El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Ni el acuerdo de pleno aprobado por PP y Ciudadanos (con la anuencia de Guanyar y Compromís, que se abstuvieron), ni el compromiso de readmisión de la cuñada del líder de los populares han conseguido aplacar la controversia sobre la política de personal anunciada por el alcalde. Es más, desde este viernes se enmaraña todavía más a instancias de una iniciativa ciudadana. Dos conocidos activistas vecinales que formaron parte del partido político Vecinos por Alicante (desactivado ya en las municipales de 2015), José Luis Valdés y José María Hernández Mata, acudieron a Fiscalía para presentar una denuncia "a título particular" contra el primer edil en la que instan a abrir una investigación por un delito de prevaricación sobre dos supuestos concretos.
En primer término, el escrito, dirigido a la atención del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, relata el despido de la familiar del líder del PP (una trabajadora interina adscrita a la Concejalía de Cultura), Luis Barcala, y se hace eco de la justificación que el propio Gabriel Echávarri ofreció tanto en una comparecencia pública 24 horas después de ese cese, como en un mensaje publicado tres días más tarde en su cuenta en una conocida red social, del que dio cuenta Alicante Plaza, entre otros medios de comunicación. A grandes rasgos, en esas explicaciones el primer edil precisaba que se trataba de una empleada contratada a través de un proceso selectivo, que no una oposición, que seguía formando parte de la plantilla del ayuntamiento pese a que las funciones y necesidades para las que fue contratada (la puesta en funcionamiento del MACA y de Las Cigarreras) se habían extinguido.
El primer edil defendía el acuerdo de su despido y anunciaba, además, que se abordaría el cese de otra treintena de empleados municipales que se encontraban en la misma situación y que, en muchos casos, guardaban algún tipo de vínculo o relación con el PP o con sus concejales.
Según la denuncia, en esas dos explicaciones -las declaraciones públicas y el mensaje colgado en redes sociales- se deja constancia de que el primer edil "conocía desde su entrada y nombramiento como alcalde de la ciudad, es decir casi dos años antes de la fecha de esta nuestra denuncia, que sabía que había una situación ilegal y en fraude de ley". Es más, igualmente según la denuncia, en esas aclaraciones Echávarri "menciona que también le había sido informado por el Síndic de Greuges".
La denuncia refleja un doble supuesto: el supuesto consentimiento de una situación irregular conocida y la ejecución de un "despido improcedente de manera individualizada"
Con ese razonamiento, el escrito de los dos activistas vecinales solicita la intervención de la Fiscalía por presunta prevaricación "no habiendo tomado hasta ahora medidas para corregir esta ilegalidad o disfunción administrativa en la que se encontraban un grupo de funcionarios interinos que no habían realizado pruebas de acceso, en el que estaba incluida la funcionaria mencionada".
Pero, además, la denuncia contempla un segundo escenario directamente relacionado con el despido de esta trabajadora, familiar del líder del PP. Según la denuncia de los dos activistas vecinales, en el cese de esa interina también se habría incurrido en prevaricación "por un despido que podría ser improcedente de forma individualizada". Sobre todo, según el mismo escrito, si se tiene en cuenta que fue un despido "que mandó ejecutar con una orden al concejal de Recursos Humanos, según menciona él mismo, para perjudicar al señor Barcala [...] por haberlo denunciado ante esta Fiscalía, por el tema de las divisiones de facturas en el área de Comercio".
El registro de la denuncia no tiene, por ahora, ninguna otra implicación, efecto, ni eficacia. Es más, hasta este viernes simplemente está presentada pero todavía no admitida a trámite (algo que, por otra parte, suele suceder de manera automática siempre que las denuncias sean correctas desde el punto de vista formal). Con todo, lo cierto es que se trata de la segunda denuncia contra el primer edil cursada ante la Fiscalía en menos de dos semanas, tras la formalizada por el grupo municipal del PP a cuenta del supuesto fraccionamiento de los contratos de Comercio.
Los denunciantes señalaron que decidieron acudir a la Fiscalía "asqueados" por "la falta de gobierno y de oposición" y tras "constatar que no hay diferencias entre unos y otros". "No nos mueve ningún interés político, simplemente el hartazgo y la voluntad de que se haga algo", indicaron.
