ALICANTE. Relación profesional o interés en la causa, esos son los motivos que llevaba el martes tanto al administrador concursal de Aligestión como a la Abogacía de la Generalitat a recursar al perito designado por el magistrado para cuantificar la indemnización a percibir por el Hércules en el caso de estimar la demanda de resolución del contrato de arrendamiento del estadio Rico Pérez y que el club debía ser compensado económicamente por ello.
El hecho de que Guillermo Villena, el perito judicial designado en noviembre, sea también responsable de asuntos económicos del citado órgano que pilota los fastos para conmemorar la efeméride provocaba que el martes dos de las partes en la causa (incidente concursal 438/17) le recusaran y que Juan Ignacio Martínez, el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, decidiera suspender la vista a 24 horas de su celebración, para resolver sobre la recusación.
Es importante insistir en que Villena fue designado por el magistrado (no estamos ante un perito de parte, es de designación judicial y precisamente por eso puede ser recusado) del correspondiente listado (para formar parte del mismo se ha de tener una experiencia demostrable de al menos cinco años), siguiendo las reglas de turno establecidas.
La causa por alzamiento de bienes lleva al IVF a paralizar la negociación de los usos del Rico Pérez
Su nombramiento se produjo tras suspenderse la vista en noviembre, al alegar el Hércules que en caso de estimarse la demanda de resolución (y ser desahuciado, aunque en la práctica no llegaría a producirse ese lanzamiento a juzgar por las declaraciones del nuevo propietario, la Generalitat) debía ser compensado económicamente, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos. El peritaje realizado establece que al Hércules, en el caso de estimar que debe ser indemnizado, le correspondería una indemnización de 8 millones de euros, suma que desvelaba COPE Alicante y a la que asciende el coste que tendría para el perito que el club tuviese que pasar a jugar en otro emplazamiento alternativo al tiempo que construir uno nuevo.
Villena, quien como economista y profesor asociado de la Universidad de Alicante lleva 25 años ejerciendo la función de perito judicial, fue presentado junto al resto de miembros de la Comisión del Centenario en el mes de octubre, es decir, antes incluso de que el magistrado estimase que correspondía emitir el informe de marras. Además, el presupuesto de la Comisión del Centenario asciende a apenas 1.000 euros que no salen precisamente de las arcas del club, lo hacen de los patrocinadores. Ahora bien, todo lo anterior resulta indiferente para el administrador judicial de Aligestión y la Abogacía de la Generalitat, pues tiene clara que su recusación no solo tiene base, también prosperará. La pelota está en el tejado del magistrado.
Este litigio arranca en febrero de 2017, cuando en el marco de la liquidación de Aligestión Integral el IVF ganó la subasta en la que, entre otros bienes y derechos, se subastaba el Rico Pérez y un paquete de acciones del Hércules que entonces representaba el 15% de su capital social (este segundo activo y un derecho de crédito de 15,4 millones le fue posteriormente vendido por el banco del Consell a Zassh Tecnológica). El plan de liquidación facultaba al adjudicatario para decidir sobre las cargas que pesaban sobre los bienes y derechos subastados: en el caso del estadio, el arrendamiento por 25 años (prorrogables) del mismo, vigente desde mayo de 2007, por lo que una vez le fueron formalmente adjudicados los mismos, el IVF manifestó expresamente que no deseaba que siguiera vigente ese contrato de arrendamiento y el administrador concursal interpuso la correspondiente demanda de resolución. Sin embargo, el magistrado titular del juzgado de lo mercantil en el que se tutela la liquidación de Aligestión se declaró incompetente para resolverla, al entender que correspondía a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocer de la misma, pues el Ayuntamiento de Alicante era parte en el convenio de uso del estadio. Ese auto fue recurrido ante la Audiencia Provincial de Alicante, cuya Sección Octava lo anuló, emplazando al juez de lo mercantil a que resolviera. El Hércules contraatacó entonces y, por medio de una declinatoria, trató de que el asunto fuera sometido a arbitraje (el club pretendía que el entonces alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, fuera quien decidiera) pero, si bien el juez de lo mercantil estimó su pretensión, la Audiencia Provincial volvió a darle la razón al administrador concursal de Aligestión (quien había vuelto a recurrir), regresando la pelota al tejado del magistrado, quien señaló la vista sobre la ya famosa demanda para el pasado 17 de noviembre. Ese día se produjo la primera de las suspensiones, ahora tenemos la segunda.
