ALICANTE. El centro de congresos de Alicante no tiene, por ahora, ningún calendario definido respecto al inicio de obra. Y no lo tiene porque queda condicionado por el desarrollo de un acuerdo previo: la modificación del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA) para que el edificio pueda quedar emplazado entre las explanadas de los muelles 7 y 9. Ese fue, cuando menos, el resumen de las explicaciones facilitadas este miércoles por la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, en respuesta a la pregunta formulada por el diputado socialista, Raúl Ruiz, sobre los plazos y el sistema de financiación previstos para el proyecto, en el desenlace del pleno de la corporación provincial correspondiente al mes de mayo.
"No resulta posible aventurar una fecha sobre la firma del acta de replanteo de las obras", apuntó -al referirse al acuerdo que despeja el desarrollo de los trabajos-, puesto que ese trámite depende del momento en el que esa revisión de la normativa urbanística del Puerto quede aprobada por la Generalitat. Hasta ahora, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, solo había estimado la posibilidad de que las labores de construcción pudiesen iniciarse a mediados de 2025, después de que el jurado de expertos diese a conocer el anteproyecto del diseño del edificio congresual y del nuevo centro operativo de Suma, aunque ya entonces se puso de manifiesto que la construcción quedaba supeditada al Plan Especial del Puerto.
En cualquier caso, Sellés sí apuntó que el único compromiso temporal que puede tener vigencia es el que atañe a la conclusión de las obras. "Le puedo decir que la fecha de finalización es de 30 meses a contar desde el momento en el que den comienzo, que es lo que se establece en las bases de la convocatoria del concurso", apuntó. Y, al margen de ello, también confirmó cuál será el sistema de financiación acordado hasta ahora respecto a los 65 millones establecidos como coste límite de los dos edificios. Sellés garantizó que la Diputación se haría cargo de dos tercios de la inversión necesaria, como quedó delimitado en el protocolo general de actuaciones firmado por la institución provincial y el Ayuntamiento de Alicante en 2022. Entonces, se llegó a apuntar que las obras podrían comenzar en 2023, lo que habría perdido toda vigencia desde el momento en el que la convocatoria del concurso para elegir el diseño del edificio no se puso en marcha hasta el pasado mes de abril.
Sea como fuere, en ese acuerdo se concretaba que el tercio restante quedaría a cargo de la administración local. Y ese compromiso no se habría modificado con posterioridad. No obstante, la diputada de Arquitectura también apuntó que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, había anticipado su "apoyo total" al proyecto, en una reciente comparecencia pública en Alicante, lo que extendió de forma expresa a su promoción, a su explotación posterior y también a su financiación, con lo que seguiría existiendo una puerta abierta a la contribución autonómica en los costes de construcción.
Lo cierto es que sigue habiendo margen para sumar actores al proyecto, toda vez que los tiempos requeridos para la tramitación del expediente de contratación habrían retrasado la ratificación del fallo del jurado por parte del pleno de la institución al menos hasta el mes de junio. Se trata del acuerdo necesario para que pueda formalizarse el encargo de la redacción del proyecto de ejecución definitivo a los gabinetes de arquitectura seleccionados para diseñarlo: Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Prointec.
El aplazamiento de ese acuerdo no impidió que en el pleno también se tratase sobre el fallo del jurado. O, mejor dicho, sobre su composición, a partir de otra pregunta formulada por el portavoz del grupo socialista en la institución, Vicent Arques. El también alcalde de l'Alfàs del Pi cuestionó sobre la ausencia de una de las componentes de ese grupo de expertos -la arquitecta, profesora y urbanista neerlandesa Nathalie De Vries- en las últimas dos jornadas de deliberación presencial celebradas en Alicante.
Y de nuevo fue Sellés quien respondió para asegurar que la incomparecencia de De Vries no vulneró las bases del concurso, ya que en ellas se establece que el jurado debería integrar a arquitectos de reconocido prestigio internacional "y así fue". "Las bases no dicen que los miembros del jurado tengan que ser de distintas nacionalidades; dicen que debe estar formado por al menos un arquitecto de reconocido prestigio internacional, y no había uno, sino varios entre los profesionales que han desarrollado su trabajo durante cinco meses", explicó, en alusión al proceso de evaluación de las 121 propuestas presentadas al concurso.