Recurre para que se suspenda cautelarmente la obligación de pagar siete millones de euros al IVF, tal y como le exige la Comisión Europea
ALICANTE. El Hércules ha interpuesto este martes un recurso de casación contra el auto del Tribunal General por el que se desestimaba su solicitud de suspensión cautelar de la obligación de pagar los siete millones de euros que le exige la Comisión Europea.
Dicho auto fue notificado el 22 de marzo, es decir, hace justo dos meses, plazo máximo para recurrir dicha resolución de acuerdo con el artículo 57.2 del estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es el que conocerá del recurso (el Tribunal General es un órgano jurisdiccional de Primera Instancia).
En contra de lo que su defensa le había recomendado e incluso llegó a anunciar Quique Hernández, el club blanquiazul ha agotado el citado plazo para la interposición de un recurso que no tiene efecto suspensivo, es decir, no tiene por qué paralizar el procedimiento de cobro, si bien es cierto que el Hércules lo solicitará de manera accesoria.
En su recurso, la entidad del Rico Pérez trata de convencer al TJUE de que la suspensión cautelar de la ejecución de la decisión de recuperación por la que se le reclama la citada cantidad es urgente, por cuanto sin ella se produciría un perjuicio grave e irreparable, que no es otro que su liquidación al no poder hacer frente al pago de manera inmediata y efectiva, tal y como le reclama la Comisión Europea, que ha fijado un plazo hasta el 5 de julio para dar cumplimiento a esta obligación. Adicionalmente, el Hércules amplía la información facilitada en su primer recurso y que al presidente del Tribunal General, el juez Jaeger, no le permitió concluir que no existe un tercero que vaya a pagar por el club cuyo máximo accionista es su Fundación, al borde de la liquidación también. Jaeger cuestionaba la existencia de riesgo financiero para el Hércules de no adoptarse la suspensión cautelar al haber diferentes personas que cubren el déficit con el que se cierra cada ejercicio, algo que el club ahora puntualiza precisando que el alcance del citado auxilio económico en ningún caso puede ser de siete millones de euros.
A diferencia del Valencia y el club blanquiazul, el Tribunal General sí estimó la semana pasada la suspensión cautelar solicitada por el Elche, decisión que fundamentó el mismo juez Jaeger en los mismos citados argumentos que no niega al Hércules, pero tampoco le reconoce.
Además de los siete millones de euros cuyo pago al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) le reclama la Comisión Europea, el Hércules trata estos días de regularizar su situación con la Agencia Tributaria, concretamente cerrar con ella un convenio singular para el pago de los casi cinco millones de euros que le adeuda. El club solicitó semanas atrás una reunión para retomar la negociación, pero este lunes seguía sin ser citado por el departamento de Recaudación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
La opción de un pago aplazado de esa deuda con el fisco también la valora el club blanquiazul respecto a los siete millones que habría de abonar al IVF, si bien hasta el momento no ha encontrado precisamente comprensión por parte de Bruselas para lo anterior.