ALICANTE. La operación planeada por el equipo de Gobierno de Alicante (PP y Cs) para asumir la propiedad de las fábricas de Harinas Cloquell y Harinas Bufort sigue en pie. Eso sí, ese objetivo no tendría que materializarse estrictamente a través de un acuerdo de compra en metálico por su valor de tasación, cifrado en torno a 8,5 millones, para la que se llegó a sopesar la contratación de un préstamo. PP y Cs estarían sopesando ahora otras posibilidades para adquirir los dos edificios históricos del barrio de Benalúa con la intención de que pudiesen rehabilitarse para tener un uso público todavía por definir, entre los que, desde 2019, se ha planteado el desarrollo de un centro de congresos.
¿De qué otras alternativas se trata? Básicamente, de la opción de plantear una operación de permuta, de modo que se pudiese compensar a las empresas propietarias con la cesión de aprovechamientos urbanísticos (derechos de edificabilidad) en otras zonas del término municipal de próxima expansión urbanística. Con esa fórmula, Harinas Cloquell y Harinas Bufort obtendrían una compensación equivalente al valor de sus terrenos a cambio de desistir del desarrollo de su plan parcial en la ubicación actual de sus fábricas.
En principio, en ese plan parcial se contempla la construcción de 145 viviendas tras la demolición de los dos edificios en los que se desarrolla la actividad de las que pasan por ser dos de las últimas industrias ubicadas en pleno casco urbano de Alicante. De hecho, como avanzó Alicante Plaza, en ese proceso de desmantelamiento previo, Harinas Cloquell ya ha iniciado la construcción de sus nuevas instalaciones en el polígono Riodel de Mutxamel y prepara su traslado para el próximo verano.
En esta línea, las dos empresas ya solo esperan que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo resuelvan los últimos flecos pendientes tras la resolución de las alegaciones presentadas a su plan parcial para poder desarrollarlo e iniciar sus obras mediante la búsqueda de acuerdos con empresas especializadas en la ejecución de proyectos de urbanización y promoción de viviendas.
El desarrollo de ese plan parcial debería quedar interrumpido en el supuesto de que fructificasen los planes que sopesa el bipartito. Como mínimo, ese interés municipal por los dos inmuebles se volvió a poner de manifiesto este miércoles en el transcurso de una reunión informativa solicitada por el grupo municipal de Unides Podem, para tratar precisamente sobre la situación del plan parcial de las harineras, y por Compromís, para tratar sobre la tramitación del Plan Especial de las Torres de la Huerta.
Fuentes consultadas precisaron que en esa reunión informativa se concertó un principio de acuerdo en relación a la declaración institucional registrada por Unides Podem para su debate en el pleno ordinario de enero, este jueves, en la que se plantea el inicio de los trámites necesarios para adquirir las dos fábricas con el propósito de poder destinarlas a usos culturales.
PP y Cs sopesan apoyar la propuesta registrada por Unides Podem al pleno de enero para adquirir las dos fábricas
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), expuso al respecto que el equipo de Gobierno mantenía el interés en la conservación de los dos inmuebles con la intención de darles un uso público, toda vez que no fue posible acordar su protección en el catálogo de protecciones. Ese supuesto, según se concretó en el encuentro, habría expuesto al Ayuntamiento a tener que indemnizar a las harineras, al existir un plan urbanístico en trámite pactado por convenio desde 2003.
Así, durante la reunión se planteó que el bipartito respaldaría la propuesta de Unides Podem si lo que trataba de promover era la adquisición de los edificios y no literalmente una compra, ya que se estaba sopesando esa opción alternativa de promover una permuta con transferencia de derechos de edificabilidad.
Además, en el encuentro también se confirmó que los técnicos de Urbanismo siguen trabajando en la actualización de la propuesta de Plan Especial de las Torres de la Huerta que no llegó a aprobarse en 2007. En esa labor se incluiría la adaptación de la zona a la expansión registrada a lo largo de los últimos 14 años, en la medida en que existirían derechos consolidados a lo largo de ese tiempo respecto a las previsiones que se contemplaban en esa versión del Plan Especial.