El portavoz municipal del PSOE, Miguel Millana, y la portavoz adjunta, Trini Amorós, al informar sobre la denuncia.ALICANTE. Los contratos menores concertados desde las concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras quedan, finalmente, bajo el escrutinio de los juzgados. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante consumó este viernes su advertencia y registró una denuncia en la que se apunta al ya exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, como responsable de un presunto delito de prevaricación por fraccionamiento de contratos. Es decir, justo el mismo tipo delictivo investigado en el llamado caso Comercio que acabó precipitando la dimisión del exalcalde socialista Gabriel Echávarri en abril de 2018.
En aquel caso, la denuncia interpuesta entonces por el grupo municipal del Partido Popular (PP) bajo la coordinación del actual alcalde, Luis Barcala (que en ese momento actuaba como líder de la oposición) señalaba la concatenación de varias adjudicaciones relacionadas con la promoción del comercio local, con la celebración de la Gala de Comercio y con la rotulación de los mercados municipales en hasta 25 encargos distintos que ascendieron a un importe global de 189.000 euros en los momentos previos a la Navidad de 2016.
El PP consideraba, entonces, que con la división de esos encargos por separado se había roto la unidad funcional en la que en realidad se enmarcaban -la promoción del comercio local- con la intención de poder conceder esos contratos de manera directa de manera discrecional, en lugar de haber convocado el preceptivo concurso que hubiese permitido la participación de cualquier proveedor de servicios interesado, bajo los criterios de publicidad y transparencia, para fomentar la libre competencia.
Esa denuncia inicial -que se presentó en Fiscalía, primero, y se replicó en los juzgados, después- acabó sentando a Echávarri en el banquillo de los acusados y le valió una condena de inhabilitación que se ha venido confirmando pese a los recursos presentados hasta llegar al Tribunal Supremo (TS).
Ahora es el PSOE el que le da la vuelta a los acontecimientos al haber visto en los contratos menores relacionados con distintas actuaciones ejecutadas en la plaza Manuel Giménez Pastor de La Alcoraya hechos similares a los denunciados por el PP en el caso Comercio. De ahí que interpusiese su denuncia para instar a la justicia a que disipe las dudas que, según señaló la portavoz adjunta del grupo municipal, Trini Amorós, siguen existiendo tras las explicaciones ofrecidas por Jiménez durante su comparecencia en el pleno ordinario de abril, este jueves.
Todo, eso sí, pese a que existirían al menos tres distinciones básicas entre los dos conjuntos de contrataciones. La primera, que en este caso se solicitaron varios presupuestos antes de formalizar los encargos, a diferencia de lo que sucedió con los contratos de Comercio (una competencia asumida por Echávarri de forma directa, aunque bajo la gestión diaria de un asesor, también condenado). La segunda, que en este caso también se habría contado con el visto bueno de técnicos de los departamentos de Contabilidad e Intervención, sin que haya trascendido que se apuntasen posibles reparos técnicos, como sí sucedió en el caso de los encargos de Comercio.
Y la tercera, que en este caso sí es un hecho asumido incluso por el propio Jiménez que los contratos concertados desde su área y desde Infraestructuras se concedieron a empresarios que formaban parte de su círculo de conocidos en el ámbito de las fiestas de Fogueres (incluso uno de ellos había ejecutado una reforma en el domicilio del exconcejal un año y medio antes), cosa que no ocurrió con los contratos que provocaron el procesamiento de Echávarri.
Sea como fuere, el PSOE sostiene en su denuncia que con el procedimiento seguido para formalizar las cuatro actuaciones ejecutadas en la misma plaza se pudo romper la unidad funcional que en realidad constituían -una reforma integral de ese mismo espacio público- con la finalidad de no convocar un concurso abierto a la pública concurrencia. Además, en la denuncia se subraya que esos cuatro encargos se tramitaron prácticamente en paralelo, todos a finales de 2022 (a semanas de que se extinguiese la eficacia del presupuesto municipal, como también sucedió con los contratos del caso Comercio).
No solo eso. La denuncia subraya la particularidad de que en la memoria del contrato principal promovido por Infraestructuras, relacionado con la instalación de un circuito biosaludable en dicha plaza, ya quedaba incluida la ejecución de la sustitución de la pérgola de madera al encontrarse muy deteriorada. Esa actuación se adjudicó a Orthem por 47.835 (IVA no incluido). Sin embargo, esa actuación -la sustitución de la pérgola- acabó promoviéndose a través de un segundo contrato, bajo el impulso de Partidas Rurales aunque con cargo a una partida presupuestaria de Infraestructuras, que se concertó con Rehabilitaciones Grupo Leuka por 36.677 euros (IVA no incluido).
Un importe, además, a los que se suma el derivado de la contratación -también por separado- del diseño de esa pérgola por otros 5.820 que se concertó con Arquitectura Arquip con el argumento de que la Concejalía de Infraestructuras no tenía técnicos suficientes para realizar el trabajo, a pesar de que sí asumieron otro proyecto ejecutado en las mismas fechas: el de reparación del escenario de la plaza, concertado con Inelsa Ingeniería por 27.757 euros más.
De ahí que la denuncia también deje abierta la posible participación en los hechos del concejal de este último departamento, José Ramón González, a través de las múltiples alusiones que se realizan sobre el papel de su concejalía, aunque el escrito no se dirija explícitamente contra él y solo se contemple que las acciones legales puedan dirigirse a otras personas distintas a Jiménez "que en el curso de la investigación pudieran resultar indiciariamente responsables de parte o totalidad de los hechos denunciados".
Así, en último término, la denuncia plantea que "nos encontraríamos ante la presunta comisión de un delito de prevaricación por fraccionamiento de contratos, con el objetivo de poder adjudicar diversos contratos sin necesidad de cumplir con las obligaciones de licitación, troceando un contrato en diversas prestaciones para, a continuación, adjudicarlas directamente como contratos menores".
No obstante, como ya ha informado este diario, tanto Jiménez como representantes del equipo de gobierno consultados han defendido la legalidad de los procedimientos de contratación al sostener que su tramitación obedecía a necesidades y peticiones distintas, de modo que, a su juicio, no existiría el fraccionamiento de contratos apuntado en la denuncia.
