Los escombros tratados en las instalaciones, en una imagen de archivo.ALICANTE. La Conselleria de Transición Ecológica endurece su acción de control sobre el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de la construcción situada en la partida de Fontcalent, en Alicante, al confirmar la imposición de las primeras sanciones. Y no solo sobre la empresa que ha venido explotando esas instalaciones sin contar con todas las autorizaciones que resultan preceptivas, la compañía Llegando a la Cima, sino también a las mercantiles que habrían continuado derivando sus residuos hasta ese recinto, sobre el que ya se ha dado orden de cierre y restauración ambiental.
Así lo hace constar el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, en una respuesta oficial remitida el pasado 12 de noviembre, a un escrito de queja formulado por la asociación Trekrural, en el que confirma la existencia de un expediente sancionador desde febrero de este año frente a la explotación de dicha escombrera que ha venido ejerciendo su actividad "careciendo de autorización". De ese expediente, según concreta Piquer, derivó el dictado de una resolución, el pasado mes de mayo, en la que se impuso una primera sanción económica de 15.000 euros a la empresa titular de las instalaciones, así como la obligación de restauración de la parcela en la que se encuentra ubicada. Lo cierto es que, según fuentes del departamento autonómico, ya se había incoado un expediente sancionador previo, en 2019, con otra propuesta de multa de 19.500 euros.
Transición Ecológica penaliza tanto la continuidad de la actividad como el incumplimiento de la orden de restauración ambiental de la parcela
Sea como fuere, según la respuesta facilitada por Piquer, en esa orden se conminaba a la compañía a retirar los residuos acumulados en el recinto tras su puesta a disposición a gestores autorizados, y se imponía la suspensión de actividad para el almacenamiento y tratamiento de más residuos mientras se completasen las labores de restauración ambiental. Sin embargo, la compañía habría incumplido al menos esa segunda condición, a la vista de la contestación del director general de Calidad Ambiental. En concreto, el responsable del departamento autonómico apunta que "ante el incumplimiento de la obligación de restauración impuesta, se ha procedido a notificar requerimiento de reparación de daños". Y, además, "ante el incumplimiento del mismo, a imponer la primera multa coercitiva".
Así, según fuentes de la conselleria consultadas por Alicante Plaza, se habrían acumulado ya otras dos propuestas de sanción: una de 20.000 euros, de junio de este año, y otra posterior, por otros 12.000 euros más, del mes siguiente (julio). De este modo, en su conjunto, se habría acordado la imposición de penalizaciones por una suma global de 66.500 euros, que estarían en distintas fases de tramitación, tras la concesión del trámite de audiencia a la propia compañía.
Pero no solo eso. La respuesta de Piquer también concreta que la dirección general ha iniciado "expedientes sancionadores contra las empresas que entregan los residuos a la mercantil y que han sido detectadas por agentes de la autoridad". Se trataría de una medida encaminada a zanjar la persistencia del problema, de modo que pueda lograrse el cese en el depósito de más escombros en el emplazamiento que debe quedar liberado y restituido a su estado original.
Por último, el responsable de Calidad Ambiental incide en su contestación en que "se están llevando a cabo las actuaciones necesarias en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante al objeto de erradicar los problemas puestos de manifiesto" por la asociación que formuló la queja, en alusión a la persistencia de su actividad, pese a la orden de cese dictada tanto por la conselleria como por la propia Concejalía de Urbanismo.
