ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante vuelve a tener que asumir el pago de reclamaciones de empresas concesionarias tras la admisión de sus reclamaciones registradas en vía judicial. En este caso, se trata del abono de más de 1,2 millones (1.232.937,05 euros) correspondientes a la prestación del servicio de estacionamiento controlado: la conocida como contrata de la ORA o de la zona azul, en la que se incluye también el servicio de retirada, inmovilización y depósito de vehículos.
Así se ha concretado este martes, en la reunión semanal de la Junta de Gobierno (el órgano de representación política en el que se adoptan la mayoría de las decisiones relacionadas con la gestión municipal en una ciudad del tamaño demográfico de Alicante) en la que se ha aprobado la ejecución del auto judicial dictado el pasado 21 de septiembre en el que se acepta parcialmente la medida cautelar solicitada por Vectalia y Pavapark (las empresas concesionarias de esos servicios) y se insta a liquidar el importe de las facturas reclamadas correspondientes a su prestación en el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2025.
Esa suma se desglosa en 424.081,40 por la prestación del servicio de estacionamiento regulado; otros 773.533,72 euros por el servicio de arrastre; y, por último, otros 35.321,93 euros por intereses de demora. En esta línea, el vicealcalde y coportavoz del equipo de gobierno, el popular Manuel Villar, ha apuntado -en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de las decisiones adoptadas en Junta Local- que el acuerdo resultaba necesario para asumir el cumplimiento de esa resolución judicial en el momento en el que se había conminado a ejecutarlo.
La autorización del abono de esos 1,2 millones se produce una semana después de que se aprobase el pago de una suma global de 1,9 millones derivadas de distintas reclamaciones. En concreto, se autorizó el pago de 1,1 millones a SICE y Becsa correspondientes a reclamaciones de facturas por el servicio de mantenimiento del alumbrado público -en algunos casos, arrastradas desde 2020- que acabaron judicializadas; otros 599.000 euros adeudados a la anterior empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes, Geamur, y otros 201.000 a Bertolín por las obras de reforma de la avenida de Jijona, como informó este diario. Villar apuntó entonces que el equipo de gobierno ya estaba trabajando en la adopción de medidas para evitar que pudiesen repetirse retrasos en la liquidación de esas facturas.
Sea como fuere, el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante se ha referido a ese nuevo pago de 1,2 millones a la concesionaria de la zona azul para denunciar la acumulación de ayudas devueltas, indemnizaciones y pago de intereses por un importe global de más de 10,2 millones (10.241.126,79 euros) relacionadas con el reintegro o pérdida de subvenciones concedidas por otras administraciones, y con el abono de reclamaciones por parte de empresas concesionarias trasladadas a los juzgados, a los que se añaden los 1,2 millones aprobados este martes.
En este sentido, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, se ha referido, en primer término, a la pérdida de los 200.000 euros asignados por la Conselleria de Cultura con los que se pretendía contribuir a sufragar el proyecto de rehabilitación de las torres del edificio histórico del Ayuntamiento, como consecuencia de la demora en la contratación de esos trabajos, según ha sostenido. Además, ha sostenido que no se trata del único caso similar. Mas ha apuntado que "hemos perdido fondos, nos han sancionado o no se han podido ejecutar" al referirse a otros ejemplos como "la rehabilitación de las viviendas de la Virgen del Remedio", la ejecución del proyecto de viviendas municipales de la calle Ceuta, que -según Mas- podían contar con una ayuda de 1.200.000 € de fondos europeos, o los pagos de 1.200.000 € relacionados con las obras de reurbanización de la avenida de Jijona.
Además, también ha considerado que "perdimos ayudas europeas para viviendas sociales, casi 500.000 €; ayudas a servicios sociales y dependencia, casi 300.000; ayudas para jóvenes y personas vulnerables, casi 300.000; y ayudas de emergencia habitacional, casi 300.000", al margen de la "indemnización" abonada a la antigua concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes, Geamur, de más de 1,5 millones, y "ahora hemos conocido otro pufo de 1.300.000 € por sentencia, más 100.000 € en demoras", ha incidido.
En esta línea, ha planteado que los concejales del equipo de gobierno asuman la responsabilidad de cubrir esos pagos dejando de percibir sus retribuciones por el desempeño del cargo público que ejercen. "Catorce concejales con sueldos de ministro, directores generales, 25 asesores, y hemos palmado cerca de 15 millones de euros por impagos, por multas, por pérdida de subvenciones", ha enfatizado. "No hay peores gestores en el Ayuntamiento de Alicante, mientras que nos sube la tasa de basura, mientras que nos suben las tasas en concepto de multas, de ORA, de arrastres, la tasa del agua... eso sí nos bajan, por acuerdo de PP y Vox, dos euritos en el IBI", ha insistido. "No saben gestionar, no sabemos exactamente qué es lo que hacen este equipo de gobierno y pedimos claramente que den explicaciones porque estamos cansados de palmar pasta", ha concluido.
