Las dudas de los contratos de Comercio: ¿otro 'caso Fitur'?

ALICANTE. El pago de las campañas de la Concejalía de Comercio, encargadas de manera directa mediante 25 contratos menores inferiores a los 18.000 euros pero por un importe global de 189.000 euros, continuó suscitando este miércoles reacciones políticas tanto en las filas del equipo de Gobierno como en la oposición en el Ayuntamiento de Alicante. Todo con el gran debate de fondo: ¿existen contratos troceados para eludir la convocatoria de concursos?, ¿se puede hablar del mismo modus operandi que el grupo de Compromís en la Diputación ha llevado a Fiscalía por los encargos del Patronato de Turismo Costa Blanca sobre las adjudicaciones de Fitur? 

Por una parte, el alcalde y edil del área, Gabriel Echávarri (PSOE), reivindicó la transparencia de la decisión adoptada en Junta de Gobierno, el martes, por la que se acordó elevar una consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la corrección del procedimiento. Insistió en que esa consulta resulta pertinente para dirimir las dudas planteadas en un informe del interventor municipal sobre la posibilidad de que se hubiese podido incurrir en un fraccionamiento de contratos. Una apreciación, dijo, no compartida por otro informe, emitido por la Asesoría Jurídica. En todo caso, sobre hipotéticas decisiones encaminadas a depurar responsabilidades, sólo auguró un posible cambio de protocolo en los expedientes administrativos.

Por otra parte, PP, Ciudadanos y Podemos reclamaron explicaciones para esclarecer lo sucedido y demandaron un mayor control sobre los procesos de contratación, en el que se limiten los encargos directos, para evitar la repetición de otros precedentes similares que han desembocado en diligencias judiciales. Eso sí, nadie se atrevió a anunciar el posible inicio de acciones legales o el traslado de los hechos a la Fiscalía hasta conocer el detalle del expediente.

El debate crucial por resolver, en consecuencia, es si ha existido o no algún tipo de anomalía de la que pueda derivarse indicios delictivos. Como publicó este diario, fuentes del equipo de Gobierno admitieron el martes que sí puede haberse producido una irregularidad administrativa al haberse seguido un procedimiento erróneo para contratar esos servicios. Pero descartaron intereses económicos, tratos de favor o mala fe. Además, se apoyaron en el informe de la Asesoría Jurídica que, al menos tácitamente, concluiría avalando el proceso al no apreciar que haya existido "fraude o fraccionamiento ilegal".

Lo cierto es que, como sucede con la mayor parte de los informes técnicos, ese informe no es tan tajante. En realidad sus conclusiones se refieren a la definición de las circunstancias que deben darse para que exista un fraccionamiento, sin llegar a analizar el detalle del caso concreto. Así queda reflejado en su párrafo final: "Eso sí, en ningún caso puede entenderse que concurre fraude o fraccionamiento ilegal de modo directo o automático en los supuestos de diversos objetos contratados con el mismo contratista, debiéndose tener en cuenta el concepto de unidad funcional que se ha expuesto en el cuerpo del presente escrito".

El informe del interventor no dice que se haya producido un fraccionamiento, dice que no está garantizado que no haya existido

Sí baja al terreno del detalle el informe del interventor, aunque tampoco su conclusión resulta tajante. Su escrito no dice que haya existido fraccionamiento, sino que no está garantizado que no haya existido. En concreto, apunta: "Aunque las facturas incluidas en el presente expediente no son a favor del mismo tercero, ello no obstante no garantizaría que no existiera fraccionamiento, pues sólo con carácter previo a la contratación, el órgano gestor que conoce el fin a alcanzar puede determinar la finalidad perseguida y determinar el objeto del contrato, y en su caso establecer la posibilidad de adjudicarlo por lotes con funcionalidad propia, pero sometidas en todo caso al procedimiento correspondiente al grupo".

Una de las respuestas clave tiene que ver precisamente con esos dos conceptos de unidad funcional y objeto del contrato. Es decir, si los encargos que se concertaron por separado, todos con facturas emitidas entre el 13 y el 31 de diciembre del año pasado, forman parte en realidad de un mismo fin. De acuerdo con el concepto de las 25 facturas, esa es la situación que supuestamente podría desprenderse al menos en tres casos.

Existe un primer bloque de encargos relacionados con la gala de entrega de los Premios de Comercio 2016: factura de 11.756 euros por inserciones publicitarias en prensa escrita y radio sobre "premios comercio 2016"; factura de 4.234 euros por el "desarrollo, alojamiento y mantenimiento de la web premios comercio 2016"; factura de 14.632 euros por gala premios comercio Cigarreras, imagen gráfica, presentación, actuaciones, etc... diciembre de 2016"; y factura de 1.729 euros por el reparto de 5.000 trípticos zonas comerciales Premios Comercio 2016". Esas cuatro facturas se expiden por esos distintos conceptos entre el 30 y el 31 de diciembre a la misma empresa: Publiasa, del grupo Vectalia. Las cuatro suman un importe total de 32.351 euros. Es decir, más de los 18.000 que la ley permite para los contratos menores (encargos directos, sin concurso).

Existe un segundo bloque de encargos relacionado con la campaña de promoción del comercio local, con diferentes soportes publicitarios, bajo el lema "Alicante está de moda": una factura de 10.635 euros por "Producción campaña Alicante está de moda maquetación anuncios vallas mupis banderolas", encargada a Estudio Creación Gente SL; una factura de 10.285 euros por la "producción de 30.000 trípticos lema Alicante está de moda", encargada a Gráficas Juárez; una factura de 4.242 euros por "producción, montaje desmontaje de 150 banderolas campaña Alicante está de moda colocadas en 75 farolas, encargada a Makroprint Impresión Digital SL; y otra factura de 10.769 por anuncios prensa y radios campaña Alicante está de moda", encargada a Medial Medios y Distribución SL. En su conjunto, suman un importe de 35.931. 

NO HA TRASCENDIDO QUE EXISTA RELACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS NI NINGÚN SUPUESTO VÍNCULO QUE PUDIESE IMPLICAR UN TRATO DE FAVOR

Existe un tercer bloque relacionado con la señalización de mercados: una factura de 9.942 euros por el "alquiler montaje desmontaje mupis provincia 200 paneles mercado y mercadillos alicante capital", encargada a Eventual; una factura de 10.852 euros por "alquiler producción fija 29 vallas 8x3 Lema Mercados y Mercadillos de Alicante", encargada a Exterior Media Spain; una factura de 12.289 euros por "señalización Mercado Babel, carteles, vinilos, cerramiento puestos cerrados rotulo monosposte", encargada a Makroprint Impresión Digital; una factura de 7.572 por "señalización nuevo mercadillo José Manuel Gosálvez 3 vallas, vinilo oficina, 2 banderolas verticales Gran via", encargada también a Makroprint; y otra factura de 9.912 euros por "OPA señal Mercado Benalúa, fachadas puertas acceso, puestos cerrados, etc.", encargada a la misma empresa. En su conjunto, suman 50.567 euros.

No ha trascendido que exista ninguna vinculación entre los representantes de esas empresas y los responsables de la Concejalía de Comercio que pudiese conllevar un presunto trato de favor. Tampoco que exista relación entre esas empresas beneficiarias por los encargos, ni que los precios por los servicios contratados estén sobredimensionados respecto a los valores medios de mercado, como sí sucede, por ejemplo, con las facturas del llamado 'caso Fitur' de Alicante encargadas bajo la etapa de gobierno de José Joaquín Ripoll en la Diputación Provincial. O como sucede en su precedente y origen, el 'caso Fitur' de Orihuela, precisamente con el mismo entramado de empresas asentadas en el País Vasco como beneficiarias de encargos municipales de manera directa que mantienen a la exconcejal de Cultura y Turismo con el PP, Pepa Ferrando, a la espera de juicio.