ELCHE. "Nos tienen que hacer caso ya, no podemos estar esperando a que se tenga que desalojar un edificio entero". Unas palabras nítidas de María Ángeles López, presidenta de la asociación vecinal de San Antón, que manifestaba este jueves el pesar de los vecinos, que llevan años a la espera de un nuevo Arru (Área de Renovación y Regeneración Urbana) porque ya se ha agotado la primera fase, con tres edificios construidos, y un Arrur con el cuarto inmueble. Lo que ha llevado nada más y nada menos que tres legislaturas. Un tercio de las viviendas a construir. El desalojo ante las grietas y que la cosa vaya a más ha supuesto un golpe de realidad para todos, excepto para los vecinos, que llevaban avisando días del aumento de las mismas, y mucho tiempo exigiendo celeridad, como se ve en las pintadas periódicas en el barrio. También para quienes dudaban de la situación de ruina de los inmuebles.

Llueve sobre mojado en San Antón

No es novedad que ha sido un barrio en deterioro durante años, progresivamente con menos servicios y con una situación de vulnerabilidad que no ha hecho sino más que degradar el barrio, además ante casos de okupación debido al abandono de los inmuebles. En este caso, llueve sobre mojado. Durante estos años han sido constantes los problemas, aunque nunca llegando a este punto. Ya en octubre del pasado año un incendio de otro de los viejos inmuebles provocó el desalojo de 34 vecinos de dos bloques. Iba a servir como aliciente para lograr desbloquear la segunda fase, también anunciando una reunión con el secretario autonómico de Vivienda, pero no hubo avances. 

También ese mismo año se iniciaron las obras de mantenimiento de uno de los bloques, situación en la que según explicó el alcalde este jueves, se encuentran ahora tres inmuebles. Financiadas por el Ayuntamiento por la situación de vulnerabilidad de algunas de las comunidades. Y yendo un año antes, en septiembre de 2023, hubo que hacer otro realojo tras el derrumbe de un techo. En aquél caso, debido al viento y a la corrosión de las heces de paloma en un techo. Lo que muestra la debilidad y deterioro de los inmuebles. Cuando se declararon en ruina, y años después en visitas, se destacaba que no es que tuvieran aluminosis, sino en algunos casos, carbonatación (materiales en descomposición). 

En casos concretos, como contaba este diario en 2020, algún vecino (ya realojado en uno de los últimos inmuebles) y su hijo pequeño, incluso vivían con el techo apuntalado en varios puntos de la casa porque se había derrumbado el forjado, y caía a diario arena y polvo. Durante estos años se han tenido que apuntalar bastantes balcones, y el único edifico que se rehabilitó por su comunidad, también tiene problemas por un arreglo que no fue todo lo satisfactorio que debía. Son olo algunas historias y episodios como hay tantos alrededor del barrio. Con problemas en viviendas, y el miedo de aquellas que están vacías, porque como señalaban vecinas este jueves, falta mantenimiento y revisión de las casas vacías. En los inmuebles a derribar, como muestran los informes municipales, el deterioro va a más, con alta oxidación de servicios de suministro y hasta hace poco aún había inquilinos o propietarios. 

¿Punto de inflexión?

Ahora, desalojos como este parecen haber servido de punto de inflexión, o al menos eso es lo que desea el equipo de gobierno, que ya ha contactado con el subdelegado de Gobierno para que inste al Ministerio a tomar cartas en el asunto, y a la Generalitat Valenciana, de la que el secretario autonómico de Vivienda acudirá este viernes a la ciudad. Sin embargo, a priori es la Generalitat, quien tiene las competencias delegadas en vivienda, quien ha de presentar el nuevo Arru, una nueva fase, al Gobierno, que según señalaba el PSOE, tiene el Plan Estatal de Vivienda en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. La administración autonómica ha de presentar lo que quiere hacer para que entonces el Ejecutivo central apruebe y financie parte. Y de ahí el convenio a tres bandas. 

En este sentido, Ruz ya ha mencionado varias veces la necesidad de este, e instado a València, aunque este jueves trasladaba la responsabilidad al Gobierno central. Una necesidad como el comer en el barrio, a tenor de tantos hechos. La anterior legislatura, en 2022, el bipartito quería una nueva fase de 5 edificios con más de 370 viviendas, presentado al Ministerio, pero también sin avances. Por ahora lo único que hay es un diseño ya del que sería el quinto edificio, pero sin método aún de financiación para su materialización. 

Hasta dar con la solución, el alcalde lamentaba de nuevo el "exceso de burocracia" y lo lento que va todo en esta materia, y un ejemplo es el de los viejos inmuebles a derribar ya. Con dos edificios ya vacíos, Pimesa aún no puede disponer de ellos por casos en vías judiciales o administrativas. También aprovechaba para criticar que hasta ahora no se hubiesen hecho revisiones, a lo que los socialistas le respondía que "ya lleva dos años al frente del gobierno, que se deje de excusas".

El estado del suelo

Por otra parte, más allá de la situación de los inmuebles y sus desplazamientos de tabiques, el hecho de que las lluvias hayan afectado al suelo también puede ser indicativo de su estado o del relleno que hay bajo, algo que sugería el regidor, aunque no se aventuraba a confirmar nada sobre esta cuestión hasta que hayan informes técnicos. Pero no sería el primer caso, uno evidente es el de Carrús, que ha afectado a socavones en los últimos años, herencia de las prisas y calidad constructiva de la década de los 50 y 60.

La falta de parque de vivienda

Por último, las opciones de alojamiento que ha puesto el Consistorio sobre la mesa propias son tan solo las de la bolsa de inmuebles de Pimesa, que no es vivenda de emergencia social. En este caso de antiguas promociones de VPO y de viviendas nuevas en San Antón aún por estrenar. Ya el año pasado con el incendio, la edil Celia Lastra explicaba que en el momento el Ayuntamiento solo contaba con cinco viviendas de emergencia habitacional, y solo una disponible (un encargo aún por adjudicar por la empresa municipal). El pasado mes de febrero se aprobó la compra de seis viviendas más a la Sareb. Pequeñas adquisiciones que van sumando pero que están lejos de un parque de vivienda social que viene reclamando la PAH y que aún se quedan cortas para casos más extremos como este.