El alcalde de Alicante, Luis Barcala. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La afinidad de posiciones y la coincidencia de voto registradas desde 2019, y especialmente en dos de los asuntos políticos centrales del mandato actual, como la ordenanza de convivencia cívica o los presupuestos de 2022 (el último a ejecutar de forma completa antes de las elecciones de 2023) no permite todavía confirmar la posibilidad de que pueda alcanzarse un hipotético pacto de gobierno entre PP y Vox tras los próximos comicios municipales. Como mínimo, el presidente local del PP y alcalde de Alicante, Luis Barcala, opta por la prudencia, sin pronunciarse abiertamente sobre esa posibilidad y, en consecuencia, sin llegar a despejar la incógnita. "Queda un año y eso es un mundo", señaló este jueves, en una de sus comparecencias públicas, a pregunta de Alicante Plaza.
En esta línea, el primer edil eludió una respuesta clara y abogó por señalar que "acabamos de aprobar los presupuestos y a mí lo que me preocupa y ocupa es única y exclusivamente poner en marcha esos presupuestos que necesita la ciudad", que permanecen en exposición al público desde este viernes para la presentación de alegaciones. Por el momento, se limitó a poner de manifiesto su confianza en Ciudadanos (Cs), sus actuales socios al frente de la gestión municipal, para alejar fantasmas sobre posibles rupturas, al asegurar que dispone de "un equipo de gobierno estable para ejecutar y llevar a cabo" las previsiones de esos presupuestos. "Eso es ahora mismo en lo único en lo que tengo puesta la cabeza; nadie sabemos lo que va a pasar, porque es un mundo, y todos tenemos experiencia en el tema", enfatizó, sin añadidos adicionales de los que pudiese traducirse indicios de predisposición o de rechazo al pacto.
La prudencia del primer edil contrastaría, en cierto modo, con la posición manifestada por el presidente regional del PPCV, titular de la Diputación y edil alicantino, Carlos Mazón, quien sí ha manifestado ya que, en su opinión, habría llegado el momento de superar "prejuicios" y que no existiría ningún impedimento para plantearse la posible formación de un gobierno con el partido de Santiago Abascal. También expresó una posición similar la secretaria general del PPCV, María José Catalá, a colación de los resultados deparados en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Y hasta el propio Barcala no descartó la formación de esa posible alianza en el escenario municipal, en una entrevista concedida a este diario, en la que señaló que el PP es un partido "que aspira a gobernar en solitario" pero que no cerraría la puerta a "llegar a un acuerdo, o llegar a acuerdos puntuales" con Vox o "con otros partidos como el PSOE. ¿Por qué no?".
Ahora bien, lo cierto es que, en la misma noche electoral de mayo de 2019, fue el propio Barcala quien excluyó a Vox de las conversaciones que pretendía abordar para formar gobierno, cuando anunció su intención de tender la mano a Cs con la intención de sellar una alianza de centro-derecha al frente del ayuntamiento, pese a ser consciente de que tendría que afrontar un mandato con un equipo conformado por solo 14 concejales: a un voto de poder contar con la mayoría absoluta.
Ese aislamiento no fue bien acogido entonces por los representantes de Vox. Y así lo han venido expresando sus ediles en varios de los plenos celebrados en los últimos tres años, en los que su portavoz, Mario Ortolá, ha recriminado a los populares que optasen por Cs pese a sus vaivenes o la tibieza que le siguen recriminando en la cuestión lingüística, por ejemplo.
Vox estaría dispuesto a conversar y negociar, en función de cuáles sean los resultados electorales
En cualquier caso, la otra cuestión que quedaría por despejar es si Vox estaría dispuesto a estudiar ese hipotético pacto con el PP en 2023. Por lo pronto, el mismo Ortolá señaló este jueves, a consulta de Alicante Plaza, que todo dependería de los resultados concretos que deparen las próximas elecciones. "Si los números dieran, lo lógico es que se hablase y se negociase, y que todos tuviésemos que ceder", apuntó. En este sentido, señaló que las expectativas que se manejan es que su partido pueda crecer en representantes, después de haber obtenido dos actas de concejal en la que fue su primera candidatura a la Alcaldía de la capital.
Sea como fuere, insistió en defender que el desenlace registrado en los dos últimos plenos extraordinarios, en los que se aprobó la ordenanza de convivencia y el presupuesto municipal de 2022, no habría formado parte de una negociación en paralelo con el equipo de gobierno. "Nosotros separamos los dos acuerdos desde el principio y no condicionamos nuestra posición sobre las cuentas a que se aprobase la ordenanza", recalcó. "Venimos presionando para que se apruebe desde hace más de un año, lo que ocurre es que se ha hecho coincidir las dos votaciones y nosotros ya dijimos que votaríamos a favor de las cuentas si se aceptaban la mayoría de nuestras enmiendas, como ha sucedido", señaló.
Sea como fuere, al margen de esquivar el debate sobre posibles alianzas, el primer edil también se refirió este jueves al desarrollo de la ordenanza de convivencia cívica para insistir en que el texto aprobado es muy similar a la ordenanza en fase de borrador que se estaría tramitando en el Ayuntamiento de València, con un gobierno formado por Compromís y PSPV-PSOE. Es más, insistió en que, en la actualidad, en València ya existe una ordenanza específica sobre la prostitución, aprobada en 2013 (bajo el mandato del PP), en la que se prevé sanciones por el ofrecimiento de servicios sexuales "que el actual equipo de gobierno no ha modificado y, por tanto, se mantiene siete años después". Así, insistió en recriminar la "hipocresia" de las formaciones políticas "que critican la ordenanza de Alicante y que piensan que aquí no vale, pero cuando existe en otras ciudades, sí".
En este sentido, volvió a recalcar que la ordenanza trata de proporcionar una herramienta para que la Policía Local pueda intervenir frente a conductas incívicas "ante las quejas que nos trasladan los ciudadanos". De este modo, señaló que con la ordenanza "no se trata solo de sancionar", sino que existe una fase previa en la que se proporciona información sobre los comportamientos que no están permitidos y sobre los recursos sociales disponibles. Además, señaló que "la ordenanza será útil para tener información sobre la situación concreta de los posibles infractores, puesto que hasta ahora no se tenía base para poder actuar y conocer cuáles son sus posibles necesidades y proceder en consecuencia" en el límite de las competencias municipales.
Por último, añadió que se estaba ultimando un plan para comenzar a aplicar los preceptos recogidos en la ordenanza y reclamó apoyo de la Generalitat a la hora de facilitar medios como la construcción de vivienda social. "Está muy bien rehabilitar barrios como Virgen del Carmen o Miguel Hernández, pero también se necesitan viviendas sociales para procurar soluciones habitacionales a las personas sin hogar y en eso tenemos varios proyectos desde el Patronato de la Vivienda, pero necesitamos que se nos aprueben y que se nos asigne financiación a través de las convocatorias de fondos Next Generation a las que hemos presentado solicitud", explicó. "Veremos qué respuesta tienen", apostilló.
