El futuro de la estación de autobuses de Alicante, en manos de otro convenio con subida de tasas

ALICANTE. El funcionamiento de la estación provisional de autobuses de Alicante pende de un hilo. Salvo acuerdo in extremis, quedará en un limbo administrativo -sin que se sepa a ciencia cierta si se acordará su desalojo o se permitirá que funcione en precario- dentro de cuatro días, cuando vence la última prórroga concedida por la Autoridad Portuaria para que el Ayuntamiento de Alicante hiciese uso de la parcela de su propiedad en la que se ubica. 

Dicha prórroga se concedió el pasado diciembre, a petición del actual alcalde, Luis Barcala (PP). Y desde entonces no se ha encontrado una solución que despeje su continuidad en el mismo emplazamiento. De hecho, el concejal de Transportes, Manuel Villar (PP), explicó en el pleno de este jueves, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz socialista, Paco Sanguino, que los intentos de negociación entablados con la Autoridad Portuaria habían conducido hasta condiciones inasumibles para el Ayuntamiento, por lo que avanzó que el equipo de Gobierno (PP y Cs) emprendería acciones legales para defender la continuidad de la infraestructura en su emplazamiento actual.

¿De qué condiciones se trata? Fuentes de la Autoridad Portuaria consultadas por Alicante Plaza apuntaron que la única posibilidad que existe para ampliar el permiso de ocupación del suelo es la negociación de un convenio nuevo, la petición de una autorización (con un máximo de tres años de duración) o la solicitud de una concesión (por un plazo más largo, de hasta 30 años). Así se expondría en un informe emitido por la Abogacía del Estado al respecto. En todo caso, según las mismas fuentes, no se podría conceder ninguna prórroga adicional, puesto que ya se habrían agotado todas las posibilidades de extensión de ese plazo.

El convenio de cesión del suelo se firmó en 2006 por un plazo de diez años y se extendió en 2016 por otros cuatro más

El convenio por la ocupación del suelo se firmó en el año 2006, bajo la Alcaldía del popular Luis Díaz Alperi, por un periodo de 10 años. Para entonces, se vislumbraba que la terminal provisional dejaría de ser necesaria, puesto que para ese momento debería estar ejecutada y en servicio la estación intermodal, en terrenos de Renfe. Ese acuerdo se renovó en diciembre de 2016, a la vista de que la intermodal no se había ni iniciado, con una adenda por otros cuatro años adicionales más, bajo el mandato del socialista Gabriel Echávarri. En ese momento, se acordó una posible prórroga de otros seis meses, que ejercitó Barcala (justo cuando se concedió la quinta prórroga por la gestión de la terminal, en favor de Vectalia y Enatcar) y que vence ahora. 

Según las mismas fuentes, en cualquiera de los tres supuestos de posible solución para que la terminal no funcione en precario -nuevo convenio, autorización o concesión- se debe incluir una actualización de la tasa por la ocupación del suelo, ya que ha permanecido invariable desde hace 14 años, al margen de la reversión del edificio, que pasará a ser propiedad de la Autoridad Portuaria, como ya ha informado este diario. Hasta el momento, esa tasa ha ascendido a unos 70.000 euros anuales. En principio, se prevé que pueda incrementarse en cerca de otros 100.000 euros más. En todo caso, la Autoridad Portuaria continuaría dispuesta a retomar las conversaciones con el Ayuntamiento pese al anuncio de acciones legales formulado en el pleno.