El bipartito de Alicante y Vox validan la norma de convivencia pese al rechazo social, sujeta a cambios

ALICANTE. La controvertida ordenanza de convivencia cívica inicia el camino de su regreso a Alicante, seis años después de que su primera versión, promovida bajo el mandato de la popular Sonia Castedo, quedase derogada por el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). La nueva propuesta -que se basa, en esencia, en aquel texto original, según se concreta en informes técnicos municipales- ha quedado aprobada de manera inicial en el pleno de este jueves -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- con los votos de las dos formaciones que comparten competencias de gobierno, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), y el respaldo de Vox pese al rechazo de entidades sociales y asociaciones dedicadas a la atención de colectivos vulnerables que la regulación ha seguido acumulando un año después de recibiese el visto bueno de la Junta de Gobierno. 

Así lo han refrendado los representantes de dos de esas entidades que han intervenido en la sesión, antes de que la propuesta se haya sometido a votación, para incidir en que el texto no incorpora parte de las medidas sociales que sí quedan reflejadas en el texto marco propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por su parte, los grupos de la oposición que conforman el eje progresista, PSOE, Unides Podem y Compromís, han votado en contra tras reiterar su rechazo a la inclusión de medidas coercitivas y sanciones contra las personas que ejercen la prostitución y la mendicidad, entre otros motivos. Es más, en sus intervenciones, han llegado a anticipar su intención de derogar el texto si llega a aplicarse en su redacción actual en el caso de que accedan al gobierno municipal tras las elecciones de 2023. 

El resultado de la votación no ha sido ninguna sorpresa. Se han reproducido los números registrados con motivo del debate de la propuesta en la comisión de Presidencia, el pasado viernes, cuando quedaron rechazadas el conjunto de las enmiendas presentadas. Entre ellas, también las que había formulado Cs, con la intención de incorporar medidas encaminadas a favorecer la integración social, después de que se constatase que habían quedado registradas de manera extemporánea. Nada más y nada menos que un año después del plazo de seis días desde su aprobación en Junta Local establecido para ello. Por lo pronto, ninguno de sus cinco ediles ha llegado a participar en el debate de la propuesta y han optado por guardar silencio (incluida la edil de Igualdad, María Conejero) y han acabado validando la ordenanza pese a que sus propuestas de modificación no se hayan tenido en cuenta hasta el momento.

Eso sí, en el debate de la propuesta se ha vuelto a poner de manifiesto que la ordenanza queda sujeta a cambios en el recorrido administrativo que todavía queda por delante para que pueda entrar en vigor, como anticipó el alcalde, el popular Luis Barcala, este miércoles. A priori, entre esos cambios deberían incluirse las aportaciones presentadas por Cs, que se canalizarán como alegaciones (y ya no como enmiendas), así como el resto de objeciones y sugerencias que se puedan formular por parte de otros colectivos en cuanto la norma quede expuesta al público. 

El encargado de defender la ordenanza ha sido el edil de Seguridad, José Ramón González (PP), quien ha incidido en que "se trata de una buena propuesta" que trata de eliminar conductas incívicas en la ciudad (entre las que ha enumerado la actividad de los gorrillas o los grafitis) y mejorar la seguridad de los vecinos, proporcionando herramientas jurídicas para que la Policía Local pueda intervenir "frente a las mafias" dedicadas a la mendicidad o la prostitución. 

Así, ha incidido en que la propuesta es similar a las que ya han quedado aprobadas en otros ayuntamientos en los que gobiernan partidos de la izquierda. También ha sostenido que se basa en la propuesta de la FEMP y que se complementa con las medidas sociales reflejadas en el Plan de Inclusión Social, ya aprobado por el equipo de gobierno, en el que se incluirían medidas con un gasto anual de 23,5 millones, según han precisado fuentes municipales, a través de un comunicado. 

González ha reiterado, además, que la propuesta queda abierta ahora a la presentación de alegaciones, después de que ya quedase expuesta a un plazo de participación pública para la presentación de aportaciones. Así, ha animado a cualquier interesado a presentar las alegaciones que considere oportunas tras su aprobación inicial.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que el texto "es bueno, necesario y lo están pidiendo los vecinos", ha insistido. "Los vecinos necesitan que la Policía Local tenga la capacidad de dar una respuesta a los actos incívicos; aquí lo que se pretende castigar es la comisión de actos incívicos contra las personas, contra los bienes y contra la paz social". Así, ha reforzado a González para asegurar que "otros municipios gobernados por la izquierda" ya disponen de esta ordenanza. De este modo, ha señalado que Vox confirmaría su respaldo a la propuesta, aunque ha advertido de un posible cambio de criterio en el supuesto de que, al final, "las críticas de la izquierda hagan mella" en el texto que se eleve a aprobación definitiva y se acabe "descafeinando o desnaturalizando" tras el trámite de presentación de alegaciones.

Vox advierte de un posible cambio de posición en el caso de que el texto que se eleve a aprobación definitiva tras la presentación de alegaciones acabe desnaturalizando los objetivos de la ordenanza

De igual modo, ha incidido en que "si el Plan de Inclusión Social incorpora protocolos para atender a mujeres víctimas de la explotación sexual, que se implementen para ayudar". No obstante, ha insistido en que "esta ordenanza está para evitar actos incívicos" y ha considerado que "nunca debió haber sido derogada" su versión anterior. "No debemos hacer demagogia asegurando que esta ordenanza es poco más que hitleriana", ha concluido.

Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, ha incidido en la fecha elegida para la aprobación de la norma (25 de noviembre) para asegurar que "esta ordenanza es cruel, inútil y una chapuza". En este sentido, ha considerado que, con la propuesta, "el tripartito de las derechas que conforman PP y Vox y sus comparsas de Cs" supone que "se acabe cruzando el Rubicón y que resulte complicado alcanzar acuerdos por consenso" en el futuro. En este sentido, ha insistido en rechazar el texto al considerar que con la imposición de multas "no se va a solucionar la exclusión social" y ha emplazado a los representantes de Cs a votar en conciencia, sin pensar en la posibilidad de "conseguir un nuevo asesor o de posicionarse en las próximas listas del PP".

Al mismo tiempo, ha instado a los representantes del PP a "dejar de mentir" y comparar esta ordenanza con las que se están promoviendo en ciudades como València, San Vicente del Raspeig o Barcelona; ha recriminado que el texto no haya motivado la emisión de ningún informe por parte de la Concejalía de Acción Social que dirige la edil Julia Llopis y se ha cuestionado cómo era posible que la edil de Igualdad, María Conejero (Cs), todavía continúe en el cargo y no haya presentado su dimisión. Por último, ha instado al equipo de gobierno a aplicar la Zona Acústica Saturada (ZAS) que exigen los vecinos del Centro, en cumplimiento de una sentencia judicial, "y las sanciones que se demandan, en lugar de promover esta ordenanza".

El portavoz de Unides Podem, Xavier López, también ha descalificado la propuesta al considerarla "retrograda" y que queda fuera de los objetivos del Plan de Inclusión Social o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "Está basada en un puritanismo ideológico", ha dicho. Además, ha incidido en que expone a los agentes de Policía Local a decidir de manera subjetiva "qué conductas pueden ser sancionables y cuáles no". "Para Unides Podemos EU esta ordenanza está plagada de irregularidades en su tramitación, además de una falta de proceso de consulta", ha añadido, en alusión a su anuncio de iniciar acciones legales para evitar su aplicación. 

En este punto, ha sostenido que también se ha rechazado las recomendaciones previstas en el informe de Igualdad que resulta preceptivo desde el punto legal para toda propuesta normativa. "Si tan necesaria es esta ordenanza, por qué no se ha convocado el Consejo de Igualdad o el Consejo de Cooperación, o el Consejo Social", se ha cuestionado, tras dirigirse directamente a la edil de Igualdad o al propio Barcala. Así, ha considerado que "la exclusión de los colectivos sociales en la participación ha sido deliberada y no un olvido porque de lo que se trataba era de ocultar".

Por parte del PSOE, ha intervenido la edil Llanos Cano, ha sostenido que la propuesta promovida por el equipo de gobierno "es una ordenanza policial" basada en la normativa impulsada por Castedo "que no tiene nada de convivencia más que el nombre". Así, ha defendido la propuesta de ordenanza alternativa elaborada por el PSOE en forma de enmienda a la totalidad para detallar que en ese texto no se incluye la imposición de multas y, por el contrario, sí se incorpora la puesta en marcha de medidas sociales para ayudar a colectivos vulnerables, además de incluir otros comportamientos incívicos no previstos. "Es mejor nuestro texto y más ambicioso que el que plantean ustedes y no vulneran los derechos fundamentales de los más vulnerables", ha abundado. 

En esta línea, ha recriminado que la propuesta del PSOE quedase rechazada por el equipo de gobierno, "pese a que les dimos la posibilidad de votarla con enmiendas parciales". De igual modo, ha acusado a los representantes de PP y Cs de "mentir" a lo largo de la tramitación de la propuesta y ha insistido en que el texto se limita a "criminalizar" y a "poner sanciones" tras recordar los argumentos expuestos por los colectivos sociales que han expresado su rechazo al texto, entre los que figuran la organización Cáritas, perteneciente a la Iglesia Católica. 

El PP defiende que ya existen medidas para atender a personas en situación de vulnerabilidad a través del Plan de Inclusión Social y el PSOE reclama respaldo a su propuesta de ordenanza alternativa, sin sanciones para desfavorecidos

En el turno de réplica, Ortolá ha insistido en que "esta es una ordenanza de la Concejalía de Seguridad que busca castigar determinados actos incívicos que la ciudadanía no tienen por qué soportar" y ha recordado, de nuevo, que ya existen otras medidas como el Plan de Inclusión Social para que puedan ponerse en marcha medidas sociales. "Trabajemos en esa línea para asegurar que se ayuda a las personas que viven en la calle o a las mujeres víctimas de la explotación social, pero no hay que mezclar un protocolo de Acción Social con una ordenanza que busca castigar, sancionar, una serie de actos que sufren los ciudadanos a diario", ha concluido.

Bellido ha insistido en considerar "obsceno" que la ordenanza se debata después de que se haya colocado la pancarta por el 25 N en el balcón del Ayuntamiento (a la que no se han sumado los representantes de PSOE, Unides Podem EU y Compromís, en señal de propuesta por la votación de la ordenanza) y ha vuelto a dirigirse a los ediles de Cs para no respaldar la propuesta para poder "justificar su posición política" después de "su compromiso de no asumir esta propuesta y de no tener en cuenta las recomendaciones de los informes de sus propias concejalías". 

Al menos, les ha emplazado a comprometerse a no apoyar la aprobación definitiva de la ordenanza si no se incluyen medidas sociales. Por último, ha insistido en que Compromís seguiría trabajando "para que esta ordenanza no salga adelante" junto a colectivos sociales entre los que también ha citado a Cáritas. De no conseguirlo, ha dicho, "nos quedará 2023 para volver a derogarla, como pasó como con la ordenanza de Castedo", ha concluido.

López ha insistido en el "proceso de consulta previa" que, a su juicio, debía haberse tramitado para elaborar esta propuesta normativa. Además, ha advertido sobre las consecuencias que podría tener la aplicación de la sentencia, como la "ocultación" de su actividad en pisos, en burdeles, en casas de masaje, por ejemplo, sin que puedan quedar expuestas a las redes de atención social. En esta línea, ha sostenido que el equipo de gobierno no ha adoptado ninguna medida tendente a favorecer la integración de estos colectivos. Por último, como Bellido, también ha asegurado que en 2023, Unides Podem EU promovería la derogación del texto en el caso de que pueda formar parte del futuro equipo de gobierno.

Por el PSOE, Cano ha abundado en el carácter punitivo de la ordenanza frente a los colectivos más vulnerables y ha insistido en defender la propuesta normativa promovida por su partido para dirigirse también a los ediles de Cs, con el fin de que no respalden el texto propuesto "en el que no han participado" y sobre el que se comprometieron a no votarlo.

Por último, González ha cerrado el debate para insistir en que "somos gobierno porque hemos ganado las elecciones y tenemos un apoyo mayoritario de los alicantinos y lo seguiremos siendo hasta 2023". De igual modo, ha vuelto a incidir en que la ordenanza es muy parecida a la que ya existe en Barcelona, que "no se ha tocado" por la oposición del PSC a que se introduzcan cambios. Además, ha sostenido que las fuerzas progresistas derogaron la ordenanza anterior "sin hacer nada para atender la exclusión social". "No hicieron nada, abandonaron a su suerte a los mendigos", ha enfatizado. En este sentido, ha insistido en que la ordenanza es una herramienta para permitir que la Policía Local actúe frente a comportamientos incívicos y ha resaltado el alcance del Plan de Inclusión Social para atender situaciones de vulnerabilidad. "Esa esa la diferencia, ustedes hacen demagogia y nosotros venimos a gobernar", ha concluido.

Ya, en el turno de votación, se ha rechazado todas las enmiendas reproducidas por PSOE, Unides Podem EU y Compromís en el pleno. Prácticamente todas han quedado desestimadas gracias a la suma de los votos de PP, Cs y Vox: 15 votos (ante la ausencia del edil de Vox, José Bonet, de baja médica) frente a los 13 de los representantes de las fuerzas de la izquierda. Vox, por su parte, ha rechazado reproducir sus propias enmiendas, que ya habían quedado retiradas en la comisión de Presidencia, después de que los informes técnicos hubiesen concluido que no tenían viabilidad jurídica, según explicó entonces Ortolá. Por último, el fondo de la propuesta ha quedado respaldada con idéntico reparto de votos pero en sentido inverso. Es decir, los 15 votos a favor de PP, Cs y Vox y los 13 en contra de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.

En la sesión también se ha aprobado el reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales con el respaldo del equipo de gobierno y de los grupos de la oposición. Eso sí, la votación se ha saldado con la abstención de cuatro de los 9 representantes del PSOE, que han abandonado la sesión para acompañar a la protesta convocada por los cinco sindicatos que disponen de representación en el Ayuntamiento para reivindicar el cumplimiento de las promesas de mejora de sus condiciones laborales adquiridas por el alcalde, Luis Barcala, durante la campaña de las municipales de 2019. 

Como también ha informado este diario, hasta ahora, el primer edil y el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, se han comprometido a promover el acuerdo necesario para desarrollar la carrera profesional en el pleno ordinario del mes de enero.

De igual modo, en la sesión también se ha aprobado el reglamento orgánico de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de forma definitiva, tras la presentación de alegaciones. También se ha aprobado la desestimación de los recursos de reposición presentados frente a la resolución de la condición de agente urbanizador del PAI del Plan Parcial 1/4 de La Albufereta, adjudicada a Nozar, con el objetivo de que pueda reanudarse el desarrollo urbanístico del sector, en el que se prevé la construcción de 1.400 viviendas.