La jueza imputa a Echávarri y sus dos asesores por los contratos del 'caso Comercio'

ALICANTE. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha citado a declarar en calidad de investigado (la antigua figura del imputado) al alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, en las diligencias abiertas por un delito de prevaricación administrativa a cuenta del supuesto fraccionamiento de contratos del llamado 'Caso Comercio', relacionado con 25 encargos directos por un importe global de 189.000 euros durante los meses de noviembre y diciembre de 2016. Junto a él deberán comparecer también dos de sus más estrechos colaboradores en la misma condición de investigados: el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor del área de Comercio, Pedro De Gea.

La decisión, comunicada por PP y Ciudadanos, se conoce justo una hora después de que sus dos portavoces municipales hayan acudido al juzgado a ratificar la interposición de sus respectivas denuncias sobre el presunto troceo de encargos, con el que ambas formaciones sostienen que se trató de eludir un proceso de contratación abierto a cualquier empresa en pública concurrencia.

Además de los tres citados en calidad de investigados, también deberán personarse en el Palacio de Justicia de Benalúa el líder de Compromís y concejal de Contratación, Natxo Bellido, el interventor municipal y el exjefe técnico de la Concejalía de Comercio cuando se produjeron las contrataciones, Diego Agulló, relegado de ese departamento (sigue siendo jefe de servicio de la Concejalía de Sanidad) después de que el primer edil transfiriese las competencias de Comercio a la también edil socialista Gloria Vara. Los tres, a diferencia del alcalde y de sus dos cargos de confianza, están citados para declarar como testigos.

Los dos líderes de PP y Cs se han referido a su responsabilidad a la hora de denunciar los hechos que consideraron presuntamente delictivos. El portavoz de los populares, Luis Barcala, ha señalado que "se trata de la consecuencia lógica; nosotros siempre hemos dicho lo mismo, máximo respeto a las decisiones judiciales y celeridad, y en este caso no podemos estar más que satisfechos por la celeridad en la que se ha impulsado la instrucción". En esta línea, ha confirmado que el PP se ha personado como acusación particular en las diligencias, después de que la instructora les haya formulado el preceptivo ofrecimiento de acciones. Ciudadanos, por el contrario, ha desistido de ejercer ese derecho y ha decidido dejar el proceso en manos de la Fiscalía. De hecho, durante la comparecencia de este viernes, por el trámite de ratificación de denuncias, ha estado presente el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. La portavoz del partido de Albert Rivera, Yaneth Giraldo, ha precisado que, durante esa ratificación, se le ha preguntado sobre la comisión de investigación y ha señalado que en su denuncia se aportaba copia del acta de la primera sesión, ya que todavía no se disponía del acta de la segunda y última reunión.

Barcala, por su parte, ha insistido en que su personación es también una muestra de su responsabilidad sobre el tema, ya que "fuimos nosotros los que ya en abril advertimos indicios delictivos y somos los principales interesados en que se esclarezcan los hechos". "Tras la comisión de investigación vimos que se confirmaban nuestras apreciaciones y por eso acudimos también al juzgado a presentar la denuncia, después de haberla presentado en Fiscalía; nos alegramos que también se haya sumado al proceso el grupo municipal de Cs", ha dicho.

Respecto a posibles consecuencias políticas, Barcala ha recalcado que, en el momento en el que el alcalde o cualquier responsable de estos hechos pueda llegar a ser procesado, "debe dejar el cargo público; ahí si que no hay vuelta atrás". Con todo, ha añadido que el PP "va a exigir al alcalde coherencia". "No lo exigimos hasta el procesamiento, pero sí podemos exigirle coherencia, en el momento que él u otros partidos lo han exigido a los demás y por eso entendemos que de una forma voluntaria, en el momento en el que se encuentra en la condición de investigado, debería renunciar al cargo", ha señalado. "Es una cuestión que queda a su criterio, pero debería ser coherente", ha concluido.

Su homóloga de Cs, Giraldo, ha señalado que, por el momento, se va a dejar trabajar a la Fiscalía y al juzgado antes de exigir cualquier posible responsabilidad política.

La citación del alcalde y de sus dos asesores se precipita justo un día después de un tenso pleno municipal en el que los tres grupos que comparten responsabilidades de gobierno, PSOE, Guanyar y Compromís, protagonizasen un duro cruce de reproches a cuenta de la gestión en las parcelas que asume cada partido y de que se filtrase a través del diario Información los planes del primer edil de retirar la delegación de Urbanismo al líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, por el retraso en la tramitación de licencias urbanísticas que viene denunciándose desde el sector empresarial vinculado a la promoción inmobiliaria desde hace más de año y medio.

El desenlace de ese pleno, las intenciones de cese de Pavón y la citación de Echávarri pueden tener implicaciones directas sobre la continuidad del tripartito en sus condiciones actuales. Máxime si se tiene en cuenta que Guanyar y Compromís expresaron en sus conclusiones sobre la comisión de investigación del caso Comercio que podrían exigir responsabilidades políticas en el caso de que se confirmase que en esos 25 contratos pudo existir fraccionamiento. Por lo pronto, el líder de Compromís, Natxo Bellido, ha confirmado su intención de convocar al grupo municipal y a la ejecutiva local de la coalición para valorar la imputación de Echávarri y dar una respuesta. La ejecutiva se reúne a las 20:00 horas de este viernes.