ALICANTE. Si alguien pensaba que la crisis del coronavirus, y la necesidad de buscar soluciones para salir de sus efectos, iba a cambiar el devenir del debate sobre el estado de Alicante respecto a ediciones pasadas, se equivocaba. Su desenlace, este jueves, no se distanció del cruce de reproches habitual en las sesiones de años precedentes. Y casi tampoco respecto al desarrollo de los plenos ordinarios que se celebran con periodicidad mensual.
El resumen: el equipo de Gobierno (el bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs) defendió su gestión como la más apropiada para afrontar la pandemia; los grupos de la oposición la criticaron hasta el punto de pedir la dimisión del alcalde, Luis Barcala, y el aludido les respondió para cerrar la discusión con una severa reprimenda por la ausencia de propuestas alternativas. Nadie podía estar "orgulloso", dijo, de como había transcurrido el pleno. Y acertó en el diagnóstico -aunque eso también incluyese a los 14 ediles de su gabinete-, pese a que, después, tratase de lanzar otra oferta de negociación y pidiese de nuevo respaldo para aprobar los presupuestos municipales de 2021 (que, según fuentes del bipartito, están en su última fase de elaboración) como herramienta para iniciar la recuperación, en la línea de lo que ya ha contado este diario como primera crónica del intercambio dialéctico. Es decir, en realidad, el debate transcurrió prácticamente en los términos en los que se preveía, con el foco fijo sobre los méritos y las equivocaciones del balance de este último año marcado por la pandemia.
Sea como fuere, al margen de ese guion habitual (lea aquí el análisis sobre el debate celebrado en 2018), la sesión sí permitió extraer varias conclusiones. La primera, que PP y Cs no plantearon recetas nuevas ni soluciones mágicas con las que encarar la salida de la crisis. Tampoco hubo anuncios de calado, ni ideas ilusionantes, ni la promesa de grandes proyectos como los que sí se plantearon en el debate de 2019 (lea aquí el análisis sobre el debate celebrado en 2019) a cuenta de la construcción de un Palacio de Congresos y de la redacción del nuevo Plan General. Esos dos proyectos siguen en la columna del debe del bipartito y, según dijeron tanto Barcala como la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, no se ha renunciado a ellos. Pero, no fueron más lejos de eso. Optaron por ser realistas, conscientes, quizá, de que, dentro de un año, podría reprochárseles no haber ejecutado esos posibles compromisos nuevos.
Así, básicamente argumentaron que ya habían sentado las bases de la reconstrucción de la ciudad con la batería de medidas acordadas desde el mes de marzo. Y aseguraron que las medidas complementarias ya habían sido acordadas y consensuadas en el marco de la comisión de la reconstrucción, el pasado mes de julio, con las aportaciones de medio centenar de asociaciones empresariales, colegios profesionales y entidades sociales. El bipartito sostiene que ya tiene el rumbo trazado. Y que pretenden seguirlo llevando a la práctica esas 105 propuestas a través de los nuevos presupuestos.
Al margen de ello, el alcalde solo añadió la llegada de proyectos empresariales que iban a suponer inversiones por valor de 60 millones y la creación de 400 puestos de trabajo (lea aquí la primera intervención íntegra del primer edil), así como la puesta en marcha de nuevas líneas de apoyo al tejido productivo local (pymes, autónomos, comercio y hostelería) a través de esas nuevas cuentas de 2021. Y la vicealcaldesa siguió la senda de Barcala por lo que respecta a la continuidad de la rebaja impositiva acordada en 2018, 2019 y 2020 sobre el IBI, el IAE y el Icio, al anunciar su intención de plantear una nueva rebaja del IBI a sus socios del PP (lea aquí la primera intervención íntegra de Sánchez). La portavoz del PP, Mari Carmen de España, por su parte, vino a reforzar el mensaje de Barcala, como una segunda glosa (lea aquí su primera intervención integra).
Entre las filas de la oposición, se expusieron reivindicaciones y se subrayó la necesidad de imprimir giros en la acción de gobierno, aunque ninguno de los portavoces llegó a explicar una propuesta detallada. Todos fueron duros con el balance del bipartito, hasta hablar de "fracaso" y "de falta de ideas", como hizo el líder del PSOE, Paco Sanguino (lea aquí su primera intervención). El portavoz de Unides Podem, Xavier López, acusó a PP y Cs de incrementar la brecha social y de ayudar a los bancos dándoles 19 millones, en alusión a la cancelación de la deuda municipal (lea aquí su primera intervención íntegra). Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, incluso apuntó que, en realidad, Alicante no tenía un alcalde, si no un jefe de la oposición en el Congreso o en las Cortes (lea aquí su primera intervención íntegra). Y el representante de Vox, Mario Ortolá, recriminó la falta de valentía de las decisiones de Barcala por miedo a que Cs rompiese su acuerdo y le cediese la Alcaldía al PSOE (lea aquí su primera intervención íntegra).
Todos, salvo Vox, también instaron al bipartito a retirar la ordenanza de convivencia cívica, al considerarla "una vergüenza" por perseguir a los colectivos más vulnerables, como las personas sin hogar que ejercen la mendicidad o las prostitutas con multas (aunque Barcala la defendió como fórmula para actuar contra sus mafias). Pero, al margen de esas críticas, poca formulación de alternativas. Bellido desgranó alguna solución específica para responder a la emergencia habitacional, como la puesta en marcha de un programa de alquiler seguro, por ejemplo (lea aquí el contenido íntegro de su segunda intervención), en una oferta de pacto global por la ciudad. López también conminó a revisar el modelo productivo para huir del agotamiento del sector turístico y reivindicó apoyo para la industria cultural y creativa o la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o del Plan de Infraestructuras Ciclistas (PICA). Y Sanguino facilitó un decálogo de propuestas alternativas (en realidad 20 medidas por desarrollar, entre las que se incluye el cumplimiento del dictamen de la comisión por la recuperación) sin llegar a explicar su contenido, tras una segunda intervención en la que tiró de ironía y "sorna" para referirse a los "líos" protagonizados por el bipartito (lea aquí su segunda intervención), en un discurso que Barcala consideró más "propio del Club de la Comedia" que de un representante de los ciudadanos.
La segunda conclusión es que la actual composición de la corporación municipal, con un gobierno en minoría (14 ediles de 29 posibles) y seis partidos divididos en dos bloques ideológicos complica la posibilidad de llegar a acuerdos. Como subyaron todos los intervinientes, sí hubo consenso en la adopción de las primeras medidas que se acordaron con la declaración del estado de alarma, en marzo, cuando se produjeron reuniones periódicas en las que PP y Cs informaban a los grupos opositores sobre sus propuestas. También lo hubo en las conclusiones de la comisión de la reconstrucción, pese a que no fuesen 100% del agrado de algunas formaciones como Unides Podem. Pero más allá de eso, mucho deberá cambiar el escenario para que vuelvan a producirse grandes acuerdos, pese a las llamadas a la negociación formuladas por el alcalde y el brazo tendido por Compromís y Unides Podem, por ejemplo. Menos si esos ofrecimientos se plantean como mero formalismo y sin voluntad de que tengan eficacia real.
El problema lo resumió el propio Barcala al asegurar que el gobierno lo forman PP y Cs y que el resto de grupos no podían pretender que se aplicasen sus propuestas. O lo que es lo mismo, que no existe margen para el diálogo porque nadie parece dispuesto a ceder. Y por el momento, cesiones ha habido pocas tanto en la confección del presupuesto de 2020, como en sus sucesivas modificaciones, que solo han prosperado con la anuencia de Vox.
La tercera conclusión es que tanto en el centro-derecha como en el centro-izquierda ya se contempla un reajuste en el poder. No solo el portavoz de Vox acusó abiertamente a Barcala de ceder ante Cs por temor a que el partido de Inés Arrimadas acabe gobernando junto al PSOE. También el líder de Unides Podem avisó al PSOE de que el camino correcto "no es el de los de Toni Cantó" en alusión al acercamiento registrado por el PSPV en les Corts. Con todo, tanto Barcala como Sánchez se obstinaron en defender la estabilidad institucional en el ayuntamiento y la vigencia del pacto suscrito en junio de 2019 al asegurar que la ciudad se encontraba "en las mejores manos posibles".
La cuarta conclusión es que todo parece indicar que Vox se inclinará por no boicotear la gestión del bipartito, pese a los intentos por escenificar cierto distanciamiento. Por lo pronto, su portavoz ya dejó caer en sus intervenciones que no impediría que se aprobase la cuarta modificación de crédito -que se debatirá el próximo jueves- si la propuesta era buena para Alicante, pese a haber anunciado que se desmarcaba de cualquier intento de negociación, mientras que PP y Cs no retirasen el presupuesto de 300.000 euros destinado a cooperación internacional, inmigración o igualdad.
La quinta conclusión es que persiste el empeño en trasladar al pleno del Ayuntamiento de Alicante temas relacionados con la política nacional sobre las que la administración local no tiene competencias. Este jueves, fueron PP y Cs quienes volvieron a introducir asuntos como el respeto al castellano como lengua vehicular en la enseñanza o como la defensa de la educación concertada, cuando son materia del Congreso de los Diputados o de les Corts.
La sexta conclusión es que PP y Cs no van a abandonar el discurso del "agravio" y del "maltrato" para reivindicar la llegada de más inversiones a la ciudad por parte del Ejecutivo central y del Consell para el desarrollo de infraestructuras necesarias. Las mismas que tampoco se desarrollaron bajo los sucesivos gobiernos del PP en ambas instancias. En todo caso, Barcala se encargó de destacar que "de momento, del ministro Ábalos solo hemos obtenido el cambio de rótulo del aeropuerto de El Altet (pasará a denominarse aeropuerto Miguel Hernández)". Así, los dos socios al frente de la gestión municipal instaron a PSOE, Unides Podem y Compromís a reclamar ante sus propios representantes en Madrid y València un trato justo en la confección de los presupuestos generales y autonómicos, en lugar de dedicarse a defenderlos.
Y la séptima conclusión es que Vox sigue sin dar a conocer cuál es su planteamiento político específico para la ciudad de Alicante, más allá de trasladar el ideario general del partido para el conjunto del país a las cuestiones locales y de reivindicar mejoras específicas para las partidas rurales o para el alumbrado y la seguridad de los barrios.