ALICANTE. La crisis de gobernabilidad instalada en el Ayuntamiento de Alicante desde la apertura de dos investigaciones judiciales diferentes contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, quedó retratada este jueves en el salón de plenos con mayor crudeza que nunca. El debate que se desarrolló a lo largo de casi diez horas en dos sesiones plenarias -la ordinaria de noviembre y una extraordinaria convocada a instancias del PP, precisamente para tratar sobre la inestabilidad del equipo de Gobierno- puso en evidencia las dificultades que acechan a los seis concejales del PSOE si persisten en su pretensión de gestionar en solitario hasta agotar el mandato. Falta más de año y medio para que llegue la próxima cita electoral y a los cuatro grupos que ahora ocupan los bancos de la oposición (PP, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) les ha bastado poco más de dos semanas para encarar al PSOE ante su dura realidad: los cuatro grupos fiscalizarán cada quince días, todas las decisiones que el PSOE apruebe en Junta de Gobierno. Y todas las contrataciones que tramite, cada dos meses. Fiscalizar no conlleva necesariamente que esos acuerdos se puedan revocar o anular; pero sí implica asfixia.
Los cuatro grupos también vienen insistiendo en exigir la dimisión de Echávarri con los argumentos ya conocidos. La cuestión ética, el bloqueo al funcionamiento municipal que supone querer gestionar con sólo seis ediles y la incapacidad que le atribuyen para liderar un proyecto de ciudad. Las cuatro formaciones coinciden en identificarle a él como el foco del problema. Y también es unánime la petición que todos ellos dirigen a la dirección autonómica del PSPV para que le fuercen a dejar el cargo cuanto antes.
Tampoco es ningún secreto que el alcalde no piensa dimitir. Al menos, no hasta que se agoten todas las posibilidades legales para defender su proceder frente a las dos causas en las que se encuentra incurso: la primera, por el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, y la segunda, por el despido presuntamente irregular de una trabajadora interina, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. ¿Qué ocurrirá si esas dos investigaciones se mantienen pese a sus recursos? Nadie lo sabe salvo Echávarri. Él mantiene que no habla de futuribles y no desvela cuál será su posición si la Audiencia Provincial mantiene el auto de procesamiento por la primera de esas dos causas: el llamado caso Comercio.
En esta línea, como poco, el primer edil sigue arguyendo que no contempla su renuncia porque su marcha implicaría conceder la Alcaldía al PP, como lista más votada en las municipales de 2015. Es decir, que no hay alternativa para sustituirle por otro alcalde socialista al frente de un gobierno de progreso porque se requiere el voto de 15 concejales. Y en este momento, insiste, no se da esa suma. PSOE, Guanyar y Compromís cuentan con 14 concejales, así que haría falta el respaldo de al menos un edil del resto de grupos: de los dos ediles no adscritos, Nerea Belmonte o Fernando Sepulcre, del PP o de Ciudadanos. Así que, de momento, tanto él como la agrupación local de su partido -de momento- piensan explorar la vía de gestionar sin ataduras de posibles aliados (en clara referencia a Guanyar, con el que ya se dan por descartada cualquier posibilidad de alianza en el presente y en el futuro) para que los ciudadanos juzgue al PSOE por su gestión en 2019. Echávarri ha llegado a sostener que, tras la ruptura del tripartito, se ha iniciado otro mandato.
Por lo pronto, la cúpula regional del PSPV mantiene su respaldo a Echávarri, aunque, en el caso de que se precipite un escenario de apertura de juicio, algunos de sus dirigentes ya han señalado que "el alcalde es inteligente y, llegado el caso, sabrá lo que tendrá que hacer".
La cuestión es que, en la oposición, se augura que antes o después, Echávarri se verá forzado a dimitir. Y, como viene publicando Alicante Plaza, se siguen sucediendo los contactos a varias niveles para tratar de recabar esos 15 votos que permitan llegar a un pleno de investidura con garantías de elección de un nuevo alcalde. Como también viene publicando este diario, en todos esos movimientos, Ciudadanos puede jugar un papel definitivo para no tener que depender del voto incierto de los ediles no adscritos. Tan esa así que a los representantes del partido de Albert Rivera ya se les ha planteado formalmente una fórmula que ya conocen y que, de hecho, aplican: el modelo Elche. ¿En qué consiste? Se trataría de replicar los acuerdos políticos que se dan en la ciudad vecina: la recomposición de un pacto PSOE-Compromís que pudiese gestionar con el respaldo de Cs como socio externo. Juntas, las tres formaciones seguirían reuniendo sólo 14 concejales. Pero, según los defensores de esa fórmula, se podría contar con los votos de Guanyar o con los de los concejales no adscritos para suplir a Echávarri por otro concejal surgido de las filas socialistas.
¿Qué ganaría Cs? Primero, la oportunidad de favorecer el relevo de Echávarri y procurar estabilidad al Ayuntamiento. Y, segundo, poder influir en la acción de gobierno, condicionando su voto a favor a la inclusión de sus propuestas. O lo que es lo mismo, la opción de ocupar un espacio político central en la ciudad. El propio portavoz de Compromís, Natxo Bellido, lanzó la caña a su homóloga de Cs, Yaneth Giraldo, en ese sentido, en el transcurso del pleno de este jueves. No había sido la primera vez en la que se había tanteado esa propuesta. Y no será la última: en lo sucesivo, habrá también tanteos entre los cuadros autonómicos de los tres partidos.
Hasta ahora, la respuesta de Cs viene siendo, en parte, la que Giraldo ofreció a Bellido en el mismo pleno. Primero, que cualquier especulación aritmética carece de sentido si no se produce antes la circunstancia necesaria para que haya relevo en la Alcaldía. Es decir, que Echávarri dimita. Y segundo, que -por pura diferencia ideológica- Cs no puede respaldar un gobierno formado por un partido nacionalista como Compromís.
Este segundo argumento, no obstante, podría ser moldeable a la vista de lo que sucede precisamente en Elche. Cs no ha tenido reparos para respaldar, desde fuera del gobierno, los dos últimos presupuestos del bipartito compuesto por PSOE y Compromís. Es cierto que en esa plaza política concurren circunstancias especiales como la particularidad de las malas relaciones que median entre los fundadores de la agrupación ilicitana de Cs y el PP que hasta hora controlaba la exalcaldesa Mercedes Alonso. Sin embargo, no concurre esa misma condición en Elda: otra gran población en la que Cs también respalda a ese mismo binomio en el poder, PSOE-Compromís, como aliado externo.
Eso sí, no es menos cierto que Cs también ha deslizado sus preferencias: llegado el caso, incluso estaría dispuesto a darle la vuelta al calcetín para sumar sus cinco concejales a los seis del PSOE y formar parte de un nuevo equipo de Gobierno sin Guanyar ni Compromís.