La terminal provisional de autobuses, instalada en el Puerto de Alicante.ALICANTE. Las negociaciones entabladas entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria sobre la continuidad de la estación provisional de autobuses junto a la avenida de Loring, en suelo del recinto portuario, acabarán dirimiéndose en los juzgados. Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Transportes, el popular Manuel Villar, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del grupo socialista, Paco Sanguino, sobre la evolución de esas negociaciones. Villar ha señalado que las conversaciones con el propósito de renovar ese acuerdo de cesión de suelo se iniciaron el pasado mes de diciembre y quedaron suspendidas como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
En todo caso, ha apuntado que la actitud que se ha encontrado por parte de los representantes de la Autoridad Portuaria es la de "una pared", lo que habría impedido renovar ese permiso hasta ahora. En concreto, en esas conversaciones se estaría reclamando "condiciones inasumibles por parte del Ayuntamiento" relacionadas con el incremento del pago de tasas. Así, Villar ha avanzado que el ayuntamiento emprendería acciones legales para defender la continuidad de ese acuerdo.
El convenio de cesión expiró el pasado 31 de diciembre de 2019, aunque se concedió una última prórroga de seis meses de duración que finaliza este 30 de junio. A partir de entonces, el edificio de la terminal debería revertir en la Autoridad Portuaria y tramitarse un nuevo convenio, o solicitarse un acuerdo de autorización o bien una concesión, lo que conllevaría una revisión de las tasas abonadas hasta el momento, que han permanecido invariables desde la puesta en marcha de la instalación.
El transporte público también ha sido protagonista de otro de los acuerdos aprobados en el pleno, a colación de la declaración institucional conjunta formulada por PP y Cs para instar al Gobierno central a asumir el déficit generado en el servicio público de autobuses como consecuencia del incremento de gastos y la caída de ingresos ocasionada por la declaración del estado de alarma y la reducción del número de viajeros. Ese déficit podría llegar a alcanzar los 10 millones de euros, según han precisado fuentes municipales a través de un comunicado. La propuesta ha quedado aprobada por unanimidad.
También en materia de transportes y movilidad, el equipo de Gobierno (PP y Cs) ha rechazado el ruego formulado por Unides Podem por el que se solicitaba la retirada de la propuesta de peatonalización de calles del centro de Alicante, dado que existe una subcomisión específica sobre Movilidad, en el seno de la comisión sobre la reconstrucción de Alicante, en la que se supone que se debe abordar esa cuestión, entre otras. El edil de Tráfico, José Ramón González (PP), ha replicado que la propuesta sigue en pie y ha recordado que está sujeta a la presentación de aportaciones.
Otro de los asuntos que ha acaparado parte del debate ha sido la situación de los trabajadores interinos municipales. Tanto Vox como Compromís han apremiado al equipo de Gobierno para que aclare cómo piensa actuar frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 4 que reconoce el derecho de una trabajadora interina a ser reconocida como empleada fija, después de mantener una relación laboral con el ayuntamiento durante 13 años. De hecho, durante el desarrollo del pleno se ha celebrado una concentración de trabajadores interinos en la Plaza del Ayuntamiento.
El concejal de Recursos Humanos, González, ha replicado en primer lugar, que esa sentencia, solo tiene un alcance particular, sobre la situación de la recurrente en concreto. Además, ha apuntado que existe otra sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 2 que resuelve justo lo contrario, por lo que la intención de los servicios jurídicos municipales es solicitar una aclaración de sentencias y, en su caso, recurrir en apelación.
Un momento de la concentración de los trabajadores.Respecto al resto de las declaraciones institucionales, el pleno del Ayuntamiento también ha aprobado otra declaración institucional presentada por PP y Cs para reclamar al Gobierno información detallada sobre el Ingreso Mínimo y Vital (IMV) y para solicitar que las administraciones encargadas de gestionarlo tengan los recursos suficientes. La propuesta ha quedado aprobada por mayoría simple, con la abstención del resto de grupos políticos.
También se ha aprobado la declaración institucional presentada por PP y Cs para instar al Ministerio de Transición Ecológica a la retirada de los canones de explotación de playas que debe abonar el Patronato Municipal de Turismo, con el propósito de poder exonerar a los concesionarios de servicios de alquiler de hamacas y de los chiringuitos, sobre el pago de tasas municipales. La propuesta ha contado con 16 votos a favor (PP, Cs y Vox) y la abstención de PSOE, Unides Podem y Compromís.
