ALICANTE. La presión que los partidos del eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) tratan de ejercer sobre el equipo de gobierno de Alicante a cuenta de la polémica sobre los contratos menores concertados por las concejalías de Infraestructuras y de Partidas Rurales y Participación Ciudadana para ejecutar mejoras en la plaza de La Alcoraya no hace mella en la alianza política conformada en junio de 2019 entre Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). Como mínimo, los dos partidos del centro-derecha cerraron filas este martes para defender la legalidad de los procedimientos de contratación e insistir en que se tramitaron de forma correcta.

Así lo manifestaron el portavoz y el portavoz adjunto del bipartito, Antonio Manresa (Cs) y Manuel Villar (PP), este martes, en la comparecencia posterior a la reunión de la Junta de Gobierno en la que relataron que se había compartido información sobre el proceso seguido y se había constatado que todo había seguido el curso administrativo correspondiente. Sobre todo, en lo que respecta al contrato de construcción e instalación de la pérgola situada en la misma plaza, sobre el que pivota el centro de la controversia, al margen de los encargos relacionados con la instalación del circuito biosaludable y con la reforma y reparación del escenario de dicho espacio público.

El encargo de la pérgola se concertó por un importe de 44.379 euros, a través de un procedimiento negociado (en el que se solicitó presupuesto a tres empresas distintas) que se acabó concediendo a la firma Rehabilitaciones Grupo Leuka: la misma empresa que realizó obras en casa del edil de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, en mayo de 2021, según se ha dado a conocer hasta ahora, a partir de la declaración responsable con la que se regularon los trabajos ante la Concejalía de Urbanismo. Además, se da la circunstancia de que su responsable es conocido del propio concejal por su vinculación con el mundo de las Hogueras, de las que Jiménez fue presidente entre 2012 y 2019.

Villar precisó que, en el transcurso de la reunión de la Junta Local, "se han pedido explicaciones y se ha visto que todo es legal y que todo estaba en orden". De lo contrario, según explicó, los técnicos no habrían autorizado el pago y, con carácter previo, el departamento de Intervención tampoco habría permitido la disposición del presupuesto en la partida habilitada para ello de la Concejalía de Infraestructuras. Es decir, la misma área dirigida por el edil José Ramón González desde la que se sufragaron otras dos actuaciones paralelas en la misma plaza: el circuito de aparatos biosaludables y la reparación y reforma del escenario.