Uno de los supuestos sicarios, junto al gerente y el propietario del Mesalina, en el banquillo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los acusados de orquestar el asesinato a tiros del exalcalde de Polop Alejandro Ponsoda en 2007 lo niegan todo. Su sucesor, Juan Cano, acusado de encargar el crimen por animadversión personal y ambición urbanística, dibujó una relación idílica con su predecesor y una confianza mutua que no casan con el supuesto móvil. El empresario acusado de participar en la maquinación, Salvador Ros, lo apreciaba por la ayuda que prestó a su hermano tras su accidente de tráfico. El dueño del club Mesalina, Pedro Hermosilla, donde supuestamente se cerró el trato con los sicarios que apretaron el gatillo, nunca vio a ninguno de los acusados por allí. El gerente del mismo club, Ariel Gatto, desvirtuó la declaración del testigo protegido, insinuando una supuesta venganza por haberlo despedido. Nadie conocía a nadie y nadie habló nunca con nadie del crimen, mucho menos en el reservado donde supuestamente se contrató.
La segunda sesión del juicio por este crimen, que se celebra más de doce años después de que se cometiese, sentó en el estrado a Gatto, Hermosilla, García Ros y Cano, horas después de que declarasen los dos ciudadanos checos, Robert Franek y Radim Rakowski, y el español Raúl Montero, acusados de la autoría material. Los siete acusados han negado su participación en los hechos, que se conociesen entre ellos, que tuviesen motivos para matar a Ponsoda, que estuviesen en el Mesalina en aquellas fechas... todo. Este jueves, declara entre otros el testigo protegido, otro supuesto sicario que según su versión rechazó el encargo antes de que le llegase a Rakowski, Franek y Montero, y que es la principal prueba de cargo de la acusación y la Fiscalía. Sin contar con las conversaciones obtenidas en los pinchazos telefónicos que, a juicio de las acusaciones, refuerzan los indicios en contra de los procesados.
El primero en declarar fue Gatto, que rechazó contestar a las acusaciones y atendió a las defensas, para asegurar que el testigo protegido no entró a trabajar en el Mesalina, como portero, hasta 2008 (el crimen se cometió en octubre de 2007), y que "lo echamos porque tenía problemas con su pareja y empezó a beber y hacer mal su trabajo". El empresario zapatero acusado, que luego sí fue cliente del club, "no venía en 2007 porque estaba casado y su mujer no le dejaba". Gatto no escuchó a nadie planificar un asesinato en el Mesalina, según su declaración. Pedro Hermosilla, dueño del club, ratificó todos estos puntos (él sí contestó a las acusaciones): en 2007 el testigo protegido no trabajaba allí, García Ros comenzó a frecuentar el local un año después del crimen, Montero iba de vez en cuando, y nunca los vio juntos. Tampoco a Cano, a quien conoció en 2001 porque le concedió una hipoteca como director de la oficina de la CAM de La Vila "y nunca lo volví a ver".
García Ros, como Gatto, solo respondió a las defensas porque "el fiscal y la acusación intentan confundir al jurado". Explicó que tiene una tienda de zapatos en Polop desde hace 35 años y que "nunca tuve un problema con el Ayuntamiento". Su relación con Ponsoda era "buena", e incluso la víctima había ayudado al hermano del empresario después de quedarse este parapléjico tras un accidente de tráfico hace veinte años. "Con Cano no he tenido relación, ni antes ni después", aseguró. El sucesor de Ponsoda incluso añadiría luego, en su declaración, que Ros "me caía mal". En 2007 vivía con la madre de su hijo, de nacionalidad rumana, pero ella lo abandonó un año después y comenzó a ir al Mesalina "con unos amigos, porque me quedé solo". Pero eso sí, "nunca he estado en ninguna reunión para hablar de un asesinato".
En cuanto a Juan Cano, que fue el último en declarar, el exalcalde de Polop no solo negó su participación en los hechos, sino incluso que hubiese una mala relación con su compañero de partido y de Corporación, o que existiese un interés urbanístico que pudiese haber actuado como móvil. "Nunca, con nadie, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia". Así respondió a la última pregunta de su defensa, ejercida por en penalista Javier Boix (¿se concertó usted con alguien para matar a Alejandro Ponsoda?), tras un extenso interrogatorio por parte de fiscal y acusación, en el que éstas intentaron establecer una mala relación personal y política entre el acusado y la víctima.
Cano, en cambio, trazó el relato de una relación idílica y de apoyo mutuo, que contrasta fuertemente con la tesis de la acusación y la UCO durante la instrucción. "Siempre apoyé a Ponsoda", que confiaba en él para gestionar el Urbanismo (la teoría de la instrucción es que el alcalde asesinado bloqueaba una actuación en la que el acusado y el empresario Salvador Ros tenían interés). "Él me decía, 'fes, fes', porque no quería tener líos". Y el propio alcalde le devolvió las competencias en Urbanismo, que él "no quería", poco antes de fallecer. El acusado incluso 'confesó' dos presuntos delitos administrativos para evidenciar su buena relación con la familia: permitir que la hija de la víctima, María Ponsoda, se convirtiese en fija en la plantilla municipal al "olvidarme de notificarle el vencimiento de su contrato temporal", y sacar 3.000 euros de la caja municipal para los gastos de las hijas en los días posteriores para regularizarlo con la última nómina de Ponsoda.
El acusado de ser autor intelectual del asesinato ha presentado su imputación en la causa como un supuesto montaje de la UCO. "Me interrogaron como testigo cuando ya era sospechoso, dirigieron lo que querían que pusiera en la declaración", y en otro momento, asegura, "me animaron a irme de viaje a Estados Unidos a ver a mi hija dos días antes de detenerme, para montar un escándalo". "Gentuza", ha apostillado. Cano ha acusado de mentir a las hijas, a su sucesora María Dolores Zaragoza (ya fallecida) y a otros testigos, bien por "odio" hacia él por haber perdido la asamblea interna del PP, o bien porque "la UCO les ha comido la cabeza".
