El secretario general de Coepa, José Ramón Lillo, a su llegada al juzgado este miécoles. Foto: EFEALICANTE. La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa) entregará a la juez de Instrucción 9 de Alicante todas las facturas relacionadas con la construcción y puesta en marcha del Centro de Oficios, para demostrar así que no existió el presunto desvío de subvenciones que ha denunciado el Servef. Según han confirmado fuentes de la patronal alicantina, su abogado presentará por registro en el juzgado un escrito acompañado de toda la documentación que ha exhibido durante su testifical ante la magistrada el secretario general de la patronal, José Ramón Lillo.
De esta forma, la patronal alicantina pretende demostrar a la juez que instruye la causa por el presunto fraude y apropiación indebida que las subvenciones del Servef sí se destinaron a la construcción del controvertido Centro de Oficios (todavía cerrado a la espera de pasar a manos del IVF tras el concurso de acreedores), y que la Administración autonómica no ha tenido en cuenta a todos los proveedores que participaron en su ejecución, al centrarse solo en las facturas presentadas por la constructora CHM, del expresidente de la patronal Rafael Martínez Berna (quien estas navidades cedió la presidencia al técnico de Fomento Vicente Vilanova).
Según sostiene Coepa, y así lo ha reiterado ante la juez su secretario general, en la construcción del Centro de Oficios participaron más de 100 empresas, de las que el Servef se ha fijado solo en una, la de su expresidente, para armar la querella contra la patronal alicantina. Lillo ha exhibido durante su declaración varias facturas de otros proveedores, y ahora se presentarán por registro para que la juez pueda analizar toda la documentación.
El siguiente paso de la representación legal de la patronal alicantina será pedir el archivo de la causa, según han confirmado las mismas fuentes. Coepa está convencida de que no hay base para una causa penal, por lo que tras entregar la documentación del edificio a la titular del juzgado, su abogado presentará una propuesta de archivo, que la juez trasladará a las partes (al margen de la Fiscalía, está personada la Abogacía de la Generalitat, que fue la que presentó la denuncia, pero todavía no hay acusación).
En cuanto a la testifical ante la juez, Lillo ha reiterado la postura de Coepa de negar cualquier tipo de irregularidad. Según ha dicho, el Servef solo tuvo en cuenta para presentar la querella las facturas relativas a un único proveedor, cuando en estas obras "han intervenido más de cien". A juicio de la patronal, los tres millones que recibió del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para este proyecto es "un préstamo y tiene una naturaleza mercantil", por lo que, en su opinión, "no es incompatible" con los 3,8 millones aportados por el Serfev.
Asimismo, Lillo ha justificado que se presentaran las mismas facturas a ambas instituciones porque "son expedientes diferentes y en cada caso tenían una finalidad". Es decir, la misma factura servía para recibir la subvención a fondo perdido del Servef y para "certificar" ante el IVF que se estaba construyendo el centro y así poder disponer del crédito. En líneas generales, de acuerdo con su testimonio, la institución empresarial "cumplió con las condiciones" que el Servef y el IVF plantearon para destinar fondos públicos al proyecto.
Además de las preguntas de la juez y de su propio abogado, Lillo ha respondido a las que le ha formulado la Abogacía de la Generalitat. Según han explicado las mismas fuentes, el abogado del Consell se ha interesado fundamentalmente por la actividad registrada en el Centro de Oficios, dado que el Servef abrió el expediente de reintegro de 1,9 millones de euros (de los que Coepa ha devuelto ya 225.000) por considerar que la patronal había incumplido una de las condiciones: que el Centro de Oficios registrase actividad durante una década. En este sentido, el secretario general de Coepa ha asegurado que el centro de formación de esta patronal "sí ha tenido actividad" durante los años objeto de investigación.
Mientras el asunto con el Servef sigue su curso en los tribunales, Coepa sigue a la espera de que el IVF, a quien el juez del concurso de acreedores ha adjudicado la propiedad del Centro de Oficios para saldar la deuda de la patronal (3 millones de euros del crédito que le concedió en paralelo a las subvenciones del Servef), asuma efectivamente el inmueble, para retirarlo de su balance y dejar de sostener los gastos de funcionamiento (los suministros de luz y agua, las inspecciones y los impuestos, que sigue pagando aunque esté cerrado). Coepa ha propuesto una dación en pago que agilizaría el proceso, pero por el momento no ha habido más contacto con el banco del Consell, después de que el presidente de la patronal, Francisco Gómez, le remitiese una carta en este sentido.
Por otro lado, la patronal sectorial del metal Fempa, una de las organizaciones más críticas con la gestión de Coepa junto a la expulsada Cepyme, ha emitido un comunicado para criticar que la organización que preside Gómez esté asociando empresas directamente sin pasar por las sectoriales, tal como adelantó Alicante Plaza a finales de diciembre. A juicio de Fempa, "se está vulnerando e incumpliendo la sentencia de 5 de abril de 2016 del Tribunal Superior de Justicia", que anulaba parte de los nuevos estatutos de la patronal. Precisamente, la que permitía captar a empresas como socias, al margen de sus sectoriales. "Dicha sentencia consideró los estatutos no se ajustaban a derecho", recuerda la patronal del metal, al vulnerar la Ley Orgánica del Derecho de Asociación (LODA), "ya que son las asociaciones las que pueden formar parte de federaciones o confederaciones, y no las empresas directamente".
