'Caso Comercio': los socios de Echávarri contemplan exigir su renuncia si resulta imputado

ALICANTE. El PP acusa; Ciudadanos señala; el PSOE absuelve... y sus socios de Guanyar y Compromís avisan. A grandes rasgos, las conclusiones que cada grupo político ha extraído a partir de la comisión de investigación del llamado caso Comercio, presentadas este viernes, confirman las posiciones que cada partido ha mantenido desde que trascendió la polémica: las dudas del interventor municipal sobre la existencia de un posible fraccionamiento de contratos en los 25 encargos directos (sin concurso) concertados por la Concejalía de Comercio por un precio inferior a los 18.000 euros por separado, pero por un importe global de más de 189.000. 

Como se preveía, PP y Cs coinciden en considerar que los contratos se trocearon y no dudaron en atribuir responsabilidades directas al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri (edil de Comercio en el momento en el que se produjeron los hechos). Como ha publicado Alicante Plaza, los populares le asignan un papel consciente y voluntario, mientras que Cs considera que incumplió las obligaciones de su cargo (una dejación de funciones), por lo que, igualmente, le señalan como supuesto autor por omisión de una presunta fragmentación de los encargos.

Los dos partidos opositores confluyen, además, en la necesidad de que se asuman o se depuren responsabilidades políticas, lo que extienden tanto a Echávarri como a los dos asesores que, a su juicio, tuvieron participación en los hechos: el asesor de Comercio, Pedro de Gea, y el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez. Y, por último, los dos también ratifican su intención de mantener o emprender acciones para que sea un juez el que acabe purgando las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse.

Igualmente, pocas sorpresas aportan las conclusiones del PSOE. Su escrito niega cualquier tipo de responsabilidad que pudiese tratar de atribuirse a Echávarri o sus asesores, tras considerar que en ningún caso se ha producido un fraccionamiento de contrato. Los socialistas insisten en que todos los encargos bajo sospecha cumplían finalidades distintas, de modo que no se eludió la obligación de convocar un concurso público para contratar los trabajos (ejecutados y pagados a precio de mercado, recalca su dictamen). Y, además, remarcan que "en todos los contratos menores que han sido objeto de examen por esta comisión, se ha respetado el cauce procedimental": una apreciación que, como mínimo, contrasta con las opiniones expresadas por el resto de partidos y por los técnicos que comparecieron ante la comisión (el interventor municipal y el ya exjefe de servicio de Comercio). 

Así que, como máximo, las conclusiones del PSOE sólo añaden un elemento novedoso al destacar que las 25 facturas de la discordia se aprobaron en Junta de Gobierno. Es decir, que el visto bueno que se les concedió inicialmente -hasta que los servicios jurídicos recomendaron su anulación- fue colegiado y no de manera particular por parte del entonces concejal de Comercio (Echávarri).  

De ahí que las contribuciones de Guanyar y Compromís sean las que resulten más llamativas. Los dos aliados del PSOE en el equipo de Gobierno insisten en destacar el ejercicio de transparencia que ha supuesto la constitución de la comisión (como también subraya el propio PSOE) después de la opacidad que, sostienen, mantuvo el anterior Gobierno del PP durante años frente a comportamientos "más graves". Y acto seguido inciden en que el procedimiento seguido para tramitar esos 25 encargos de la Concejalía de Comercio no ha sido correcto. De ahí, que aunque con matices, ambas formaciones dejen abierta la posibilidad de exigir responsabilidades políticas en el caso de que el Consell Jurídic Consultiu o un juez acabe considerando que efectivamente existió un fraccionamiento de contratos. 

Todos los grupos políticos deberán volver a reunirse en la comisión de investigación para poner en común sus conclusiones particulares y plantear qué hacer con ellas

En primer término, Compromís subraya que las posibles irregularidades detectadas en la comisión deben considerarse de tipo administrativo y exige la necesidad de que se establezca un mayor control y conocimiento previo por parte de los técnicos. Además, añade que debería regularse las funciones que pueden desempeñar los cargos de confianza. Y por último, añade que: "La posición de Comrpomís en esta materia se fijará de forma definitiva, como no puede ser de otro modo, por lo que respecta a las conclusiones y/o demandas de posibles responsabilidades políticas en función del dictamen que sigue pendiente del Consell Jurídic Consultiu, o de las posibles consecuencias de las demandas judiciales que están presentadas en torno a la tramitación administrativa de las 25 facturas de la Concejalía de Comercio. 

Las conclusiones de Guanyar resultan aún algo más incisivas al remarcar que no se ha seguido la tramitación requerida, que existe "una alta probabilidad de que se haya incurrido en fraccionamiento de contratos a la luz de las respuestas del interventor, aunque ese mismo funcionario limita el alcance de dicho fraccionamiento al ámbito de las infracciones administrativas". Y prosigue: "Evidentemente serán los tribunales de justicia los que diluciden su posible alcance penal".

Además, abunda en la improcedencia de que los asesores puedan "firmar documentos de los expedientes de contratación". Y sus conclusiones apostillan que: "En el caso de que finalmente se confirmara la existencia de un fraccionamiento de contratos, cabría valorar la responsabilidad política del alcalde, en tanto que concejal de Comercio en el momento de los hechos investigados, por acción u omisión y, en última instancia, por culpa in vigilando o in eligendo". 

Lo cierto es que tanto Guanyar como Compromís ya exigieron explicaciones y la adopción de medidas cuando se anularon las facturas. También secundaron la constitución de la comisión de investigación solicitada por Cs para contribuir a que se esclareciesen los hechos. Poco después Echávarri delegó la concejalía de Comercio en la edil Gloria Vara.

¿Cuál es el siguiente paso ahora? Los representantes de la comisión de investigación deberán volver a reunirse para tratar de poner en común sus conclusiones particulares. Y, de haber consenso en ese dictamen conjunto, plantear posibles acuerdos. Entre ellos, no es descartable que tanto PP como Cs puedan plantear que se aporte ese informe de conclusiones final a la Fiscalía o al juzgado al que se ha turnado la denuncia presentada por los populares.