ELCHE. Durante todo el proyecto de Arru (Área de Regeneración y Renovación Urbana) en San Antón, los propietarios de los viejos inmuebles han entregado su vivienda al Ayuntamiento, en este caso la empresa municipal Pimesa, para abonar económicamente la diferencia entre el valor de esta y la del nuevo piso, construido con un tamaño parejo. Sin embargo, para aquellos propietarios o familias que no pueden entregarla porque no están en disposición de poder adquirir uno de los nuevos pisos, la empresa municipal ha iniciado ahora un proceso de expropiación para hacerse con las propiedades y que lleva trabajando desde el año pasado. Afecta a 55 fincas, constando de una treintena de viviendas y el resto bajos comerciales. Hasta que no se resuelva todo no habrá derribo.

Ahora se ha hecho una relación de los bienes afectados de esta expropiación forzosa para estos pisos y locales para seguir con el trámite de reubicación y que en el caso de los cuatro viejos inmuebles, finalizará con su demolición para liberar suelo en el barrio. En esa treintena de pisos afectos figuran por ejemplo los 16 propietarios que han mostrado su voluntad de entrar en formato de alquiler asequible a los nuevos pisos (algunos tenían previamente derecho de adquisición y entrada pagada, pero ahora no se lo pueden permitir), de los cuales algunos ya han ido firmando. En un paso siguiente se ofrecerá un justiprecio como compensación, y que los afectados podrán aceptar para cobrar o tendrán que recurrir en el caso de no estar conformes. Pero ello no paraliza el proceso de expropiatorio.

Distintas casuísticas

Contando los 16 que entrarán en el alquiler, y que se da por hecho obviamente que querían entrar en los nuevos pisos, hay varios casos más que tienen derecho. Unos pocos aún no han concurrido al proceso de alquiler o no se les ha podido localizar. También están los dos o tres casos, según la empresa municipal, que son los que no se quieren ir de las viejas viviendas. En el caso de no llegar a acuerdo y mantener esa voluntad, Pimesa pondría el caso en manos del Ayuntamiento para que lo envíe la juzgado y determine cómo actuar, ya que son situaciones que estaban contempladas cuando empezó el proyecto.