ALICANTE. La edil de Educación del Ayuntamiento de Alicante, la popular Julia Llopis, se someterá a una segunda propuesta de reprobación en el pleno ordinario de septiembre. La primera -promovida por Compromís por su supuesta falta de respuesta a la emergencia social durante la primera oleada del coronavirus- la superó con holgura en julio de 2020, gracias al respaldo de los dos ediles de Vox, que tampoco dudaron en apoyar la reprobación alternativa promovida por el equipo de gobierno (PP y Cs) para la vicepresidenta del Consell y responsable de Políticas Inclusivas. 

En aquel momento, el resultado de la votación no sorprendió. Pero sí lo hizo la intervención protagonizada por el alcalde, Luis Barcala, por lo inusitado de su reacción. A diferencia de lo que sucedió en abril de ese mismo año (cuando sí se aprobó la propuesta de reprobación de la vicealcaldesa y líder de Cs, Mari Carmen Sánchez, por su polémico vídeo en el que aseguraba aburrirse durante el confinamiento), Barcala sí decidió hacer uso de la palabra en defensa Llopis, a quien ensalzó por su capacidad de trabajo, así como por su valentía para oponerse a las políticas desplegadas por el Consell.

Desde entonces, Llopis ha seguido ejerciendo esa doble labor de gestión y denuncia para poner en solfa las decisiones en materia educativa emanadas de la Generalitat que, a su juicio (y, se entiende, que a juicio del conjunto del bipartito) no resultarían convenientes. Al menos, no en la forma en la que se planteaban para la ciudad de Alicante. Al margen de volver a solicitar la modificación del sistema de adscripción de centros, a través del consejo escolar municipal, en favor de la recuperación del distrito escolar único, o de no conseguir un entendimiento definitivo que permita poner en marcha la licitación de las obras de colegios con cargo a la financiación autonómica del Plan Edificant (la conselleria tampoco pueda apuntarse el logro tras un proceso trufado de solicitudes de correcciones que, por h o por b, no se han requerido a otros municipios gobernados por el PP), la edil ha mantenido al menos tres últimos encontronazos con el departamento autonómico que coordina Vicent Marzà que han acabado por instalarla en una trinchera política permanente. Y que, a la postre, han servido de excusa para que ahora sea el PSOE quien vuelva a plantear su reprobación política en el pleno.

El primero de esos motivos de reacción más recientes (una vez descontado el Plan Edificant, ya mencionado, en el que ha contribuido el rechazo del departamento de Intervención a la asunción de competencias que considera impropias) ha sido la reparación de los daños detectados en los edificios destinados a las clases de ciclos formativos del IES Virgen del Remedio. Después de que incluso el propio alcalde exigiese que la conselleria asumiese su reparación, el conflicto quedó amortizado con el compromiso de la elaboración de un informe sobre las causas de esos daños para decidir qué administración debía asumir su reparación.

El segundo motivo de desencuentro fue la gestión de los realojos de los conserjes escolares que resultaba necesario para que la conselleria pudiese acometer las obras de retirada del amianto en seis centros de la ciudad. En realidad, solo en cuatro de ellos contaban con conserje a reubicar. Pero, de ellos, sólo se ha podido ejecutar la tarea en el CEIP Rabassa, después de que la conselleria mostrase su disposición a asumir ese realojo temporal. En principio, la tarea ha quedado postergada previsiblemente hasta el año que viene en el CEIP Azorín, en el Tossal y en el Emilio Varela. La versión que mantiene la conselleria es que el Ayuntamiento no reubicó a los conserjes (funcionarios municipales) pese a que lo requirió por escrito el 5 y el 15 de julio. La versión del equipo de gobierno (que en un principio sostenía la inexistencia de esas comunicaciones) es que el servicio de Asesoría Jurídica consideró, después, de que la obligación de ese realojo debía asumirlo la conselleria como administración promotora de la obra. 

Y el tercer desaire que habría servido de coartada definitiva para justificar su segunda propuesta de reprobación consiste en la renuncia de su departamento a optar a las ayudas de la conselleria para sufragar actividades extraescolares, tras alegar que la convocatoria volvía a llegar tarde (en agosto) y que, según los técnicos municipales, no resultaban eficaces por el bajo nivel de participación de las actividades sufragadas.