ELCHE. Después de los debates que ha habido en torno a la ampliación de Elche Parque Empresarial, que ha puesto de manifiesto la lentitud de los procesos urbanísticos de envergadura, el Ayuntamiento ha sometido a exposición pública el proyecto de reparcelación del sector TO-3 de la partida de Torrellano del Plan General, uno de esos sectores pendientes de desarrollar a nivel urbanístico desde hace bastantes años. Aunque no se trata de un paso ni mucho menos definitivo, sí que es un paso adelante para el desarrollo del mismo. De hecho, al tratarse de una reparcelación es de suponer que tarde meses al menos en aprobarse.

El sector TO-3, entre el final de Torrellano y la Institución Ferial Alicantina (IFA), es un sector de casi 300.000 metros cuadrados, que lleva encima de la mesa desde principios de la pasada década. Sin embargo, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis, el desarrollo de este suelo residencial en su mayoría quedó en standby. Con el anterior equipo de gobierno se avanzó en los trámites administrativos, ya que junto a la gestión con la situación de crisis, hay que sumar los problemas que hubo por la dificultad del suministro de servicios, con problemas de canalizaciones y alcantarillado y de conectar la red de agua a una futura urbanización que en principio se proyectó para más de mil viviendas.

Tímidos (y engorrosos) avances después de varios años

Dejando de lado la ambición del proyecto, que avanzó tímidamente en los trámites, a ello hubo que sumar una vez más los permisos e informes de otras administraciones centrales, como la Dirección General de Carreteras, ya que el sector está pegado a la Nacional 340, de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en lo que afectaba al desvío de la impulsión de la tubería de la desaladora del canal de Alicante o de Aviación Civil por la cercanía al aeropuerto. El mismo organismo que ha tardado casi un año en dar luz verde al proyecto de ampliación de Elche Parque Empresarial. En cualquier caso, ahora sigue este lento trámite, el de la reparcelación, que es uno de los más engorrosos ya que afecta a los propietarios de los terrenos, que tienen un plazo de dos semanas para alegar contra el proyecto público.