Ciudadanos excluye a Barcala en el 'caso enchufes' pero reclama las explicaciones del edil González

ALICANTE. La comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Alicante para esclarecer si se registraron anomalías en las oposiciones a la Policía Local del caso enchufes comienza a dotarse de contenidos a partir de las peticiones de diligencias planteadas por los grupos políticos representados en la corporación. Las primeras, adelantadas por las tres formaciones que conforman el eje progresista, se conocieron este martes. Al margen de incluir a los cinco miembros del tribunal que pilotó el proceso de selección, PSOE, Unides Podem EU y Compromís coincidieron en plantear la petición de comparecencia del alcalde, Luis Barcala, y del concejal de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González, en sus respectivas solicitudes. Vox desveló su propia petición este miércoles, en la que también se incluye a los dos representantes políticos como máximos responsables de la convocatoria. Así, será este jueves cuando se registren las dos últimas solicitudes por parte del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs): las dos formaciones aliadas al frente de la gestión municipal tras las municipales de mayo de 2019.

No obstante, al menos la petición de diligencias de Cs trascendió también a lo largo de la jornada de este miércoles. El partido que preside Inés Arrimadas coincide, igualmente, en la necesidad de que los cinco componentes del tribunal faciliten explicaciones sobre el proceso. Se trata del comisario jefe de la Policía Local, José María Conesa, como presidente; de la funcionaria nivel A1, Remedios Molina, como secretaria; de los dos vocales designados por el IVASPE y del tercer vocal nombrado a propuesta del presidente (en este caso, el jefe de la Policía Local de Xàtiva). Además, también solicita que pueda facilitar explicaciones ante la comisión la jefa del departamento de Recursos Humanos, Alicia Facorro, para que aclare el contenido del informe emitido con motivo del expediente informativo requerido por el primer edil respecto a cómo transcurrió el proceso de selección. Y también extienden esa petición a la asesora del tribunal que se encargó de confeccionar la prueba psicotécnica, Ana María Lillo. Pero, además, Cs también coincide con los cuatro grupos de la oposición y plantea que el edil de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González, pueda facilitar las aclaraciones que se considere oportunas ante los miembros de la comisión.

Fuentes de Cs consultadas indicaron que la petición de comparecencia de González se justificaría en la medida en que él fue el máximo responsable del proceso como concejal delegado de Recursos Humanos, de modo que se consideraría pertinente que pudiese responder a las dudas que pudieran plantearse sobre el desarrollo de las pruebas, "sin que ello suponga prejuzgar nada" ni vulnerar "el derecho a la presunción de inocencia de ninguno de los comparecientes", según recalcaron. Con todo, en esa petición de diligencias, Cs se desmarca del resto de formaciones políticas y excluye al primer edil del listado de comparecientes. Según las mismas fuentes, no se consideraría necesario que Barcala respondiese ante la comisión puesto que, a juicio de los representantes de Cs, no habría tenido ninguna intervención directa sobre el proceso de selección bajo sospecha.

Así, este jueves, quedará registrada la última de las solicitudes pendientes: la formulada por el PP. Hasta el momento, ningún representante popular ha avanzado qué propuesta de diligencias podría plantearse, más allá de la petición de comparecencia que afecta a los cinco miembros del tribunal, en función del preacuerdo que se alcanzó durante la sesión constitutiva de la comisión, el pasado miércoles. Después, el conjunto de peticiones quedará bajo el escrutinio del secretario municipal, encargado de resolver si alguna de esas peticiones no puede quedar asumida desde el punto de vista de la legalidad. Y, por último, quedará por concretarse quiénes entre los comparecientes propuestos accederá a someterse a las preguntas de los componentes de la comisión.

Con todo, la relación de comparecientes definitiva no es la única cuestión pendiente de resolución. Al margen de ello, todavía no se ha concretado si el Ayuntamiento prevé recurrir en apelación frente a la sentencia que obliga a retrotraer la parte del proceso que afecta al turno de movilidad, después de que se valorase de forma errónea la presentación de un título que no debía admitirse como mérito, como anticipó Alicante Plaza.

De igual modo, más allá de la respuesta hasta cierto punto ambigua facilitada por el tribunal frente a los recursos al respecto, ninguno de los informes elaborados hasta ahora tampoco ha aludido ni aclarado si las pruebas de selección se desarrollaron después de haber admitido certificados médicos presuntamente caducados requeridos como prueba previa, como se apuntaba en los recursos presentados por algunos de los aspirantes. Sin embargo, el dictamen jurídico elaborado por la Secretaría Municipal sí que concreta que el equipo de gobierno tendría la capacidad de anular las oposiciones en el caso de que se certificase la existencia de irregularidades que generasen un perjuicio a terceros o al interés general, como también ha informado este diario. Todo, en un contexto en el que se han sucedido las denuncias (como las presentadas por el sindicato SPPL y por el mismo jefe de la Policía Local) con el fin de que se determine quién difundió el listado con los aspirantes supuestamente beneficiados por una hipotética manipulación en las pruebas, y en el que también se ha iniciado una investigación para determinar si pudo existir dicha adulteración por parte de la Agencia Valenciana Antifraude.