ALICANTE. La reurbanización de la avenida de Jijona de Alicante llega a su fin. Al menos, así se habría constatado este martes con la adopción del que pasa por ser el último acuerdo relacionado con la tramitación administrativa de sus obras: la aprobación de la certificación final de esos trabajos. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha validado en la reunión semanal de la Junta Local el pago del último importe adeudado a Grupo Bertolín como empresa adjudicataria del proyecto. El acuerdo comprende el abono de otros 232.761,01 euros, a partir de las comprobaciones y mediciones constatadas por los técnicos municipales a fecha de 19 de diciembre de 2025.
Con ello, debería ponerse fin a un proyecto que se vio envuelto en la polémica desde mediados de 2023, cuando se constató que no se estaban cumpliendo los plazos de ejecución previstos para su realización hasta el punto de que las obras habían quedado en suspenso. De hecho, esa circunstancia motivó que el equipo de gobierno -entonces compuesto por PP y Ciudadanos (Cs)- iniciase los trámites para resolver el contrato en octubre de ese año tras alegar un supuesto incumplimiento por parte de la adjudicataria.
No obstante, ese expediente se acabó anulando en enero de 2024 y, en su lugar, se optó por promover una modificación del proyecto con un incremento presupuestario y una ampliación del plazo para su ejecución, después de que se constatase contratiempos sobrevenidos, como la necesidad de eliminar restos de amianto no previstos en el momento de la redacción del proyecto.
Así, las obras que se habían adjudicado en noviembre de 2022 por 2.500.118,29 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de seis meses, se reanudaron ya a mediados de 2024 con un importe adicional de 499.273,62 euros y un plazo extendido de otros cuatro meses. Finalmente, las obras se dieron por concluidas y se recepcionaron el 9 de octubre de 2025. Y dos meses después se produjeron las mediciones finales que ahora comportan un último pago por los trabajos realizados.
Las dudas de Compromís
No obstante, ese último acuerdo ha suscitado las críticas del grupo municipal de Compromís hasta el punto de exigir información adicional sobre el expediente para conocer el coste definitivo de la actuación. En esta línea, su portavoz municipal, Rafa Mas, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno en la que cuestiona los motivos por los que se decidió mantener el contrato y no proceder a su rescisión. Además, también pretende conocer si se impusieron sanciones por los retrasos acumulados en la ejecución de las obras y si se llegaron "a cobrar efectivamente los 97.938 euros anunciados en concepto de penalización y en qué fecha exacta se materializó dicho ingreso o descuento".
Al tiempo, Compromís exige conocer las causas concretas y conceptos técnicos que justificaron la modificación del contrato por un importe de 499.273,62 euros adicionales a mediados de 2024 y por qué ha transcurrido casi un año desde la recepción de las obras hasta la elevación de la propuesta de aprobación de la certificación final. Y no solo eso. La coalición valencianista trata de profundizar también en las implicaciones de ese conjunto de vicisitudes en la concesión de la financiación europea (fondos Idae) concedidos para su ejecución, de forma que se precise si se ha perdido "la totalidad de los 1.050.334 euros procedentes" de esa ayuda.
Al hilo de ello, pretende que se precise si "se ha estudiado o iniciado expediente para reclamar a la empresa adjudicataria los daños y perjuicios ocasionados a las arcas municipales por la pérdida de dichos fondos", en el caso de que se hubiera producido. Y, por último, insta a que se precise cuál es el coste final y definitivo de toda la actuación, desglosando el importe correspondiente a la adjudicación inicial, la dirección facultativa, las modificaciones del proyecto y la certificación final.
