ALICANTE. El perito judicial del 'caso Rico Pérez', quien entiende que corresponde indemnizar al Hércules con 8 millones de euros si se rescinde el contrato de arrendamiento del estadio, seguirá ejerciendo esa función.
Lo anterior después de que el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante haya desestimado la recusación formulada contra el economista Guillermo Villena por parte de Miguel Hernández como administrador concursal-liquidador de Aligestión Integral y la Abogacía de la Generalitat en representación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), una resolución contra la que no cabe recurso (no pueden recurrir la desestimación de la recusación, pero sí el día de mañana reproducir su petición ante la Audiencia Provincial de Alicante, siempre que apelen la sentencia sobre el fondo del asunto).
Los anteriores recusaron a este perito judicial en junio de 2022, a 24 horas de que se retomase el juicio por el incidente concursal 438/17, ese que gira alrededor de la demanda de resolución del contrato de arrendamiento del estadio Rico Pérez presentada precisamente por ellos. Lo hicieron alegando que Villena mantenía relación profesional con el Hércules, es decir, con una de las partes (una de las causas de recusación que se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Civil) y, subsidiariamente, la existencia de interés directo o indirecto del recusado (esta causa se contempla en la Ley Orgánica del Poder Judicial). En síntesis, sostenían que el perito judicial (es decir, un perito designado por el magistrado y por sorteo, no un perito de parte) mantenía amistad íntima con el Hércules por el hecho de ser (lo ha sido hasta hace dos semanas) miembro de la Comisión del Centenario y también aficionado declarado de aquel.
El magistrado, que ha condenado en costas a Aligestión e IVF, ha de señalar ahora una nueva fecha para retomar el juicio. Mientras, el banco del Consell (no obstante el cambio de signo político del gobierno autonómico) y el Hércules se mantienen distantes, no han retomado los contactos para alcanzar un acuerdo extrajudicial que evite que se sigan viendo las caras en el juzgado por este tema.
Esa solución debería contribuir, especialmente, a resolver el problema más importante: que la ciudad de Alicante deje de tener una cochambrera por estadio de fútbol, algo que le lleva a perder todos los trenes que pasan, como la posibilidad de optar a ser sede del Mundial 2030 (se ha tenido que conformar con postularse a ser subsede). Y es que a nadie le escapa que el citado acuerdo extrajudicial debe formar parte de uno más amplio, ligado al futuro del Rico Pérez como inmueble, bien reformado bien nuevo y en el lugar que ocupa hoy u otro.
Casi seis años de litigio
El IVF se hizo en subasta pública con la propiedad del Rico Pérez a principios de 2017, en el marco de la liquidación de bienes y derechos de Aligestión Integral, una sociedad vinculada aEnrique Ortiz y Valentín Botella, entre otros. El plan de liquidación le facultaba para decidir sobre las cargas que pesaban sobre el mismo, optando el banco del Consell por la opción de que no siguiera vigente el contrato de arrendamiento por 25 años (prorrogables) suscrito en 2007 entre Aligestión y el Hércules. El administrador concursal y liquidador de la mercantil interpuso la correspondiente demanda de resolución... y casi seis años después esta sigue sin sustanciarse, por diferentes razones. La citada recusación es una de ellas, pero hay otras: primero, el titular del juzgado de lo mercantil que tutela la liquidación de Aligestión, se declaró incompetente para resolver la demanda, al entender que correspondía a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocer de la misma, pues entendía que elAyuntamiento de Alicante era parte en el convenio de uso del estadio que encierra el citado arrendamiento. El auto por el que declaraba lo anterior fue recurrido por el administrado-liquidador de Aligestión ante laAudiencia Provincial de Alicante, cuya Sección Octavalo anuló, emplazando al juez de lo mercantil a que resolviera. Entonces, el Hércules contraatacó y, por medio de una declinatoria, trató de que el asunto fuera sometido a arbitraje (el club pretendía que el entonces alcalde de Alicante,Gabriel Echávarri, fuera quien decidiera) pero, si bien el juez de lo mercantil estimó su pretensión, la Audiencia Provincial volvió a darle la razón al administrador concursal de Aligestión(quien había vuelto a recurrir), regresando la pelota al tejado del juzgado de lo mercantil.
El inicio del juicio se señaló finalmente para el 17 de noviembre de 2017, pero a los 50 minutos de iniciarse se suspendió para nombrar un perito judicialque cuantificase la indemnización que le correspondería percibir al Hércules si la demanda era estimada y, al tiempo, el magistrado entendía que correspondía compensar al club por ello.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante nombró días después al economista Guillermo Villena y fijó la reanudación del juicio para el 16 de junio de 2022... cosa que no se produjo porque 24 horas antes tanto el administrador concursal-liquidador de Aligestión como la Abogacía de la Generalitat en representación del IVF llevaron a cabo la recusación ahora resuelta.
En ese momento, este economista y profesor de la Universidad de Alicante ya había hecho el trabajo que le había encomendado el juez y que va a seguir sobre la mesa cuando se retome el juicio, si el ansiado acuerdo extrajudicial no lo evita.
