BENIDORM. Una nueva estrategia para salvar del derribo al edificio Gemelos 28 de Benidorm. El despacho de abogados Soriano i Piqueras ha remitido este lunes a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una solicitud para que se tramite una modificación de la Ley de Costas que deje fuera de ordenación al inmueble. El objetivo es evitar que se terminen demoliendo estas dos torres situadas en un lugar privilegiado frente a la bahía de la capital turística valenciana.
Precisamente, su situación en el mapa es la que le ha llevado a este punto. Como viene contando este diario, el derribo está decretado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en ejecución de sentencia en noviembre de 2017, definitiva un año después. Pero tras casi siete años, el edificio sigue intacto y los vecinos continuan esperando para saber qué decisión se va a tomar sobre sus viviendas, algunas de ellas residenciales todo el año. La cuestión principal es que las torres ocupan una zona de dominio público servidumbre marítimo-terrestre. Pero por apenas seis metros. Lo que plantea la posibilidad de que una vez derribado, se pueda levantar de nuevo pero seis metros hacia atrás.
El despacho de abogados, que dirige Víctor Soriano, alude al "grave riesgo ambiental que entraña esa actuación". La firma legal es una de las que están involucradas en el proceso puesto que defienden a unos inversores extranjeros copropietarios del rascacielos residencial.
"Es absurdo que se derribe con un altísimo coste económico para las arcas públicas y un grave riesgo ambiental advertido en los informes. Un edificio que podría reconstruirse igual o más alto solo media docena de metros más atrás", manifestó Soriano. Asimismo, afirmó que un "uso eficiente de los recursos públicos y el interés público exigen que se dé una solución que no pase por el derribo a costa del erario para luego reconstruir lo mismo", e insistió en que "es antiecológico". Como se recordará, la responsabilidad de haber dado licencia a este inmueble recae sobre la Generalitat Valenciana, que en su día calculó que el derribo y las indemnizaciones a los propietarios podrían costar más de 100 millones de euros.
- Gemelos 28. -
- Foto: PEPE OLIVARES.
La medida
Llegados a este punto, el abogado explicó que su propuesta solicita que se incorpore una nueva disposición transitoria a la Ley de Costas que permita que el edificio se mantenga fuera de ordenación durante toda su vida útil. Eso sí, sería para edificios que fueran construidos en suelo urbano antes de 2013 y con licencia anulada judicialmente con posterioridad. Como contrapartida, para beneficiarse de ese régimen, los propietarios tienen que renunciar a todo tipo de indemnización.
Al ser una cuestión general, Soriano explicó a este diario que serviría para cualquier edificio en las mismas circunstancias, aunque aclaró que no le consta que haya ninguno en la misma situación que el de Benidorm. A su vez, indicó que ya se llegó a adaptar la ley para casos de Formentera y Girona con un número de viviendas parecido al de las torres de Punta Llisera.
La firma legal pondrá a disposición de todos los propietarios del edificio su propuesta, incluso de aquellos que están representados por otros abogados. "El interés por parar el derribo es común", concluyó.
