Avalar la deuda o rascarse el bolsillo más de lo deseado

ALICANTE. O el pago total de la deuda o un pago aplazado de la misma pero respaldado con aval bancario solidario a primer requerimiento, o lo que es lo mismo, con una garantía que se pueda hacer líquida en el acto ante un incumplimiento. 

Esas son las dos exigencias que hace justo un año ya le planteaba la Agencia Tributaria al Hércules para regularizar la situación de una deuda entonces de poco más de cuatro millones de euros y que doce meses después ha crecido hasta casi los cinco, todo y los embargos que se han sucedido en este tiempo y que solo han resultado efectivos cuando recaían sobre los créditos a favor del club, sobre cantidades que terceros habían de satisfacerle por la prestación del algún servicio, por ejemplo publicidad, ya que la entidad carece de patrimonio y rara vez cuenta con saldo en sus cuentas bancarias.

El Hércules, que tiene pedida una cita con el departamento de Recaudación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes desde hace casi tres semanas, sabe que ahora va a tener que lidiar con las mismas exigencias y que, por tanto, su oferta habrá de ser mejor que las del pasado (pago de la mitad de la deuda en el acto y el resto fraccionado respaldado con garantías reales), a excepción de la última de todas y que sí aceptó el fisco pero Juan Carlos Ramírez no quiso firmar, oferta que implicaba también el pago inmediato de la mitad de la deuda pero en la que el empresario vasco respondía personalmente de un hipotético incumplimiento del aplazamiento, planteamiento que hoy, ante la amenaza para la supervivencia de la entidad que supone la deuda de siete millones de euros que reclama la Comisión Europea al club, parece descartado.

Además, como Enrique Ortiz (y Ramírez) sigue sin estar por la labor de avalar (presentar un aval bancario), si se desea firmar un segundo convenio con Hacienda no queda otra que aumentar sensiblemente la cantidad a satisfacer de manera inmediata (hace un año se ofrecían dos millones) con la esperanza de que el fisco, ante el aplazamiento del pago de una deuda ya menor se muestre más flexible con las garantías que lo respalden. 

La deuda con el IVF será otro problema con Hacienda

Soledad García ya no está al frente del departamento de Recaudación, algo que saben bien en el club blanquiazul, aunque lo que les llevó a plantearse en abril retomar la negociación con Hacienda fue la desestimación por parte del Tribunal General de la suspensión cautelar de la ejecución de la decisión de recuperación, de la obligación de pagar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) los siete millones que exige la Comisión Europea, ya que en las oficinas de Foguerer Romeu Zarandieta están advertidos de que una vez expire el 5 de julio el plazo que el banco del Consell les ha dado para pagar, si el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia que se presenta este martes no ha prosperado, será también Hacienda quien coja el testigo del IVF en la reclamación, convirtiendo todo en más difícil: primero, porque obviamente el fisco quiere cobrar su deuda (los ahora cinco millones) antes que la de un tercero (Bruselas), si bien es cierto que habrá que valorar la naturaleza de los siete millones que reclama la Comisión y si son un crédito contra la masa (lo normal es que el Hércules presente un incidente concursal); y segundo, porque a diferencia de la deuda con Hacienda cuyo pago se puede fraccionar, las deudas derivadas de decisiones de recuperación no son fraccionables.

La Ley General Tributaria se refiere en sus artículos 65 y 82 al aplazamiento del pago de deudas y a las garantías que se pueden exigir a cambio. En el primero se recoge expresamente que "no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento (...) las deudas resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado", mientras que en el segundo se establece que se exigirá "aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución" para garantizar el aplazamiento y "cuando se justifique que lo anterior no es posible" o compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica", Hacienda podrá admitir "garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria" de acuerdo con lo que se establezca en el desarrollo reglamentario de la Ley (en el Reglamento General de Recaudación).

Vaya que interesa cuanto antes arreglar el problema de Hacienda y que para ello, Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez habrán de rascase el bolsillo más de lo que a buen seguro querían hace un año y siguen deseando ahora puesto que, aunque se resuelva el entuerto de los cinco millones de euros que reclama la Agencia Tributaria, los siete de Bruselas seguirán ahí.