El edil de Personal ratifica ante el fiscal el decreto que justificó el despido de la cuñada de Barcala

ALICANTE. El concejal de Recursos Humanos, el socialista Carlos Giménez, compareció este martes en Fiscalía (y no en el juzgado, como había informado Alicante Plaza en un principio por error) para declarar como testigo en las diligencias seguidas por un supuesto delito de prevaricación en el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. La investigación se abrió a instancias de la denuncia presentada en Fiscalía por dos conocidos activistas vecinales -José Luis Valdés y José María Hernández Mata- en la que acusaban al alcalde, Gabriel Echávarri, de haber despedido sólo a la familiar de Barcala a sabiendas de que existían otros trabajadores interinos en su misma situación, contratados en su momento para cubrir funciones o necesidades que ya habían dejado de existir. Además, alegaban que ese despido se produjo dos años después de la llegada de Echávarri a la Alcaldía pese a que, como explicó después el propio primer edil, ya entonces conocía del cese de las causas que motivaron su contratación. Es decir, que -a juicio de los denunciantes- el primer edil pudo errar en la toma de la decisión en dos supuestos diferentes. 

Según las fuentes consultadas, Giménez -que fue citado por la Fiscalía a finales de julio- respondió a las preguntas que se le formularon durante alrededor de una hora. La mayoría de ellas giraron en torno al contenido del informe en el que se justificó el polémico despido. Las mismas fuentes precisaron que el edil explicó las causas que avalaban la extinción de su contrato: básicamente, que las funciones que motivaron su incorporación al Ayuntamiento, en 2010, habían dejado de existir. Como trascendió al conocerse el despido, la familiar del líder del PP fue contratada para atender las necesidades de personal que planteaba la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo (MACA) y el espacio Cultural de Las Cigarreras.

Cuando se hizo público el cese, el grupo municipal del PP consideró que la decisión se producía en respuesta a la denuncia que el partido había presentado contra el alcalde por el supuesto fraccionamiento que se investiga en el llamado caso Comercio: los 25 contratos menores adjudicados de manera directa por un importe global de 189.000 euros. El propio alcalde admitió tanto en su cuenta en una conocida red social como en sus declaraciones públicas que esa denuncia había acelerado la decisión del despido.

El cese quedó anulado después de que la polémica llegase al pleno: PP y Ciudadanos (Cs) aprobaron una propuesta para que se revocase el despido y se abordase la normalización de todos los trabajadores contratados de manera temporal. 

Hasta la fecha, no han trascendido nuevas diligencias, al margen de la citación de Giménez y de la petición de copia autentificada del expediente del despido. Tampoco se conoce que se haya producido ninguna imputación.