ALICANTE. La propuesta promovida por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante por la que se pretendía ceder la recaudación de los impuestos municipales al organismo tributario de la Diputación, Suma, se hará esperar. El bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) ha abogado por retrasar la votación política que resulta necesaria para que se produzca el traspaso de la gestión, de modo que no se planteará para su debate en el pleno correspondiente al mes de septiembre, el próximo jueves. De hecho, no ha quedado incluido en el orden del día de la comisión de Hacienda prevista para este viernes y no se incluirá como asunto de urgencia para que pueda evaluarse en esa misma sesión, según confirmaron fuentes del equipo de gobierno a consulta de Alicante Plaza.
Lo cierto es que, hasta el momento, no se había llegado a dar una fecha oficial para que se pudiese adoptar la decisión, aunque sí se había anticipado la intención de acelerarlo para que pueda tener eficacia a la mayor brevedad. Es más, incluso se había llegado a organizar una reunión informativa previa con los representantes de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición para trasladarles información sobre la propuesta.
Sin embargo, los cuatro grupos opositores en bloque salieron de ese encuentro con algo más que recelos respecto a la oportunidad y conveniencia de la medida. Los representantes de PSOE, Unides Podem EU y Compromís se mostraron abiertamente en contra al considerar que no se les había facilitado argumentos que justificasen la transferencia de la recaudación. Menos si cabe si se tenía en cuenta que iba a suponer un coste cercano al millón de euros al año con cargo a la contabilidad municipal, como ya había adelantado el alcalde, Luis Barcala (PP), al confirmar la negociación del convenio a suscribir con Suma y defender las mejoras que conllevaría en atención al público y en la flexibilidad de los pagos.
Por su parte, los representantes de Vox no expresaron un rechazo tajante, aunque sí manifestaron sus dudas hasta el punto de solicitar que se facilitase copia de los informes en los que podía fundamentarse la conveniencia del traspaso, seis años después de que se diese el paso contrario, cuando el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) recuperó la recaudación tributaria que se había transferido a la Diputación bajo el mandato de la popular Sonia Castedo para que volviese a quedar bajo la competencia municipal.
Y no solo eso. El portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, aseguró este miércoles que también preveía solicitar copia de los estudios que se realizaron en el año 2013 para ceder la gestión impositiva a Suma, y los que se utilizaron en 2015 para rescatarla, con la intención de poder comparar los argumentos y motivos que se utilizaron en cada caso. "Pretendemos analizar la cuestión sin prejuicios de ningún tipo y comprobar qué opción es la que más interesa a la ciudad", señaló.
Como informó este diario, la postura adoptada por los cuatro grupos de la oposición dejaba en el aire la posibilidad de que el acuerdo prosperase, ya que el bipartito (con 14 concejales en una corporación de 29 ediles) no tenía garantizada la mayoría necesaria para que quedase aprobada. Pero, además, PP y Cs sumaron el rechazo frontal manifestado por hasta quince asociaciones vecinales que instaron al bipartito a desistir de su planteamiento tras calificarlo de perjudicial para la ciudad por el coste que conllevaría.
En este contexto, el debate de la propuesta ha quedado como mínimo aplazada hasta el pleno del mes de octubre. Según fuentes consultadas, no consta que el bipartito haya renunciado a su propuesta, por lo que se estaría tratando de recopilar informes y argumentos con los que hacer pedagogía y tratar de convencer de las ventajas del cambio de modelo tanto a la parte política como al conjunto de la ciudadanía.