BENIDORM. Cuando se cumple una semana desde que el Ayuntamiento de Benidorm fuera notificado de la providencia del Tribunal Supremo que ratificaba la sentencia sobre los terrenos de Serra Gelada, el gobierno local guarda silencio sobre las posibles vías que tienen para evitar la condena que superaría los 300 millones de euros. Un silencio que incomoda al grupo municipal socialista, que este viernes ha pedido que informes de las soluciones que se plantean sobre este asunto.
Como ya contara este diario, la providencia del Supremo inadmitía el recurso de casación de la administración local y devenía firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condenaba al Consistorio al pago de los más de 300 millones de euros. Este tendría que responder por la responsabilidad patrimonial de estos terrenos cuya propiedad es de las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL. Una indemnización que supera casi en tres presupuestos municipales y que obedece a no haber ejecutado unos convenios urbanísticos firmados por primera vez hace 22 años.
Vista esta situación, los socialistas han lanzado este viernes un comunicado censurando que "poco o nada se sabe del siguiente movimiento que va a dar el gobierno de Toni Pérez". Como es sabido, el alcalde popular salió a dar una rueda de prensa después de haber tenido una reunión con los grupos de la oposición y los técnicos municipales para conocer el alcance de la providencia y las opciones que tenía el Ayuntamiento para salvar la situación. Así, emplazó a los medios de comunicación a conocer la decisión en los días siguientes.
Al respecto, la portavoz socialista, Cristina Escoda, ha señalado que el "silencio y hermetismo se ha apoderado del equipo de Gobierno, del PP, que no ha transmitido ningún tipo de información a los grupos de la oposición desde las pasadas juntas de portavoces del 3 y 4 de abril", recoge el comunicado. Así, Escoda ha detallado que en la primera de estas reuniones tan solo se dio traslado de la providencia del Tribunal Supremo, y en la segunda se explicó que el alcalde se había reunido con los técnicos municipales de las áreas jurídica y económica para explorar todas las vías para seguir defendiendo el interés general de todos los vecinos y vecinas de Benidorm. “Desde entonces no sabemos nada más”, ha lamentado.
En este sentido, la concejal ha afeado al gobierno que no les hayan comunicado, ni tan siquiera, si los técnicos han avanzado ya esas posibles vías para defender el interés general o, por ejemplo, que fórmulas han planteado para que el Ayuntamiento pueda atender la ejecución de sentencia confirmada por el Supremo que obliga a la caja municipal a afrontar un desembolso de 330 millones. “El primer edil llegó a decir que los técnicos habían abierto un abanico de posibilidades, que hay que concretar, para atender esa responsabilidad patrimonial. Unas posibilidades que desconocemos por completo”, ha expuesto.
Por último, Escoda ha criticado "las falsedades y mentiras contrastables que vertió el alcalde" ante los medios de comunicación hace una semana y ha insistido en que consideran que Toni Pérez es el máximo responsable de la "quiebra económica del Ayuntamiento que va a suponer la sentencia del TSJ, ya que el convenio vino de su mano en el 2003 y fue defendido y ratificado con su voto el 2010". “Toni Pérez apoyó unos convenios otorgándoles a los propietarios unos derechos y, posteriormente, por algún asunto alejado del interés general de Benidorm, le quitó esos mismos derechos que han provocado ahora esta demoledora sentencia”, ha indicado.
Convenios
Como se recordará, los dueños de este suelo firmaron un acuerdo con Vicente Pérez Devesa de alcalde en 2003, y fue prorrogado ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005. En él, se establecía las compensaciones por no poder edificar en sus parcelas, sin embargo, estas indemnizaciones nunca llegaron a ejecutarse sin antes una sentencia judicial.
El convenio se comprometía a compensar con edificabilidad en otras parcelas a los propietarios por esos terrenos, que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. El PP comenzó la revisión de oficio de este convenio en 2021 y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) avaló la nulidad del acuerdo. Así, en noviembre de 2022 se aprobó por el pleno con el voto a favor de los populares y la abstención de PSOE y Ciudadanos.
No obstante, los informes aportados en aquel entonces consideraban que la indemnización económica no tiene cabida por parte del Consistorio por reconocer a dichos propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico, que no se ha patrimonializado, y por tanto, que no se había adquirido "dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Esta tesis recogía que aunque los terrenos estuvieron clasificados en el PGOU de 1963 como suelo urbano, "no parecían contar" con los requisitos exigidos como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, etc.
