ALICANTE. La gestión de pagos por la prestación de servicios continúa siendo un problema pendiente de solución en el Ayuntamiento de Alicante. Y el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), es consciente de ello, hasta el punto de haber asumido la existencia de disfunciones que afectarían a la práctica totalidad de los servicios municipales, según reconoció este martes el vicealcalde y edil de Contratación, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno. En este sentido, el propio Villar señaló que ya se estaba trabajando en la adopción de medidas para atajar esa situación, de forma que dejen de existir deudas arrastradas desde hace años. Y esa es justo la situación que se pudo constatar este mismo martes, en esa última reunión del órgano de representación política en el que se adoptan la mayoría de las decisiones que afectan a la gestión municipal.
En concreto, se adoptaron hasta tres acuerdos distintos por las que se dio el visto bueno al abono de más de 1,9 millones (1.917.606,93 euros, en concreto) en obligaciones de pago pendientes de satisfacer respecto a la prestación de servicios o relacionadas con la ejecución de obras. El grueso de ese importe -hasta 1.116.812,89 euros- corresponde con la prestación del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público e instalaciones eléctricas de baja tensión por la prestación asumida por SICE y Becsa constituidas en UTE.
Su abono se produce en cumplimiento de la sentencia de febrero de 2026 dictada por la plaza número 4 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante que atiende la reclamación presentada por las dos compañías contra el ayuntamiento por servicios prestados en algunos casos correspondientes a 2020. Después de varias resoluciones de aclaración y de rectificación posteriores, con pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) incluido, el equipo de gobierno acordó finalmente el pago de hasta 21 facturas pendientes, por un importe principal de 738.185,67 euros, a los que se suman 369.497,62 euros por intereses de demora y otros 8.249,60 euros por intereses legales por devolución de la garantía definitiva y 880,00 euros a costes de cobro.
En segundo término, el equipo de gobierno también aprobó ejecutar la sentencia dictada en enero de 2024 por el TSJCV en la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por la anterior concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes, Geamur, frente a pagos correspondientes al último periodo en el que desempeñó la prestación. En concreto, esa resolución conminaba al ayuntamiento a abonar a la empresa 599.612,57 euros por la liquidación del servicio prestado durante el periodo en el que siguió a cargo del mantenimiento de los jardines públicos municipales, una vez vencida la duración de su contrato inicial y de sus prórrogas posibles, así como por el abono de facturas pendientes, intereses de demora y gastos de gestión de cobro.
Además, establecía que esa cantidad debía incrementarse en otros 76.524,43 por los intereses de demora generados. Con todo, el acuerdo adoptado este martes se limita a autorizar el abono de la suma principal, hasta que pueda generarse el crédito suficiente para pagar también esos intereses adicionales. Con ello, el pago global a Geamur respecto a esa reclamación por servicios prestados hasta 2020 ascenderá a 676.137 euros.
Y el tercer y último pago deriva de la realización de las obras de reurbanización de la avenida de Jijona. En este caso, se trata del abono de intereses de demora por el retraso en el pago de determinadas certificaciones de obra realizada, que se asumen sin que exista resolución judicial que conmine a hacerlo. En concreto, el acuerdo establece el pago de 201.181,47 euros a la empresa adjudicataria de esos trabajos: Grupo Bertolín. Se da la circunstancia de que el equipo de gobierno aprobó la liquidación de la suma principal derivada de la ejecución de ese proyecto, en la reunión de la Junta Local celebrada la semana pasada. En concreto, en ese momento se autorizó el abono de otros 232.761,01 euros por la certificación final de esos trabajos, a partir de las comprobaciones y mediciones constatadas por los técnicos municipales a fecha de 19 de diciembre de 2025, como informó este diario.
Y, al margen de esos tres acuerdos, la suma de pagos por servicios o facturas atrasadas todavía podría haber sido mayor a partir de otra reclamación formulada por otra contratista municipal. En este caso, Eneas Servicios Integrales. La constructora había exigido el abono de 4.221,81 euros en concepto de intereses de demora, y 320 más en concepto de indemnización por costes de cobro, por la realización de los trabajos de acondicionamiento del monumento de propiedad municipal de la Torre Sarrió para habilitar ese edificio como sede del centro de interpretación del conjunto patrimonial de las Torres de la Huerta. Con todo, el equipo de gobierno desestima esa reclamación, en otro acuerdo adoptado en Junta Local, este martes, al concluir que el plazo de cuatro años para reclamar estaría prescrito.
Medidas y críticas
El conjunto de esos pagos autorizados ahora por servicios prestados hace años llevó, en consecuencia, al vicealcalde y edil de Contratación, Manuel Villar, a reconocer que el equipo de gobierno "no está satisfecho" con esa situación y que se está trabajando para "intentar que esto no suceda". En este sentido, señaló que se deben implementar "cuestiones internas de mejora de la tramitación de los expedientes en todos los servicios que afectan al ayuntamiento", sin llegar a precisar si se trataba de incorporar más personal para cubrir determinadas funciones de control de facturación, o de implementar nuevas herramientas de gestión de pagos para agilizar los que proceda abonar una vez comprobada la realización de los trabajos de los que derivan, en función de los informes de los técnicos de cada área.
Sea como fuere, ese análisis no aplacó las críticas de formaciones que ejercen funciones de oposición, como el PSOE. Su portavoz municipal, Trini Amorós, instó directamente al alcalde, Luis Barcala, a "tomarse en serio la gestión económica del ayuntamiento" tras lamentar que se tenga que pagar cerca de 580.000 euros en intereses de demora por retrasos en el pago de facturas. "Barcala no puede actuar como si estuviera en una partida de Monopoly en la que el dinero es de papel. Han condenado al Ayuntamiento a pagar 580.000 euros por la poca eficiencia con la que gestiona el dinero de todos los alicantinos y alicantinas. Es inaceptable que se pierda ese dinero en una ciudad que arrastra tantas carencias", señaló.
La portavoz socialista sostuvo que esos fondos podrían haberse destinado "a ejecutar actuaciones que el alcalde lleva años prometiendo y que siguen sin materializarse, como la remodelación del parque Lo Morant". "No es que no haya fondos para acometer las mejoras que necesita Alicante. Hay dinero, pero la gestión municipal es penosa", concluyó.
