Los ediles de la corporación municipal de Alicante durante el minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas de la violencia de género.ALICANTE. Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y Vox dieron el primer impulso en el pleno de este jueves a la propuesta de ordenanza de convivencia cívica de Alicante que permanecía congelada desde el pasado otoño: una regulación que ha estado rodeada de controversia desde entonces, por las muestras de rechazo social que ha generado entre asociaciones feministas y entidades dedicadas a prestar atención a personas en situación de vulnerabilidad. Colectivos como la Plataforma 8M, la Plataforma contra la Pobreza e incluso Cáritas han venido expresando su rechazo al texto de manera reiterada -con el respaldo de las fuerzas del eje progresista, PSOE, Unides Podem EU y Compromís- al considerar que incorpora medidas punitivas con las que se persigue a las personas que se ven forzadas a ejercer la mendicidad o que se encuentran sometidas a la explotación sexual, en lugar de favorecer su integración social.
Sin embargo, el equipo de gobierno (PP y Cs) siguió defendiendo la necesidad de la norma como herramienta para evitar comportamientos incívicos en el espacio público, así como para perseguir a las mafias que organizan redes de mendicidad o fuerzan a la prostitución de mujeres. Un argumento al que se añadió el de la existencia del Plan de Inclusión Social como complemento social, con medidas para prestar ayuda a los colectivos desfavorecidos, al que, según fuentes municipales, se estaría dedicando ya una gasto anual real de más de 23 millones.
Pero, además, los dos socios de gobierno -en sentido estricto, solo el PP, ya que los representantes de Cs optaron por guardar silencio- recalcaron durante el desenlace del debate que el texto no es definitivo, puesto que queda sujeto a la presentación de alegaciones. Justo el argumento que ya se había defendido desde las filas de Cs después de que quedasen desestimadas las enmiendas que registró el pasado día 11 (con un año de retraso respecto al plazo establecido para hacerlo) con la intención de modular el alcance de las multas para las prostitutas e introducir medidas encaminadas a reforzar la atención social de los desfavorecidos. Lo cierto es que el propio alcalde, el popular Luis Barcala, también abrió la puerta a futuras modificaciones, el pasado miércoles, cuando aseguró que la ordenanza era un texto vivo al que todavía le quedaba recorrido administrativo antes de que pudiese tener aplicación. Así, sostuvo que se estudiarían las objeciones que pudiesen presentarse tras la aprobación inicial, de este jueves, entre las que deberían considerarse las propuestas de sus aliados políticos de Cs.
Ahora bien, hasta el momento no existe una certeza absoluta de que esas sugerencias vayan a acabar incorporándose al texto definitivo. Para que eso ocurra, debe cumplirse una doble condición. Primero, que las alegaciones de Cs se consideren viables desde el punto de vista técnico y jurídico. Por el momento, ya existe un primer informe emitido por el departamento de Seguridad en el que se planteaba la desestimación de cuatro de las seis enmiendas formuladas por Cs, aunque las conclusiones de ese dictamen no tienen carácter vinculante. Y segundo, que la propuesta de ordenanza que se eleve a aprobación definitiva acabe sumando la mayoría necesaria, en el caso de que se acaben incorporando las alegaciones de Cs o cualquier otra sugerencia que se decida aceptar tras el periodo de exposición pública que se abre ahora.
¿Volverá a superar ese texto refundido el filtro de la votación en pleno? No parece probable si de ello depende contar otra vez con el apoyo de Vox. Su portavoz, Mario Ortolá, ya anticipó este jueves que no respaldaría una propuesta "descafeinada" o "desnaturalizada" si se incorporan cambios que impidan la consecución de los objetivos que considera que se deberían conseguir con la ordenanza. No obstante, el bipartito -o, en su defecto, Cs en solitario- sí jugaría con la expectativa de sumar los votos de los grupos progresistas que ejercen funciones de oposición. Al menos, por lo que respecta al PSOE. Fuentes socialistas consultadas por Alicante Plaza reconocieron que las enmiendas presentadas por Cs son prácticamente una copia de sus propias aportaciones, por lo que se podría facilitar la aprobación definitiva de la ordenanza (está por ver si con su abstención o su voto a favor) siempre que esas medidas quedasen incorporadas a su versión final. Eso sí, la posición de Unides Podem y Compromís parecen, por ahora, más alejadas de ese planteamiento.
¿Qué escenario depara esa situación? Que, a la postre, el bipartito pueda acabar optando por establecer una especie de geometría variable con pactos a derecha (Vox) y a izquierda (PSOE); una suerte de equilibrio político con el fin de conseguir que la ordenanza se apruebe sin que ni PP ni Cs acaben moviéndose de los postulados ideológicos que han tratado de defender ante sus respectivos electorados. En esa hipótesis, el PP habría logrado aprobar su texto original de manera inicial, sin ceder espacio ante la contundencia exigida por Vox. Y, de pretenderlo, tendría la opción de aferrarse a ese hipotético respaldo del PSOE para dejar su aprobación definitiva en manos de los 14 votos que Cs sumaría con los socialistas. Todo, después de haber logrado que sus socios del partido de Inés Arrimadas tragasen con la aprobación inicial de la norma, sin que se hubiesen incluido sus cambios. Por su parte, Cs podría resarcirse de ese mal trago rebajando la dureza del texto definitivo mediante la reducción de las sanciones propuestas a las prostitutas y la inclusión de medidas sociales, tras contar con la implicación del PSOE.
PP y Cs manejan alcanzar el equilibrio político para lograr que la polémica ordenanza y las cuentas de 2022 puedan aprobarse con distintos respaldos
A todo ello, se sumaría, además, otro debate a tener en cuenta en otra pista paralela del circo político municipal: la tramitación de los presupuestos de 2022. El bipartito mantiene su intención de plantear su aprobación inicial en pleno antes de que finalice diciembre. Así, llegaría a ese debate con los deberes cumplidos ante Vox: el hecho de haber aprobado la ordenanza que el partido de Santiago Abascal también venía reclamando, después de instar a PP y Cs a obviar las críticas del eje progresista. En ese terreno, PP y Cs podrían volver a contar con los dos votos de Vox para que las cuentas quedasen aprobadas sin mayores dificultades ni demoras adicionales.
De este modo, la nueva planificación económica quedaría habilitada para comenzar a desplegar efectos desde principios de año. Y, después, siempre podría abrirse la negociación con el resto de fuerzas de la oposición en busca de más (o de otros) apoyos en el trámite de aprobación definitiva del presupuesto. Ahí, la posible incorporación de propuestas de otros partidos también podría resultar clave. Máxime si se tiene en cuenta que, para entonces, la ordenanza de convivencia cívica podría haber quedado ya aprobada en su versión final, tras la incorporación de alegaciones, puesto que su tramitación se habría iniciado un mes antes que la de las cuentas.
Sea como fuere, al margen del debate suscitado en torno a la ordenanza de convivencia cívica -y del desenlace que pueda tener ante la posibilidad de verse entremezclada con los presupuestos- en el pleno de este jueves también volvieron a apreciarse las divergencias existentes entre los planteamientos ideológicos de los seis fuerzas que conforman la corporación municipal. Fue especialmente sintomática la discusión generada respecto a las tres declaraciones institucionales distintas que se votaron con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres: una firmada por PP y Cs, otra por PSOE, Unides Podem EU y Compromís y otra por Vox. En cada una de ellas, cada proponente defendió su libro, sin voluntad de encontrar un posible entendimiento. El resultado: ninguna de las tres quedó aprobada. Todo un logro, como resaltó con ironía el primer edil al comentar el resultado del debate.
También se reprodujo la disputa en torno al desarrollo de las obras en centros educativos, después de que PP, Cs y Vox rechazasen crear la comisión planteada por Compromís para seguir su desarrollo. De nuevo, el bloque de centro-derecha y el eje progresista intercambiaron reproches respecto al impulso del Plan Edificant, después de que se haya conseguido licitar la redacción de los proyectos de cinco primeros colegios (cuyas obras no se auguran hasta 2023).
En realidad, solo hubo una cuestión en la que los seis partidos lograron ponerse de acuerdo: la reivindicación de las obras del parque central sobre los terrenos de Renfe liberados del ferrocarril, a colación de una propuesta que, en puridad, venía a reclamar fundamentalmente la ejecución de los pasos peatonales provisionales previstos para interconectar los barrios de Ciudad de Asís, La Florida y San Blas.
Al margen de ello, la sesión -desarrollada entre los gritos de protesta de los funcionarios, concentrados en la Plaza del Ayuntamiento para reivindicar las mejoras laborales prometidas por Barcala en 2019- también permitió arrojó luz sobre tres asuntos concretos. El primero: que el bipartito va a esperar a que el TSJ se pronuncie sobre los recursos interpuestos frente a la sentencia que conmina al Ayuntamiento a declarar el Centro Zona Acústica Saturada (ZAS) antes de completar los trámites de su implantación. Hay un expediente abierto y se están tomando nuevas mediciones, como explicó el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP). Pero, no habrá decisiones hasta que se conozca la resolución del TSJ y hasta que se valore los resultados de esas mediciones.
El segundo: que la fallida implantación de la zona azul en Carolinas Altas ha supuesto un gasto de 163.000 euros en preparativos que, finalmente, parece que no van a tener ninguna aplicación, y puede sumar otros 25.000 más para restituir cuestiones como el repintado de la señalización.
Y el tercero: que la propuesta lanzada por el alcalde, Luis Barcala, para tratar de captar una sede del Museo Hermitage ha pasado de enfriarse a quedar muerta y enterrada, ya que, como explicó el primer edil, la fundación encargada de promover el proyecto ya habría comunicado que solo está dispuesta a situar el centro en Barcelona sin posibilidad de estudiar ninguna otra posible candidatura alternativa.
