Cultura responde a la Fiscalía: no se pidió el cese de la cuñada de Barcala

ALICANTE. La Concejalía de Cultura responde al requerimiento formulado por la Fiscalía en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer si pudo concurrir un delito de prevaricación (arbitrariedad o resolución injusta a sabiendas) en el despido de una trabajadora interina adscrita a ese departamento, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. Según ha podido saber Alicante Plaza, el informe de la concejalía -al parecer, en trámite de notificación al Ministerio Público-, explica que nunca se trasladó a la Concejalía de Recursos Humanos ninguna comunicación en la que se alertase de que el objeto por el que esa empleada había sido contratada había quedado extinguido. El informe también concreta que no se solicitó su cese, en la misma medida en la que tampoco se planteó la necesidad o conveniencia de despidir a la decena de trabajadores adscritos a la concejalía que se encontraban en esa misma situación, cuando se produjo el cese de la polémica.

Como viene informando Alicante Plaza, la Fiscalía abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por dos activistas vecinales contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, al advertir supuestas irregularidades en ese despido. Máxime, después de que el primer edil hubiese admitido, a través de su cuenta en una conocida red social, que quizá había acelerado el cese de la trabajadora en cuestión después de que el PP hubiese presentado una denuncia contra él por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio. Una denuncia que ya ha derivado en su citación para declarar en calidad de investigado (la figura que sustituye a la antigua imputación, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) este mismo viernes, 6 de octubre.     

Cultura informa a la Fiscalía sobre todos los pormenores sobre los que se le había requerido. En esta línea, la respuesta remitida por la concejalía detalla que la trabajadora despedida es una empleada contratada en 2010 con motivo de la apertura al público del centro cultural de las Cigarreras y del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (Maca). Precisa que existen al menos una decena de empleados en esa misma situación: es decir, trabajadores interinos con el objeto o función que motivó su contratación teóricamente extinguido. Téoricamente porque, en su informe, Cultura vendría a poner en duda que realmente esas funciones hayan dejado de existir. En el caso de la cuñada de Barcala, por ejemplo, fuentes municipales consultadas precisaron que Las Cigarreras y el MACA siguen abiertas y en funcionamiento, de modo que, según las mismas fuentes, lo preceptivo hubiese sido que esos puestos de trabajo se consolidasen mediante la convocatoria de un proceso de contratación público.

¿Otros posibles informes?

La junta de coordinación de fiscales debatió este jueves sobre el avance de la investigación, a propuesta del teniente fiscal, José Llor, quien se encuentra a cargo de las pesquisas. Se trata de un trámite habitual en el que se eleva a consulta la toma de determinadas resoluciones en asuntos complejos o de especial relevancia social. En el debate, no se adoptó ninguna decisión firme, ya que, según concretó el fiscal jefe, Jorge Rabasa, al término de la reunión, todavía no se disponía de informes solicitados. Entre ellos, citó en concreto el demandado sobre la situación laboral específica de la trabajadora despedida. Además, dijo que a la vista de ese escrito podía requerirse nueva documentación.

A la vista de esos informes, la Fiscalía puede tomar tres decisiones: archivar las diligencias al descartar la existencia de indicios de delito; solicitar la declaración del alcalde en calidad de investigado en la propia Fiscalía; o derivar directamente la denuncia al juzgado para que el primer edil comparezca en sede judicial. En los dos últimos supuestos, según recalcó Rabasa, se trataría de un automatismo para que Echávarri pueda testificar asistido por abogado.