Los miembros de la comisión de investigación sobre las oposiciones a la Policía Local de Alicante.ALICANTE. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante redobla la presión sobre el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular y Ciudadanos, en torno a la investigación sobre las oposiciones a Policía Local bajo sospecha del caso enchufes. La formación que preside Santiago Abascal se ha sumado este miércoles a las peticiones formuladas por los tres partidos del eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) al solicitar, también, que el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, y el alcalde, Luis Barcala, comparezcan ante la comisión constituida para esclarecer si existieron irregularidades en ese proceso de selección.
Vox plantea que el primer edil debe comparecer por su condición de alcalde y máximo responsable de la Policía Local, mientras que proponen la citación de González en calidad de concejal delegado de las áreas de Seguridad y de Recursos Humanos. Al tiempo, redundan en las solicitudes que ya se concretaron durante la sesión constitutiva de la comisión, el pasado miércoles, al reiterar la petición de comparecencia de los cinco miembros del tribunal que tuteló las oposiciones. Se trata del jefe de la Policía, José María Conesa, como presidente del tribunal; de la funcionaria nivel A1, Remedios Molina, en calidad de secretaria; de los dos vocales designados por el IVASPE y del tercer vocal nombrado a propuesta de Conesa (en este caso, el jefe de la Policía Local de Xàtiva).
En todo caso, como el resto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición, Vox también se reserva la posibilidad de ampliar las solicitudes de comparecencia mientras se desarrollen los trabajos de la comisión. Además, reclama que se aporte a los miembros de dicho órgano de fiscalización copia íntegra de "toda la documentación requerida por la Agencia Valenciana Antifraude al Ayuntamiento de Alicante y remitida por éste, así como a otros organismos públicos que hayan solicitado formalmente información del proceso de la Oferta Pública de Empleo objeto de la comisión" y "copia íntegra de todas las denuncias, recursos o reclamaciones interpuestas por personas participantes en el proceso de acceso al empleo público objeto de la comisión". De igual modo, Vox también abre la puerta a demandar documentación adicional en el caso de que se considere necesario con el avance de las averiguaciones.
Al tiempo, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha asegurado que no tendrá inconveniente en comparecer ante la comisión, en alusión a la solicitud planteada por el grupo municipal de Unides Podem EU, al aludir a Ortolá como representante de la única formación que dispondría de algún concejal en activo que podría haberse visto afectado por el supuesto nepotismo en el desarrollo del proceso selectivo puesto de manifiesto por denunciantes que permanecen en el anonimato con el fin de evitar represalias. "Por supuesto que tengo intención de comparecer ante la comisión si así se me requiere. Nuestro compromiso con la transparencia es absoluto y eso implica la comparecencia. No tengo nada que esconder y si mi comparecencia sirve para ayudar a clarificar los hechos y contribuir a mantener limpio el nombre del Ayuntamiento de todos los alicantinos y de nuestra Policía Local, será un honor", ha señalado. Por último, ha apuntado que Vox también planteará la solicitud de comparecencia del exconcejal de Recursos Humanos por el PSOE durante el pasado mandato, Carlos Giménez, al considerar que también debería ofrecer explicaciones al respecto.
Tras el registro de las peticiones de comparecencia de los cuatro grupos opositores, queda por conocerse las propuestas que puedan formular los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal. El plazo establecido para presentarlas termina este jueves, día 21. En principio, durante la primera sesión constitutiva de la comisión se acordó que en su próxima reunión, prevista para el 2 de mayo, se convocaría a los cinco componentes del tribunal.
Esa propuesta quedaba sujeta al filtro de la legalidad por parte del secretario municipal. En todo caso, la presidenta de la comisión y portavoz del PP, Mari Carmen de España, anticipó tras el transcurso de la primera sesión de ese grupo de trabajo, que las comparecencias serán voluntarias, sin que ninguna de las personas propuestas tenga la obligación de ofrecer explicaciones ante los representantes municipales. En principio, podría augurarse que todos los convocados interesados en aclarar lo sucedido accederán a comparecer, ya que, de lo contrario, podrían exponerse a que la opinión pública interpretase que tengan algo que ocultar.
