por la Fiscalía en relación al despido de la cuñada de Luis Barcala, una empleada interina adscrita a la concejalía de Cultura.
En este caso, la denuncia fue presentada por dos dirigentes vecinales y ha propiciado que este mes sean interrogados el concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, y un técnico del área (responsable de la elaboración del informe en el que se justificó el decreto de despido), quien compareció el martes ante el fiscal que lleva el caso.
Según fuentes jurídicas, tanto Giménez como el técnico atribuyeron a Echávarri la decisión de despedir a la trabajadora, que fue readmitida, sin embargo, días más tarde en su mismo puesto por recomendación del pleno del ayuntamiento.
