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crisis de gobernabilidad en alicante

El PSPV sostiene a Echávarri tras la denuncia de Fiscalía: "De momento, nada cambia"

3/11/2017 - 

ALICANTE. "De momento no ha cambiado nada". "Habrá que analizar el alcance de la denuncia presentada por el fiscal". "Su situación sigue siendo la misma: estaba investigado por la Fiscalía y ahora probablemente lo estará por un juzgado, pero no ha sido procesado ni se ha abierto juicio contra él". Son tres frases de dos miembros de la cúpula del PSPV (el vicesecretario general, Manuel Mata, y el secretario de Relaciones Institucionales y Acción Territorial, Carlos Fernández Bielsa) que resumen la posición de la dirección autonómica del partido sobre la situación del alcalde de Alicante. Esa posición es idéntica a la de hace una semana, cuando se cerró un acuerdo con Compromís para continuar gobernando juntos en la segunda ciudad de la Comunitat. Es decir, respaldo a Gabriel Echávarri, pese a que la Fiscalía haya constatado la existencia de indicios de delito suficientes para presentar una denuncia en los juzgados por el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala (una trabajadora interina adscrita a la Concejalía de Cultura contratada en 2010 con motivo de la puesta en marcha de Las Cigarreras y del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante). 

Esa denuncia se registró en el decanato del Palacio de Justicia de Benalúa a última hora del pasado martes y ya ha sido turnada al Juzgado de Instrucción Número 2. Su titular deberá dilucidar si la admite a trámite (un paso que, según fuentes jurídicas, se dará con toda probabilidad) y si cita a declarar a Echávarri y al concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, en calidad de investigados por un delito de prevaricación, como solicita el propio escrito de Fiscalía (otro paso que, por pura lógica habitual en todos los procedimientos, también deberá producirse). Por lo pronto, no existe ninguna seguridad sobre cuándo podría acordarse esa probable citación. Según las fuentes jurídicas consultadas, todo dependerá de la carga de trabajo del juzgado. 

¿Qué ha llevado al Ministerio Público a tomar la decisión de cursar su denuncia? A la vista de las actuaciones practicadas por el teniente fiscal, José Llor, desde que dos activistas vecinales denunciasen los hechos, se considera que el alcalde pudo haber tomado una decisión tramada o intencionada para acordar ese despido sólo frente a una persona en concreto y, además, en un momento determinado: justo después de que el grupo municipal del PP presentase una denuncia contra el alcalde en Fiscalía por el supuesto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio. Justo la denuncia que, después, replicó en el juzgado, por la que ya se investiga al alcalde por otro delito de prevaricación administrativa.

En la decisión de Fiscalía, habrían tenido un peso determinante los testimonios y los informes aportados desde las concejalías involucradas en los hechos: las de Recursos Humanos y Cultura. Según las fuentes consultadas, se habría ponderado que, efectivamente, existía un informe del departamento de Recursos Humanos en el que se confirma que las funciones concretas desempeñadas por la trabajadora despedida habían dejado de existir, pero también que el técnico municipal responsable de ese informe había declarado que se elaboró a petición de Echávarri. Además, el informe solicitado al departamento de Cultura sobre la situación de la cuñada de Barcala señala que no se pidió su cese, que existen más de una decena de trabajadores en su misma situación y que todos desempeñan funciones que resultan necesarias.

         


En el registro de la denuncia, también se habrían evaluado las explicaciones facilitadas en la cuenta de Facebook del propio Echávarri en las que se argumentaba que podía haber acelerado el expediente de despido, justo después de que el PP denunciase el supuesto troceo de encargos de Comercio. En el expediente instruido por el teniente fiscal sí obra copia de ese mensaje, difundido a través de esa red social, pese a que el primer edil sostuvo, al término de su declaración en Fiscalía, que ese escrito no figuraba en las actuaciones.

Igualmente, se habría valorado que la trabajadora fue readmitida poco después de que se le comunicase su despido, pero -según fuentes de Fiscalía- esa circunstancia no elimina la acción que se investiga: la decisión se tomó y se consumó, aunque después se anulase. Es más, las mismas fuentes precisaron que, de no haberse corregido, en la conducta investigada se podría haber advertido indicios de un segundo ilícito: un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las valoraciones y la llamada a Compromís

El paso dado por el Ministerio Público provocó, este mismo jueves, una cascada de reacciones y valoraciones por parte de todos los grupos políticos con representación municipal. La más contundente volvió a ser la de Guanyar, que reiteró la exigencia de la renuncia de Echávarri. PP y Ciudadanos insistieron en que la situación política del alcalde se complica. Por su parte, la ejecutiva local del PSOE, a través de su portavoz, Lalo Díez, descartó la posibilidad de que el primer edil presente su dimisión. Díez incidió en que la dirección local del partido ya expresó hace un mes su respaldo sin fisuras a Echávarri.

Con todo, lo cierto es que, según las fuentes consultadas, en esa posición existen algunos matices si se tiene en cuenta al conjunto de la militancia local. Entre los afiliados, se sigue considerando que la situación del primer edil no ha experimentado un cambio sustancial y que, además, se continúa dentro del acuerdo de gobernabilidad suscrito con Compromís. Sin embargo, desde algunos sectores sí se ha planteado la conveniencia de que se convoque una asamblea informativa simplemente para que el propio Echávarri explique de primera mano cuál es su situación. Según las fuentes consultadas es probable que esa asamblea pueda llegar a celebrarse.  

Tampoco ha variado la confianza de la ejecutiva autonómica del PSPV en que las dos investigaciones que afectan al primer edil acaben archivándose. Tanto Mata como Fernández Bielsa recalcaron este jueves que las dos diligencias derivan de cuestiones administrativas, no por corrupción, y que, en todo caso, se fundamentan en decisiones erróneas por las que no se habría causado ningún quebranto al interés público. Por ello, no dudaron en volver a apelar a la responsabilidad de Compromís para "que entiendan que la denuncia de la Fiscalía no modifica el acuerdo" firmado la semana pasada. "Su situación jurídica no se ha agravado: estaba siendo investigado y va a seguir estando investigado", aseguró Mata. "Estamos en los términos de ese pacto", insistió.

Por lo pronto, Compromís decidió dar ese acuerdo por "congelado" y suspendió el encuentro bilateral previsto para la tarde de este jueves, en el que los dos socios de gobierno se habían citado para auditar los objetivos cumplidos en estos dos años de gobierno y para comenzar a perfilar las prioridades de la segunda parte del mandato. Los nacionalistas también confirmaron, a través de un comunicado, que este viernes acudirían a la reunión de la mesa de seguimiento del pacto convocada por Guanyar. 

A esa cita no acudirá ningún representante del PSOE, que considera que hoy por hoy el único pacto vigente es el suscrito con Compromís, dado que el tercer socio del tripartito lo dio por roto al anunciar su marcha si no se producía la dimisión del alcalde. "Si Guanyar quiere seguir en el gobierno, que lo haga, pero que lo haga trabajando desde la lealtad", insistieron fuentes del PSOE local.          

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