Un momento del desarrollo de la reunión informativa sobre el traspaso de la gestión de los impuestos a Suma.ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), encuentra más dificultades de las que habría esperado para promover la devolución de la gestión de los impuestos municipales a Suma. Cuando menos, tanto los tres partidos que conforman el eje progresista en la corporación -PSOE, Unides Podem EU y Compromís- como Vox han mostrado este viernes sus dudas sobre la pertinencia del acuerdo, que se pretende elevar a votación en el pleno ordinario de septiembre, tras el desarrollo de una reunión informativa en la que los representantes del bipartito han concretado las condiciones de ese hipotético traspaso, ya negociado con el organismo tributario de la Diputación Provincial.
A grandes rasgos, esas condiciones ya quedaron anticipadas por el mismo alcalde, Luis Barcala, a principios de septiembre. El primer edil señaló que la conveniencia de la cesión de la recaudación impositiva quedaba justificada en la posibilidad de ofrecer mayor flexibilidad a la ciudadanía para fraccionar el pago de los tributos, así como en la extensión de las oficinas para que cualquier interesado pudiese resolver dudas o formular consultas de manera presencial. Además, concretó que el coste anual de ese traspaso para el Ayuntamiento sería de alrededor de un millón de euros al año: una cifra que, dijo, quedaba amortizada si se tenía en cuenta el presupuesto que resultaría necesario para abrir oficinas informativas municipales en las que atender a los ciudadanos, así como la previsible mejora en los índices de recaudación.
No obstante, ninguna de las cuatro formaciones políticas que ejercen funciones de oposición ha compartido de manera estricta esas teóricas ventajas. En primer término, el PSOE ha avanzado que no consentirá "que Barcala expolie a los vecinos de Alicante más de cuatro millones por el empeño de este alcalde de traspasar la recaudación tributaria municipal a Suma, un organismo dependiente de la Diputación Provincial", en alusión a los costes del acuerdo para el ayuntamiento.
La portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, ha asegurado no entender "la actitud de Barcala", al finalizar la reunión informativa. "A no ser que sea para contentar a su jefe, Carlos Mazón, no entendemos las razones por las que el bipartito quiere cambiar algo que está funcionando perfectamente. Además, de producirse este cambio, va a costar a las arcas municipales más de un millón de euros al año, lo que nos parece escandaloso", ha asegurado.
Amorós ha declarado que "conociendo a este ‘inoperante’ alcalde, es capaz de ‘regalar’ el dinero de toda la ciudadanía cuando ésta recibe un servicio modélico gracias a la profesionalidad y la excelencia de los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante. Este dinero se podría dedicar a otras urgencias que padece Alicante, pero está claro que a este alcalde solo le preocupa lo que ordene su jefe de partido, no sus vecinos". Así, ha insistido en que "ese dinero que va ‘a regalar’ el señor alcalde se podía emplear para cuidar colegios públicos, las playas desatendidas, los barrios, cada vez más degradados, en atención a personas más desfavorecidas, en ayudas sociales...".
En segundo término, el portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, ha señalado que "en la reunión informativa la concejala de Hacienda no nos ha dado ni una sola razón de peso para trasladar la gestión tributaria del ayuntamiento al órgano de la Diputación, Suma". "No hemos visto ningún beneficio económico, pues el ahorro de alrededor de un millón de euros es prácticamente lo mismo que cuesta el pago de nuestro consistorio al ente provincial para que ahora asuma esa tarea. No hemos visto un beneficio en cuanto a recursos humanos disponibles y no se nos ha explicado con detalle cuántos funcionarios se verán liberados para otros trabajos municipales de las responsabilidades que tienen estos momentos", ha explicado.
Además, ha recalcado que "tampoco vemos ninguna mejora de calado en infraestructuras que no pudiera ejercer un ayuntamiento como el nuestro, si el Partido Popular tuviera una voluntad real de descentralización de su actividad hacia las Juntas de Distrito". De igual modo, López ha incidido en que "se nos ha ofrecido ya un convenio redactado y anunciado para firmarse, sin que los grupos políticos hayamos tenido capacidad de maniobra previa con el objeto de expresar opinión y hacer propuestas". "Por tanto, entendemos que este encuentro a parte de un paripé en el que ni había informes, ni había respuestas concretas a nuestras preguntas, ni había ninguna propuesta reseñable era pura operación de marketing para la candidatura del Partido Popular. Entendemos también que Barcala está deseoso de hacerle regalos a su candidato autonómico, y creemos que si lo que quiere hacerle es la campaña debería utilizar sus horas libres", ha concluido.
En tercer lugar, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, también ha recriminado que el bipartito haya citado a los grupos de la oposición para tratar sobre el acuerdo de cesión "cuando ya está todo negociado y no se da cabida a la participación política". En esta línea, también ha considerado que no se ha aportado "ninguna explicación que pueda justificar si existe cierta desconfianza respecto a la capacidad de gestión municipal como para transferir la recaudación a Suma" y ha recalcado que "en estos momentos, el ayuntamiento dispone de capacidad económica suficiente para abordar una posible descentralización de los puntos de información sobre la recaudación fiscal", en alusión a otro de los argumentos defendidos por el bipartito como mejoras en la cesión de la recaudación a la Diputación. Y, por último, ha considerado que el alcalde "mintió cuando dijo que Suma disponía de mayor flexibilidad para que la ciudadanía pudiese fraccionar los pagos, ya que la regulación tributaria es la misma a la que puede acogerse el ayuntamiento".
Tampoco ha escatimado en críticas el grupo municipal de Vox. Su portavoz, Mario Ortolá, ha considerado que "no encontramos argumentos de peso que determinen que sea necesaria realizar ahora mismo esta cesión". Así, como Bellido, también ha apuntado que "no es cierto que Suma tenga una regulación legal más laxa en cuanto al fraccionamiento porque depende de nuestra ordenanza municipal, ya que la Ley General Tributaria es la misma para toda la administración pública, incluida Suma como organismo autónomo".
En esta línea, ha asegurado que "tampoco es cierto que sea imposible descentralizar la atención al ciudadano en los barrios. Si esto es así, ya podríamos cerrar todos los centros comunitarios en los que se atiende a los alicantinos. Es absurdo. Es difícil de entender también que en un convenio que afectará al siguiente mandato no hayamos contado con la posibilidad de conocer el proyecto, que ya está cerrado y que es un trágala en toda regla", ha argumentado. Por ello, ha apuntado que "solicitaremos los informes técnicos que se emitieron desde Hacienda en 2013 y en 2015 y estudiaremos los nuevos para tomar una decisión", ha concluido.
Con esos cuatro posicionamientos, PP y Cs podrían no reunir la mayoría simple necesaria para que el convenio de encomienda de gestión de la recaudación de los impuestos municipales pueda quedar aprobado, ya que las dos fuerzas aliadas en la gestión municipal suman solo 14 votos en una corporación compuesta por 29 ediles.
Al margen de ello, la propuesta de traspaso de la gestión de la recaudación también ha suscitado el rechazo de hasta quince asociaciones vecinales, que consideran que la medida perjudicaría a la ciudad por los costes que acarrearía.
