ALICANTE. Las negociaciones entabladas entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria sobre la continuidad de la estación provisional de autobuses junto a la avenida de Loring, en suelo del recinto portuario, acabarán dirimiéndose en los juzgados. Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Transportes, el popular Manuel Villar, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del grupo socialista, Paco Sanguino, sobre la evolución de esas negociaciones. Villar ha señalado que las conversaciones con el propósito de renovar ese acuerdo de cesión de suelo se iniciaron el pasado mes de diciembre y quedaron suspendidas como consecuencia de la pandemia del coronavirus. 

En todo caso, ha apuntado que la actitud que se ha encontrado por parte de los representantes de la Autoridad Portuaria es la de "una pared", lo que habría impedido renovar ese permiso hasta ahora. En concreto, en esas conversaciones se estaría reclamando "condiciones inasumibles por parte del Ayuntamiento" relacionadas con el incremento del pago de tasas. Así, Villar ha avanzado que el ayuntamiento emprendería acciones legales para defender la continuidad de ese acuerdo. 

El convenio de cesión expiró el pasado 31 de diciembre de 2019, aunque se concedió una última prórroga de seis meses de duración que finaliza este 30 de junio. A partir de entonces, el edificio de la terminal debería revertir en la Autoridad Portuaria y tramitarse un nuevo convenio, o solicitarse un acuerdo de autorización o bien una concesión, lo que conllevaría una revisión de las tasas abonadas hasta el momento, que han permanecido invariables desde la puesta en marcha de la instalación. 

El transporte público también ha sido protagonista de otro de los acuerdos aprobados en el pleno, a colación de la declaración institucional conjunta formulada por PP y Cs para instar al Gobierno central a asumir el déficit generado en el servicio público de autobuses como consecuencia del incremento de gastos y la caída de ingresos ocasionada por la declaración del estado de alarma y la reducción del número de viajeros. Ese déficit podría llegar a alcanzar los 10 millones de euros, según han precisado fuentes municipales a través de un comunicado. La propuesta ha quedado aprobada por unanimidad.

También en materia de transportes y movilidad, el equipo de Gobierno (PP y Cs) ha rechazado el ruego formulado por Unides Podem por el que se solicitaba la retirada de la propuesta de peatonalización de calles del centro de Alicante, dado que existe una subcomisión específica sobre Movilidad, en el seno de la comisión sobre la reconstrucción de Alicante, en la que se supone que se debe abordar esa cuestión, entre otras. El edil de Tráfico, José Ramón González (PP), ha replicado que la propuesta sigue en pie y ha recordado que está sujeta a la presentación de aportaciones. 

Otro de los asuntos que ha acaparado parte del debate ha sido la situación de los trabajadores interinos municipales. Tanto Vox como Compromís han apremiado al equipo de Gobierno para que aclare cómo piensa actuar frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 4 que reconoce el derecho de una trabajadora interina a ser reconocida como empleada fija, después de mantener una relación laboral con el ayuntamiento durante 13 años. De hecho, durante el desarrollo del pleno se ha celebrado una concentración de trabajadores interinos en la Plaza del Ayuntamiento.