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crisis de gobernabilidad en alicante 

Los escenarios tras el procesamiento de Echávarri: la resistencia y el poder de Ciudadanos

8/11/2017 - 

ALICANTE. El auto que acerca a juicio al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio comenzó a dibujar ya este martes una nueva situación política en el Ayuntamiento de Alicante con varios escenarios abiertos. Todo, al margen del recorrido procesal que la causa todavía pueda tener en sede judicial, a la vista de los recursos de las defensas de los tres procesados (al margen de Echávarri, su jefe de gabinete, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea). Este es un análisis cronológico de las implicaciones de esa resolución judicial desde la perspectiva de los protagonistas.

Compromís. El primer movimiento lo anunció el portavoz municipal de la coalición valencianista, Natxo Bellido, media hora después de que trascendiese la decisión de la jueza que ha instruido la investigación del caso Comercio. Y se ratificó pasadas las 20:00 horas, tras la reunión de la ejecutiva local de la formación. Los tres concejales de Compromís (María José Espuch y Sonia Tirado, además del propio Bellido) presentarán al mediodía de este miércoles el escrito de renuncia a sus competencias de gobierno y pasarán a la oposición, después de que tanto el alcalde como los dirigentes regionales del PSPV confirmasen a lo largo de la jornada que no iban a promover la renuncia del primer edil, en virtud del pacto de refundación del tripartito suscrito hace dos semanas, al considerar que su situación no ha cambiado. Compromís considera justo lo contrario: a su juicio, el auto de procesamiento sí empeora la situación del alcalde, por lo que políticamente no puede continuar en el cargo (al margen de que después pueda ser exonerado por la justicia), de modo que "corresponde al PSPV tomar decisiones y cumplir el acuerdo firmado".

El abandono de los valencianistas obliga, muy probablemente también este miércoles, a que el alcalde aborde su tercera remodelación de competencias del mandato para asignar las áreas dejadas por Compromís a otros regidores. Se trata fundamentalmente de las delegaciones de Presidencia, Contratación, Coordinación de Proyectos, Sanidad, Desarrollo Económico, Educación y Memoria Histórica. La propia portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, confirmó que esa reasignación se daría a conocer este miércoles. Y, según las fuentes consultadas, todo parece indicar que las competencias irán a parar a manos de concejales socialistas, ya que el todavía socio de gobierno de los socialistas, Guanyar, sigue confirmando su intención de abandonar el gobierno dentro de una semana, si antes no se produce la renuncia de Echávarri. Fuentes socialistas precisaron que no tendría sentido dar nuevas competencias a alguno de los cinco concejales de Guanyar para volver a redistribuirlas a partir del día 15: la fecha acordada por la asamblea para que se produzca su salida.

Con la salida de Compromís, el tripartito de Alicante que hasta ahora ya gobernaba en situación de minoría con 14 concejales (tras la expulsión de la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, por dar contratos a afines) quedará reducido (al menos temporalmente) a un bipartito de once ediles en una corporación de 29 representantes.

¿Cómo se entiende la decisión de Compromís? La coalición trata de que su salida (ya decidida desde finales de septiembre, pero aplazada tras la firma del citado pacto de refundación) sirva de acicate para que la cúpula autonómica del PSPV acabe forzando la renuncia de Echávarri, de modo que se promueva un nuevo pleno de investidura. En último término, el objetivo de los valencianistas sería volver a la gestión municipal tras la recomposición de un equipo de gobierno de corte progresista dirigido por otro concejal socialista. Es decir, justo lo que figura en el pacto suscrito con el PSPV. Compromís sostiene que ha quedado demostrado que no se puede seguir gobernando con un alcalde que no ha ejercido el liderazgo esperado y que ha adoptado decisiones erróneas de manera unilateral, sin tener en cuenta a sus socios. Y confía en que la dirección regional de los socialistas "se dé cuenta" de que no puede mantener un gobierno formado por sólo seis concejales (los del PSOE) hasta el año 2019. Sobre todo si "como parece probable" al final el alcalde tenga que ir a juicio. "Todo lo que no sea promover su dimisión sólo es alargar la agonía", expresaron sus dirigentes.

Guanyar. Todo parece indicar que el segundo movimiento llegará por parte de la plataforma electoral que encabeza EU. Así lo reiteró este martes por enésima vez su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, quien sostuvo que el grupo municipal seguirá siendo fiel a los plazos acordados por la asamblea: sus cinco concejales dejarán el gobierno el día 15 si antes no se ha producido la dimisión de Echávarri. Guanyar también formuló su propia llamada a la cúpula del PSPV en esa dirección con el propósito de que el tripartito se pueda reconstituir. En sus filas también se considera que la mejor forma de forzar a la dirección regional de los socialistas es el aislamiento de Echávarri, como se puso de manifiesto en la reunión de la comisión de seguimiento del pasado viernes

Si el PSPV no promueve decisiones en esa dirección, Echávarri tendrá que acordar otra redistribución de competencias para asignar las áreas dirigidas por los cinco regidores de Guanyar: Urbanismo, Limpieza, Acción Social, Medio Ambiente, Cultura, Cooperación, Juventud y Protección animal. El alcalde y sus cinco concejales asumirán todas las delegaciones.

PSPV. La cúpula socialista mide los tiempos y, por el momento, continúa manteniendo su respaldo a Echávarri. Como vienen reiterando dos de sus máximos responsables, Manuel Mata (vicesecretario general) y Carlos Fernández Bielsa (secretario de Acción Territorial y Relaciones Institucionales), todavía no existen argumentos que justifiquen la renuncia del primer edil: estaba investigado por el juzgado y seguirá en esa situación sin que por el momento se haya dictado un auto de apertura de juicio. Esa será, se sostiene, la línea roja que obligaría a tomar decisiones. Mientras, se aduce que sigue existiendo la posibilidad de presentar recurso de reforma y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto de procesamiento, de modo que no está todo dicho en relación al delito de prevaricación que la jueza sí considera indiciariamente probado. ¿Cuánto puede tardar en dilucidarse esos recursos? Depende de la carga de trabajo de la Audiencia, pero podría conocerse una decisión al respecto en un plazo de dos o tres meses.

Además, en el PSPV se abunda en que las presuntas anomalías por las que se investiga al alcalde son una cuestión administrativa que no guardan relación con un caso de corrupción ni con un supuesto de enriquecimiento. "Se puede haber metido la pata, pero no la mano", resumió Fernández Bielsa.

Y a ello se añade otro argumento que tampoco es precisamente nuevo: no está garantizada la mayoría suficiente para mantener la Alcaldía en el caso de que se vaya a un pleno de investidura para elegir un posible sustituto de Echávarri. Se requieren 15 votos y las tres fuerzas progresistas (PSOE, Guanyar y Compromís) sólo suman 14. Y sin esos 15 concejales, la Alcaldía pasaría a manos del PP, como lista más votada en las elecciones de 2015.

Gabriel Echávarri. Así que, de momento, la estrategia es la de la resistencia numantina pese al riesgo de asemejarse al proceder de la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo (quien dimitió antes de que el juez dictara su procesamiento tras una larga instrucción judicial con idas y venidas al TSJ por su condición de aforada como diputada de las Corts). Echávarri seguirá en el cargo. Él descarta dimitir, sigue convencido de que las investigaciones en las que se encuentra inmerso acabarán archivándose al tratarse de errorres administrativos (aunque hasta ahora las decisiones adoptadas desde instancias judiciales no van en ese sentido) y dice estar dispuesto a gobernar en solitario con sus cinco concejales. Los cinco, al menos en público, le mantienen su respaldo. Y la ejecutiva autonómica que dirige Ximo Puig, también. Es más, habría conseguido trasladar la tesis de que parte de las dificultades por las que ha atravesado el tripartito derivan de la intransigencia de sus socios. Además, también cuenta con el respaldo del sector mayoritario de la agrupación local, alineado en torno al histórico dirigente Ángel Franco. Los socialistas tienen muy claro a todos los niveles que no se puede forzar la dimisión del alcalde de la segunda capital de provincia de mayor tamaño demográfico entre las que gobierna, después de Sevilla. Al menos, no si no existe un motivo sobradamente justificado como la apertura de juicio. Así que, no darán el paso de buscar 15 votos a no ser que resulte estrictamente necesario. 

En ese escenario, este martes el primer edil optó por el silencio, después de conocerse el auto de procesamiento. No hubo declaraciones públicas suyas, aunque minutos antes sí había hablado ante los medios para destacar la buena evolución del sector turístico en Alicante. Con todo, se da por sentado que Echávarri recurrirá el auto de procesamiento hasta el que le ha llevado el llamado caso Comercio con la expectativa de que la Audiencia pueda corregir la decisión de la instructora y pueda dejarle al menos a él fuera del proceso.

¿Podrá gobernar sin aliados? Parcialmente sí. La gran mayoría de las decisiones podrá aprobarla en Junta de Gobierno, como establece la llamada Ley de Grandes Ciudades. Y en el pleno, como hasta ahora, dependerá de los votos de Guanyar y Compromís, y de las posiciones variables de los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos) y Nerea Belmonte (ex de Guanyar). Como mínimo, él ya ha dejado claro que, si no cuenta con mayoría para aprobar el presupuesto de 2018, prorrogará el de 2017. 

Según las fuentes consultadas, la gran incógnita es qué ocurrirá si el partido acaba retirándole el apoyo y le pide que dé un paso atrás. Hasta ahora, el primer edil ha sostenido que si se demuestra que es un problema, renunciaría al cargo. Y según los dirigentes del PSPV consultados, en el proceso de negociación del pacto con Compromís él dio su palabra de que si se le abría juicio oral dimitiría. Con todo, entre los miembros de la corporación se duda de que, en última instancia, València pueda propiciar su salida y de que Echávarri opte por seguir su propio camino.

Caso despido. Es cierto que en la intención de mantener sus actuales responsabilidades pueda verse perjudicada por la posible segunda imputación judicial en relación al despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. Hasta este martes no había trascendido ninguna decisión del Juzgado de Instrucción número 2 (al que ha sido turnada la denuncia de Fiscalía) en esa dirección. Pero, en principio, esa citación tampoco va a modificar la posición de la cúpula regional del PSPV: una segunda citación como investigado tampoco es apertura de juicio.

Pleno de investidura. Pero, ¿qué pasaría si llegase a precipitarse la renuncia de Echávarri? En ese escenario se debe diferenciar entre dos situaciones: que sólo renunciase al cargo pero mantuviese el acta de concejal (cosa improbable) o que decidiese renunciar a la Alcaldía y al escaño. En el primer supuesto, PSOE, Guanyar y Compromís tendrían que buscar sólo un voto más: el citado concejal número 15. Valdría con el apoyo de alguno de los dos concejales no adscritos, Nerea Belmonte o Fernando Sepulcre. Sus votos no contarían en el caso de que se presentase una moción de censura, pero sí son válidos para elegir a un nuevo alcalde. En principio, es una incógnita cuál puede ser su posición. En 2015, cuando ambos militaban en sus partidos de origen, los dos respaldaron a Echávarri.

Si el alcalde también renunciase al acta, el escenario se complicaría aún más. Probablemente, a las tres fuerzas progresistas les haría falta dos votos y no sólo uno, ya que la toma de posesión del sustituto del alcalde podría producirse después del pleno de investidura. Si Echávarri renunciase a ser concejal, el trámite sería el siguiente: la corporación debería darse por enterada de su renuncia en el próximo pleno ordinario y, a partir de ahí, se abriría un plazo de diez días para la celebración del pleno de investidura. No existen plenas garantías de que, para entonces, la Junta Electoral pueda tramitar la entrega del acta de concejal a su sustituto. En este caso, el número 7 de la lista del PSOE, Miguel Castelló, actual asesor de Fiestas.

Ciudadanos. Sea como fuere, en un escenario de elección de alcalde, quien muy probablemente tendría la sartén por el mango sería el grupo municipal de Ciudadanos. Los votos de sus cinco concejales serían claves para decantar la decisión, sin depender de los votos de los ediles no adscritos. Por posiciones ideológicas, no parece probable que Cs pueda sumarse a un hipotético gobierno del que forme parte Compromís. Por el mismo motivo, tampoco resulta plausible una probable alianza con Guanyar. En todo caso, podría dar su apoyo a un nuevo tripartito -ya lo hizo en 2015- con otro alcalde y seguir en la oposición, o buscar un acuerdo con el PSOE para gobernar en minoría, previo respaldo de Compromís y Guanyar para la investidura. Sea como fuere, lo que está claro es que, si hay pleno de investidura, en todas las jugadas aritméticas posibles, el partido de Albert Rivera es el que tiene todas las papeletas para salir ganando a través de un proceso de negociación, para no tener que depender del voto incierto de los no adscritos. Por poder, Cs puede hasta fijar condiciones (apretar las tuercas) para prestar su apoyo al futuro alcalde.

Hasta el momento, su portavoz, Yaneth Giraldo, viene sosteniendo que no se tiene ninguna posición tomada y que no se va a tomar mientras no se den las circunstancias previas: que el alcalde presente su dimisión. "No vamos a solucionar el problema a nadie, quien tiene que solucionarlo es el tripartito", insisten las fuentes consultadas. 

¿Qué sucederá si llega a producirse la dimisión de Echávarri? Todo está abierto. Se adoptará un posición en coordinación con la dirección del partido en València y en Madrid. Lo cierto es que hasta ahora Cs viene manteniendo posiciones casi equidistantes entre PP y el tripartito: en el pleno, respalda propuestas tanto de un bloque como de otro, en función de sus intereses y de su ideario. En Cs se es consciente de que la decisión es compleja: en Alicante no resulta cómodo permitir que pueda gobernar el PP tras 20 años de mandato y un último periodo marcado por el caso Brugal, pero tampoco perciben satisfacción en la ciudadanía por la labor del tripartito. "No han hecho nada, los tres partidos se han dedicado a enfrentarse y a hacer oposición en lugar de gobernar, y tampoco han negociado nada con nadie", resumen.                                                   

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