BENIDORM. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha apelado a la tranquilidad y ha informado que el Ayuntamiento está estudiando todas las vías para evitar pagar por los terrenos de Serra Gelada. El primer edil daba una rueda de prensa este viernes después de reunirse con los técnicos municipales tras conocer la providencia del Tribunal Supremo que inadmitía el recurso de casación interpuesto por el Consistorio. Una resolución que daba firmeza al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que condena a la administración local al pago de más de 283 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, a los dueños de dichos terrenos por la responsabilidad patrimonial.

Preguntado por la capacidad del Consistorio para hacer frente a esta cuantía, el alcalde mencionó que todavía no están trabajando en este supuesto. "En primer lugar", comenzó la rueda de prensa, quería trasladar "un mensaje de serenidad, especialemente a nuestros vecinos y vecinas". Así, explicó que de momento los técnicos siguen estudiando qué posibilidades tiene la administración local y saber el alcance de las consecuencias de la providencia. "Evidentemente, es muy pronto para decir cuál va a ser la hoja de ruta y la estrategia que marquen los servicios jurídicos de esta casa, también los servicios económicos", afirmó.

Como se recordará, los dueños de este suelo firmaron un acuerdo con Vicente Pérez Devesa de alcalde en 2003, y fue prorrogado ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005. En él, se establecía las compensaciones por no poder edificar en sus parcelas, aunque nunca se llegaron a ejecutar e incluso apostaron por anular estos acuerdos ya bajo la legislatura de Toni Pérez.

Durante su intervención, el popular defendió la gestión de su gobierno asegurando que todas las decisiones tomadas tenían el aval de los informes técnicos y del Consell Jurídic Consultiu, refiriéndose a la nulidad del convenio. En este punto recordó que hay cinco causas abiertas por estos convenios, dos de ellos ya han dado la razón al Ayuntamiento y están en apelación en el TSJ por parte de los propietarios, y otras tres siguen vivas en los Juzgados de Primera Instancia. Así, ahondó en la contrariedad de responder por unos terrenos sabiendo que en otros procedimientos fallan a favor del Consistorio que anuló los acuerdos o incluso siguen pendientes de resolver, como son estos casos. 

De esta forma, el primer edil emplazó a los medios de comunicación a esperar a que se termine tomando una decisión al respecto, avanzó que el Ayuntamiento no ha agotado "su camino" e insistió: "Si los convenios son nulos, como hasta ahora dicen dos juzgados, pues habrá una responsabilidad patrimonial por algo que no tenemos. Ya nos dirán cómo se ejecuta eso". 

Para el alcalde, la postura de su gobierno ha sido la de defender el interés general en lo que creen que tienen razón, por lo que se sienten avalados por la Justicia, y por conservar Serra Gelada. Y en base a ello, dijo atender en sus posibilidades "cuantos recursos sean necesarios para defender esa postura que entiendo que no es del gobierno, sino que es la postura de la población y que es la postura además que orientan los propios técnicos de la casa contra los cuales un gobierno no puede ir porque estaría, y está tipificado, prevaricando".

El primer edil defendió que la postura del Ayuntamiento no es diferente a la que ha tomado hasta ahora, "emprendida en base a los informes, infinidad de informes técnicos y jurídicos y también económicos con relación a este asunto". Así, remarcó que en ningún momento se había tomado una decisión unilateral en todos los antecedentes a este caso e insistió en que siempre ha velado por el interés general del pueblo de Benidorm, "presente y futuro". Todo ello a pesar de defender "a ultranza" el derecho de la propiedad privada.

"Además, lo hemos hecho por independencia de quiénes fueran los recurrentes o los propietarios del suelo", apostilló el alcalde en relación a mantener la postura y refiriéndose después a los socialistas. El primer edil dirigió el discurso contra el grupo municipal socialista, el anterior y el actual, asegurando que en "función de quién fuera el recurrente con los mismos informes, los mismos expedientes, el mismo contexto, votaba una cosa o votaba la otra". Y volvió a repetir que no habían modificado "para nada" su postura inicial, "que es la que respaldan los técnicos".

Acusaciones al PSOE

Para Pérez, la situación de los terrenos no es la misma en "2003 o en 2004 que en 2010 o en 2013" por la declaración de Parque Natural y la declaración de impacto ambiental del Plan General referida a esta zona. "Por tanto, algunos tendrán que preguntarse por qué renovaron convenios en solitario", dijo el popular. Así, añadió que primero, "con un tránsfuga en el 2010, convenios caducados" y luego "renovaron otros convenios en 2013", que según recuerda el primer edil, suscitaron dudas al PP en el que ya estaba como concejal Toni Pérez. "Mostramos dudas sobre la eficacia jurídica de esos convenios en 2010 y su contenido, y se solicitó mucha información al gobierno de entonces respecto a los mismos por cierto que nunca se atendió", continuó el alcalde en su discurso. Cabe destacar que en aquel año la moción salió adelante por unanimidad.

A continuación, recordó que para aprobar el convenio en 2013 tuvo que salir adelante con el voto de calidad del alcalde, Agustín Navarro. "El PP ahí votó lo mismo que el concejal no adscrito de aquel momento, el edil de urbanismo don Juan Ángel Ferrer", comentó. Pérez acusó al PSOE de construir un relato para hacer pensar que la culpa "es del otro".

Una hora antes, el PSOE había ofrecido una rueda de prensa para valorar la situación. En ella, responsabilizaba al PP de la condena y acusaba al partido de haber cambiado de postura acerca de estos convenios. Además, la portavoz de los socialistas, Cristina Escoda, afirmó que en 2003 el PSOE votó en contra de estos acuerdos y posteriormente, ya en el gobierno, prorrogó los mismos por responsabilidad. 

Tranquilidad 

El alcalde remarcó la intención de trasladar tranquilidad a la población, asegurando que tenía un "gobierno honrado, honesto y trabajador". No obstante, manifestó "la lógica preocupación, somos los responsables llevamos tiempo en el ejercicio y venimos antes pensando muchas cosas, pero rectitud siempre, claro. No puede ser de otra manera. Aquí no vale serpentear".

Ante el impacto que puede tener en las arcas municipales, el alcalde dijo haber sido capaces de hacer frente a otras sentencias sobre estos convenios, eso sí, de cuantías no tan superiores, de unos 600.000 euros. En este sentido, apuntó que las cuentas municipales estaban saneadas.

Negociar con la familia

Como ya avanzara este diario, fuentes del despacho de abogados de la familia han vuelto a tender su mano al Ayuntamiento para buscar una solución, mostrándose abiertos a negociar. Frente a esto, el alcalde dijo que era una situación a la que no se podía enfrentar él como político, aunque dijo sentirse capacitado si lo permitiera la ley. "De momento no hay ninguna valoración jurídica que diga que es un momento para atender una reclamación del Ministerio de Justicia", aclaró. E insistión en la relación que tiene este procedimiento con los otros cinco sobre la nulidad del convenio: "Si de repente el ayuntamiento da por finalizado todo ese proceso, ¿cómo calificarían ustedes o la oposición que el alcalde y el gobierno desistiera de los procesos donde se nos está dando la razón en el recto proceder de la unidad de los convenios?".

Hay que recordar que la sentencia establecía que el Ayuntamiento debía pagar 283 millones de euros más los correspondientes intereses legales a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada.

"¿Se imaginan que todos los procesos acaban dándonos la razón?", reflexionó el alcalde.