La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, junto al alcalde, Luis Barcala, en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) persisten en su intención de promover un nuevo presupuesto para el Ayuntamiento de Alicante con el que afrontar el ejercicio de 2023: año electoral. Así lo ha reafirmado este martes el portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, durante la comparecencia habitual en la que se da cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno, para sostener que "el trabajo está bastante más avanzado que en otros años" por lo que ha sostenido que el objetivo sigue siendo que la planificación económica pueda estar aprobada antes de que concluya 2022, a diferencia de lo que viene sucediendo en los dos últimos mandatos.
En esta línea, Villar ha asegurado que "en esta ocasión el proceso se ha simplificado y los tenemos prácticamente listos" por lo que ha recalcado que la pretensión de PP y Cs es que las cuentas puedan quedar aprobada en pleno en el margen de los dos próximos años, siempre que "las matemáticas nos den", en alusión a la necesidad de recabar los votos que resultan necesarios para sumar mayoría. De hecho, ha asegurado que se prevé que puedan emprenderse los contactos con los grupos de la oposición -PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox- en las próximas semanas con la intención de poder sumar "con quien esté dispuesto a prestarnos su apoyo", según ha manifestado, en una apostilla que los tres grupos del eje progresista han interpretado como una referencia indirecta a los dos ediles de Vox, que han facilitado que el bipartito consiguiese sacar adelante sus cuentas en 2020, 2021 y 2022.
Por lo pronto, el bipartito sigue optando por mantener una actitud de prudencia en relación a las posiciones de Vox, como la defendida por su portavoz, Mario Ortolá, durante la celebración del debate sobre el estado de la ciudad, cuando vinculó delincuencia con población extranjera. Tanto es así que, al ser preguntado al respecto, el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, ha asegurado este martes -en la comparecencia semanal en la que se informa sobre los asuntos tratados en Junta de Gobierno- que PP y Cs no entraban a valorar "las posiciones políticas del resto de partidos" en ese tipo de planteamientos.
Así, los portavoces de PSOE, Unides Podem EU y Compromís -Miguel Millana, Xavier López y Natxo Bellido- han coincidido en interpretar las palabras de Villar sobre la búsqueda de apoyos como una referencia indirecta a Vox, por lo que han emplazado al bipartito a abrir la negociación con el conjunto de fuerzas opositoras "para evitar que las cuentas de Alicante vuelvan a quedar supeditadas a cesiones a la ultraderecha". "Nosotros estamos abiertos a la negociación y a presentar propuestas", han coincidido en señalar Millana y Bellido. Por su parte, López también ha emplazado a PP y Cs a cumplir con sus compromisos y aprobar "de una vez los presupuestos en tiempo para que no se vuelva a retrasar hasta el mes de abril".
¿Cuáles serán las claves de la propuesta económica en la que trabaja el bipartito? Como ya ha informado este diario, la prioridad será la de procurar dotación presupuestaria para ejecutar proyectos pendientes que no se incluyeron en los años precedentes o que quedaron troceados en planes de ejecución plurianual con la intención de darles continuidad en 2023. De ahí que no se prevea la incorporación de grandes inversiones adicionales a las que ya están en desarrollo, bien en fase de ejecución o bien en periodo de contratación.
Además, otra de las grandes claves de ese documento será la incorporación de recursos para costear la renovación de las dos principales contratas de servicios que dependen del Ayuntamiento: la de limpieza viaria y recogida de residuos, que quedará en manos de la UTE compuesta por FCC y PreZero, y la del transporte público en autobús, a cargo de otra UTE formada por las empresas del Grupo Vectalia (entre las que figura la actual concesionaria, Masatusa).
Al margen de ello, existen dos grandes partidas por precisar que atañen a gastos fijos a afrontar por todo ayuntamiento. En primer término, los costes de personal, en los que se debe incorporar la actualización del IPC y en el consiguiente incremento de las cotizaciones a la seguridad social de la plantilla de cerca de 2.500 funcionarios municipales. Y en segundo lugar, los gastos energéticos, pendientes de concreción a través del acuerdo de compra conjunta promovido por la Diputación o de que -llegado el caso- se pudiese formalizar un contrato particular para la ciudad de Alicante.
