ALICANTE. La ordenanza de convivencia cívica que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante prevé debatir y aprobar en el pleno ordinario de noviembre, este jueves, quedará sujeta a modificaciones posteriores con el fin de mejorar su contenido. Ese es, cuando menos, el compromiso público adquirido este martes por el alcalde, el popular Luis Barcala, después de que se haya constatado una nueva oleada de muestras de rechazo sobre su redacción actual.

Al margen de las ya reiteradas por los grupos opositores del eje progresista (básicamente, las mismas que se expusieron tras su aprobación en Junta de Gobierno, en octubre de 2020) y las expuestas por la Asamblea 8M, las últimas en conocerse, este martes, fueron las manifestadas por más de una treintena de asociaciones sociales y entidades vecinales, coordinadas de algún modo por la Plataforma contra la Pobreza, y hasta Cáritas, la organización perteneciente a la Iglesia Católica, con la que, a priori, PP y Cs podrían tener más afinidad ideológica. 

Los responsables de esas entidades emplazaron por carta al bipartito a retirar la ordenanza para abordar una reelaboración consensuada que tome como punto de partida el texto propuesto por la FEMP, en la que se tendrían en cuenta medidas de inserción social para los colectivos vulnerables y no se aplicarían "multas coercitivas", según los colectivos agrupados en torno a la Plataforma contra la pobreza. De igual modo, en esas cartas se instaba a PP y Cs a suprimir determinados aspectos "que afectan a las personas que viven en la calle o a las mujeres víctimas de la explotación sexual", como requería la misiva remitida por el secretario general de Cáritas, Javier Ruvira.

Sin embargo, no se atenderá ninguna de las dos solicitudes: ni retirada, ni modificación. Al menos, no por ahora. El primer edil confirmó, tras participar en la clausura de las jornadas sobre 'El futuro del agua' celebradas en el MACA, que el bipartito mantiene su hoja de ruta y que elevará la propuesta de ordenanza al pleno de este jueves con la intención de que pueda producirse su aprobación inicial sin más demoras, después de que quedase aparcada el pasado otoño, en plena negociación de los presupuestos de 2021. 

Ahora, según incidió, ese escenario no volverá a producirse, pese a que se aborde en un contexto similar, en el que PP y Cs tratan de lograr que las cuentas de 2022 puedan quedar aprobadas antes de que termine el año en curso. Eso sí, Barcala aseguró que el texto queda sujeto a cambios al sostener que se trataba de una propuesta "viva" a la que todavía le queda recorrido administrativo hasta que queda aprobada de forma definitiva. 

En este sentido, dio por hecho que se introducirían modificaciones en forma de alegaciones. Y que, entre ellas, figurarían las que pudiesen presentar sus socios de gobierno de Cs, después de que las propuestas formuladas como enmiendas, el pasado 11 de noviembre, quedasen desestimadas en la comisión de Presidencia del pasado viernes al haberse registrado de manera extemporánea, fuera del plazo de seis días establecido para ello.