El exalcalde, Gabriel Echávarri, a su llegada a la Audiencia con motivo del juicio. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El caso Comercio llegará finalmente hasta el Tribunal Supremo (TS). El exalcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y sus dos asesores, Pedro de Gea y Lalo Díez, prevén agotar todas las vías de defensa posibles y recurrirán en casación la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, ya ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
El fallo del alto tribunal autonómico, conocido la semana pasada, confirma a los tres como responsables de un delito de prevaricación administrativa por el fraccionamiento de 25 contratos tramitados desde la Concejalía de Comercio entre noviembre y diciembre de 2016. Se trata de encargos por un importe inferior a los 18.000 euros que permitía su adjudicación directa (pero por un montante global que excede los 189.000, lo que obligaría a convocar un concurso) relacionados con el desarrollo de una campaña de promoción del comercio local, con la gala de entrega de los Premios al Comercio y con la renovación de la señalética de varios mercados municipales.
Las defensas de los tres condenados disponen de plazo hasta este miércoles para anunciar el recurso y, según las fuentes consultadas, ya se habría decidido su presentación en base a los mismos argumentos de fondo que se viene esgrimiendo hasta ahora. Es decir, la inexistencia del delito de prevaricación, puesto que se mantiene que no se dio el fraccionamiento de contratos que se les atribuye, y la falta de participación de los tres procesados en los procesos de contratación objeto de controversia.
Durante el desarrollo del juicio, los letrados de Echávarri, De Gea y Díez ya incidieron en que los contratos impulsados desde la Concejalía de Comercio no guardaban ninguna relación de interdependencia entre sí. Además, insistieron en que esos encargos fueron tramitados por los técnicos municipales sin que nadie advirtiese de posibles irregularidades.
Como informó Alicante Plaza, la sentencia dictada por el TSJCV impone al exalcalde y al exasesor de Comercio, De Gea, doce años de inhabilitación como autores de un delito continuado de prevaricación administrativa. La pena para el exjefe de Gabinete de Alcaldía, Díez, es de nueve años de inhabilitación, puesto que no se considera que en su intervención irregular se produjese de manera continuada.
El alto tribunal corrigió, así, los errores de cuantificación de las penas registrados en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, en la que se imponía penas de entre 7 y 8 años y medio al no considerar la reforma del Código Penal que entró en vigor en 2015.
