BENIDORM. Benidorm ha protagonizado en los últimos días numerosos titulares sobre la millonaria condena que podría tener que hacer frente por acuerdos que vienen de principios del siglo XXI. Pero este no es el único embrollo urbanístico que arrastra el Ayuntamiento. Varios son los conflictos abiertos con empresas y propietarios que siguen pendientes de llegar a una conclusión, desde la Cala hasta Serra Gelada.

El caso más impactante ha sido este último. Lo más reciente que se conoce sobre él es que el Tribunal Supremo ha inadmitido en una providencia el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Benidorm. Esto pone en una situación complicada al Consistorio, ya que confirmaría la condena de más de 300 millones de euros a pagar a las empresas denunciantes, es decir, un importe que asciende a casi tres presupuestos anuales de la ciudad. El alcalde, Toni Pérez, anunció al día siguiente de conocer la resolución que estaban buscando las vías para evitarlo, y en cuanto tomaran una decisión, la trasladarían. Sin embargo, dos semanas después, el silencio impera sobre este asunto. Pero, ¿por dónde empieza este lío urbanístico?

Como ha venido contando de largo este diario, la administración local decidió firmar un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Serra Gelada por el cual se comprometían a indemnizarles con suelo en otros planes urbanísticos o una cuantía económica como compensación porque estas parcelas se protegerían formando parte del Parque Natural de Serra Gelada declarado por la Generalitat Valenciana. El acuerdo, se firmó en 2003 con el alcalde del PP Vicente Pérez Devesa al frente. Sin embargo, no se llegó a cumplir dentro de su mandato y fue prorrogado en 2010 y 2013 ya con el socialista Agustín Navarro liderando el gobierno local en coalición con Liberales. Pero tampoco llegaron a darle una solución.

Con la llegada de Toni Pérez como primer edil en 2015 comienzan a plantear la posibilidad de declarar nulo el convenio, una posibilidad que fue respaldada por informes técnicos de una empresa externa y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Sobre este último, en 2022 la resolución admitía que procedía la declaración de nulidad del acuerdo plenario y del convenio de 2003, así como sus prórrogas. En concreto, el firmado entre el Ayuntamiento de Benidorm y Necso Entrecanales Cubiertas SA, ahora bajo el nombre de Acciona Inmobiliaria SLU.

La entidad autonómica recogía en su resolución que "reconocer –en todo caso-, a efectos indemnizatorios y a falta de la compensación, un 'aprovechamiento urbanístico' que no se ha patrimonializado supone 'atribuir unos derechos urbanísticos o aprovechamientos que no habían adquirido, dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización'". Además, defendían que el importe económico del derecho de propiedad del suelo es el que corresponde a su valor inicial, es decir, el de terreno no urbanizable, que solo tiene aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal propio de su naturaleza.

Y entre todo este lío, el problema es más complicado aún cuando los propietarios deciden hacer la guerra por separado. Es así como uno de los dueños, Antonio Manuel Puchades Orts, consigue que en 2021 el Ayuntamiento decida consignar 636.000 euros para cumplir con otra sentencia por estos terrenos, muy lejos de los 57 millones de euros que reclamaba el conocido empresario de la ciudad de los rascacielos.

Las torres de Punta Llisera

Sin ir muy lejos, otro de los temas urbanísticos que más está dando de qué hablar y que tienen de protagonista a Benidorm es la construcción de Gemelos 28, en Punta Llisera. Pero en este caso, el que tiene que hacer frente a una suma importante de dinero es la Generalitat Valenciana. A esta es a la que se le hace responsable de haber concedido una licencia de obra que supera los límites de la Ley de Costas. Y también tiene su origen hace dos décadas. En concreto, el permiso otorgado el 29 de abril de 2005 por la Dirección General de Costas y Puertos de la Conselleria de Obras Públicas, dirigida en ese momento por el popular Rafael Blasco. La sentencia del Tribunal Supremo de 2012 fue aclarada por el TSJCV en 2017 y no había duda. Además del decreto de derribo, el auto también obligaba a la administración valenciana a indemnizar a todos los propietarios de las viviendas, plazas de garaje y zonas comunes por el precio de compra más un 20% adicional. En un primer momento se estimó que podría superar los 100 millones de euros.

Y en ello siguen. Según las últimas informaciones a las que ha tenido acceso Plaza, la Comisión Judicial que preside el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estableció como fecha de inicio para el derribo octubre de 2029. 

La cuestión principal es que las torres ocupan una zona de dominio público servidumbre marítimo-terrestre. Pero por apenas seis metros. Lo que plantea la posibilidad de que una vez derribado, se pueda levantar de nuevo pero seis metros hacia atrás. Para evitar esta situación, la última propuesta viene de la mano de un despacho de abogados que ha trasladado a todos los grupos parlamentarios la posibilidad de aprobar en el Congreso de los Diputados una nueva disposición transitoria a la Ley de Costas que permita que el edificio se mantenga fuera de ordenación durante toda su vida útil. De momento, nadie ha recogido el guante.

Ensanche Levante, antiguo Armanello

Aunque Benidorm cuenta con una última versión de su Plan General de 1990, aún quedan varios planes parciales por desarrollar. El más grande de todos es Ensanche Levante, rebautizado después de arrastrar una mala imagen como Armanello, su anterior nombre. Este terreno se sitúa muy próximo a la zona más turística de la ciudad, el Rincón de Loix y se ha convertido en uno de los más golosos para los promotores. Después de años de inacción y etapa judicial correspondiente, los propietarios se unieron en una Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) para impulsar el nuevo plan urbanístico que contempla edificios residenciales y hoteleros, además de suelo dotacional y verde. Todo ello está todavía pendiente de aprobar definitivamente.

Pero hasta llegar a este punto, primero se ha tenido que sufrir un largo historial que comienza con la adjudicación de la urbanización. Esta recae en la empresa Ortiz e Hijos en 2002 al incluir mejoras en su oferta que llegaba a los 17,5 millones de euros. Sin embargo, tras un intento de la mercantil de repercutir este importe a los propietarios en concepto de cargas de urbanización, se abre un procedimiento judicial que termina quitándole la razón y con el Ayuntamiento retirándole la condición de agente urbanizador en 2015. Diez años después, los dueños del suelo siguen esperando a tener todos los permisos necesarios para iniciar la obra.

Unos trabajos que cambiarán la vida de muchas personas, entre ellas, los que viven en las casas ocupadas en estas antiguas viviendas, que tendrán que buscar un nuevo lugar en el que vivir. Pero la urbanización de este plan parcial también despedirá a una parte de la ciudad que escribió un capítulo importante en el ocio nocturno de la localidad: una parte de la conocida como zona de discotecas de 'la carretera' desaparecerá para dar paso a las nuevas construcciones.

Edificio Las Terrazas

Otra de las joyas está en la parcela conocida por el anterior edificio Las Terrazas, la última que queda en primera línea del Paseo de Levante. Esta pequeña construcción en horizontal de 1954 comenzó su derribo en 2011. Pero fue después de un largo proceso que se inició tras un diagnóstico de aluminosis, este derivó en su declaración en estado de ruina en 2004 por el Tribunal Supremo. Pero no fue derribado hasta siete años después, quedando en pie un bloque que terminó con su demolición completa en 2014. 

A pesar de su ubicación que responde a los deseos de los promotores, la construcción en el solar sigue estancada y hace años que sirve de parking público a través de un convenio del Ayuntamiento con la propiedad. Precisamente, la cantidad de titulares que tiene el solar hace que sea menos rentable para los posibles interesados en levantar una torre residencial, teniendo en cuenta que los vecinos que vivían en estas viviendas volverían a recuperar sus hogares y no estarían a la venta para la constructora: tienen orden de preferencia y les corresponden sus pisos y el garaje con la misma superficie.

Varios han sido los interesados, pero sin fructificar. En 2023 los propietarios dieron la espalda a la mercantil que había tirado hacia adelante con un proyecto de 30 plantas. 

Polígono industrial y centro comercial

Benidorm no tiene centro comercial. El proyecto y el interés para levantarlo en el Plan Parcial 3/1 'Industrial' existe, pero los problemas urbanísticos impiden que se termine construyendo. En este caso se abren dos frentes. Por un lado, la exigencia del Ministerio de Transportes, cuando todavía se llamaba Fomento, que reclama nuevos accesos para permitir el desarrollo del polígono industrial. De ahí nace el conocido Vial Discotecas, que unirá este plan parcial con la N-332. Después de muchos años donde el Consistorio trabajó en el proyecto de expropiación con numerosos afectados, algunos de ellos con dificultad para ser notificados, las obras comenzaron en mayo de 2023 y tenía un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que tendría que haber finalizado en mayo de 2024. Hace justo un año, el 18 de abril de 2024, el Ayuntamiento anunciaba que será en verano de 2025 cuando entre en funcionamiento.

Además del arduo trabajo de localizar a todos los titulares de las propiedades expropiadas y llegar a acuerdos por la indemnización, el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente a la construcción de este vial sin aportación del Estado central, que se ha negado desde el principio a sufragar el gasto allá por 2012. Una situación que ha sido denunciada en varias ocasiones por el gobierno local del PP, y que provocado la contratación de un préstamo para inyectar los casi 20 millones de euros que vale la obra. Eso sí, el Consistorio llegó a un acuerdo con la promotora del centro comercial hace ya 10 años para que ésta financiara una rotonda incluida en este proyecto y que en aquel entonces se calculaba un coste de 4,8 millones de euros, de los cuales, la empresa aportaría tres millones de euros.

Y parece que el asunto de los accesos no quedará ahí. Tal y como ha ido anunciando la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, tendrán que crear un nuevo acceso desde la avenida Beniardá. Un proyecto que también ha sido exigido por el Ministerio pero que aún no ha sido aprobado.

Y como no hay dos sin tres, el tercer palo en la rueda viene de la propia urbanización del polígono. Para conocer esta historia hay que remontarse a 2002, cuando el Ayuntamiento de Benidorm adjudicó a Terra Village Land, de los conocidos empresarios Enrique Ortiz y Enrique Ballester, las obras de urbanización de este plan parcial. Venía de una cesión porque en un primer momento se había adjudicado a Benipoli SA. Las obras no comenzaron hasta cinco años después. Y aquí vino uno de los contratiempos primordiales: la Junta de Gobierno Local y una resolución de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento paralizaron los trabajos cuando ya llevaban el 65% ejecutado.

Tal y como ha ido relatando este diario, el Ayuntamiento, a través de los técnicos municipales, mantenían un tira y afloja con el urbanizador. Uno de los más claros fue en marzo de 2023, cuando desde Urbanismo señalaban que se le había dado varios plazos "improrrogables" para que cumpliera con la subsanación de deficiencias. Se remontaban así a abril de 2015, cuando se informa desfavorable el proyecto de urbanización y se le remiten "varios requerimientos", sin éxito. Más de cinco años después, febrero de 2021, se le vuelve a dar un nuevo plazo que no cumplen. Desde entonces se le dan varios plazos que no terminan por dar una solución. 

La única que han encontrado, pero que no termina de cerrarse, es retirar la condición de agente urbanizador a la empresa. La argumentación para dar este paso está en el aumento de los costes de ejecución de las obras con respecto al precio inicial, superando en un porcentaje superior al que permite la ley. Las cargas de urbanización se establecieron hace más de dos décadas en 26,5 millones de euros, y después de la retasación, pasa el 50% de esta cuantía. Una motivación de la que ha salido indemne la empresa dado que el Ayuntamiento en sus informes técnicos han concluido que no tiene responsabilidad. La decisión del Consistorio llegó en noviembre de 2024, sin embargo, cinco meses después, no ha terminado de cerrar el expediente puesto que los propietarios de los terrenos del polígono han presentado alegaciones contra el acuerdo.

Estación de autobuses

Hay algunos capítulos urbanísticos que parece que empiezan a dar con el final, aunque les cueste. Uno de ellos lo escribe la estación de autobuses de Benidorm. Esta es la historia de un edificio que terminó siendo más grande de lo que el proyecto inicial acordó ante los ojos de cualquiera que entraba a la ciudad por Levante. 

Como se viene repitiendo, el inicio se remonta a principios de los años 2.000. En concreto, a 2003, cuando el Ayuntamiento de Benidorm adjudica a la empresa de Estación de Autobuses de Benidorm SL, del empresario alicantino Enrique Ortiz, la construcción y explotación de estas instalaciones. Como resultado, un edificio que excedió en varios de sus parámetros y que los jueces terminaron dando la razón a los demandantes: la modificación era de tal calado que tenía que salir de nuevo a un procedimiento público. De ahí se deriva una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 en el que ratificaba el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 2007.

Era momento de dar cumplimiento a este fallo. El Ayuntamiento aprueba varios acuerdos con la empresa que se dilatan en el tiempo y en el que recogen obligaciones para las dos partes. Pero no se llegan a cumplir hasta hace apenas dos años cuando se licita por primera vez el nuevo pliego para la explotación de la terminal y su zona comercial. Y como no podía ser de otra manera, la solución no viene a la primera. El concurso público queda desierto y se abre un procedimiento negociado sin publicidad que tiene el mismo resultado: sin adjudicación. En paralelo, se daba la circunstancia de tener que devolver a la concesionaria 600.000 euros en avales bancarios. Finalmente, el Ayuntamiento opta por licitar de nuevo el contrato con varias modificaciones y termina encontrando interesado. El Consistorio vuelve a adjudicar a la misma empresa la gestión de la estación de autobuses.

Ahora, la mercantil inicia una nueva etapa donde han optado por darle un empujón a la zona comercial, que solo llegó a funcionar en los primeros meses de vida de las instalaciones. 

Murtal

Y la Cala no se libra de estos 'líos' urbanísticos que traen de cabeza al Ayuntamiento de Benidorm décadas después de las primeras tomas de decisiones. El PAU 1-El Murtal es ejemplo de ello. En la actualidad, la administración local ha tenido que acudir al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para resolver el conflicto abierto durante años con el agente urbanizador. En este caso, la mercantil Prometosa Construcciones, del conocido empresario Francisco Gómez Hernández, alias El Paloma. 

Para no perder la costumbre fiel de Benidorm, pasó por el juzgado y en este caso, con varios procedimientos. El plan parcial contempla la construcción de hasta 3.000 viviendas en algo más de 900.000 metros cuadrados. La adjudicación se remonta al 2.000 y poco se ha adelantado desde entonces. Es en 2024 cuando el Ayuntamiento relata una serie de incumplimientos que atribuyen a la empresa para iniciar el expediente para retirar la condición de agente urbanizador. Prometosa presentó alegaciones a la propuesta, pero la Junta de Gobierno las rechazó, también las de la entidad bancaria avalista. Sin embargo, sí que admitió las planteadas por otras dos sociedades. Y en base a los diferentes informes municipales, han remitido el expediente al Consultiu para que dictamine cuál es la mejor forma de continuar. De momento, la respuesta no ha llegado al Ayuntamiento.