ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante no será el final. Todo lo contrario: Vox pretende que sea el principio. El partido que preside Santiago Abascal está decidido a llevar hasta las últimas consecuencias la propuesta de modificación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià que quedó aprobada como declaración institucional en la sesión de la corporación municipal correspondiente al mes de junio con el objetivo de conseguir que la ciudad de Alicante sea considerada como de predominio lingüístico castellano. De hecho, ya trabaja para presentar en las Cortes Valencianas la Proposición de Ley que resulta necesaria para promover ese cambio legislativo este próximo otoño (el periodo de sesiones del parlamento autonómico ya ha quedado suspendido), a partir del sustento político que le confirió el acuerdo plenario aprobado el jueves gracias a los votos de los 13 ediles que conforman el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y de sus cuatro concejales.

La responsable de promover el registro de esa Proposición de Ley es una figura conocida en el mismo Ayuntamiento de Alicante. Se trata de la diputada autonómica Julia Llopis, quien ejerció como concejal de Educación desde las filas del PP durante el pasado mandato. La misma Llopis confirmó este viernes, a consulta de Alicante Plaza, que el propósito de Vox es elevar esa iniciativa a las Cortes para que se inicie su debate con el ánimo de promover "la actualización de una ley que ha quedado desfasada y que no responde a la realidad social". Y, según explicó, no solo por lo que respecta a Alicante. La intención de Vox, según explicó Llopis, es promover una revisión del mapa lingüístico más amplia que abarque a otros municipios en los que también puedan aprobarse resoluciones municipales similares a la aprobada este jueves en la capital de la provincia.

De hecho, señaló que la idea es registrar iniciativas similares en otros ayuntamientos en los que Vox cuenta con representación municipal para que también pueda abordarse una hipotética rectificación de su consideración como municipios de predominio lingüístico valenciano. "Es cierto que el de Alicante es el primero, pero la intención es que haya más", incidió Llopis, aunque no llegó a precisar en qué otras poblaciones podría reproducirse el debate sobre la misma propuesta: una de las medidas pactadas entre el PP y Vox en el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para que también pudiese prosperar el Plan Económico Financiero (PEF) al que el Ayuntamiento de Alicante quedaba obligado tras el incumplimiento de la regla de gasto al cierre de la liquidación presupuestaria de 2024.

Así, las consecuencias de ese plan de ajuste -que quedó refrendado en un pleno extraordinario, este miércoles- llegarán hasta el parlamento autonómico y hasta el propio Consell, toda vez que Vox no piensa desperdiciar la oportunidad de utilizar el acuerdo de Alicante como ariete con el que presionar al PP para tratar de forzar el cambio del mapa lingüístico reconocido en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Se trata de una hipótesis que, como mínimo, ya ha comenzado a generar incomodidad en el seno del propio Consell. Fuentes de la Conselleria de Educación y Cultura consultadas por Alicante Plaza optaron por no pronunciarse este viernes sobre el alcance de la declaración institucional aprobada en el pleno de Alicante hasta no conocer su contenido concreto, con lo que se habría tratado de no otorgar trascendencia a la resolución municipal.

Y el mismo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dejó entrever en sus primeras manifestaciones públicas al respecto, también este viernes, que el supuesto de la modificación de la ley no contaría con su agrado. En esta línea, apeló al "rigor técnico" como elemento necesario para que dicha propuesta de cambio legislativo pudiese tenerse en consideración. "Sin un estudio real, un estudio técnico, sociológico, lingüístico actualizado, la Generalitat no tiene mucho que decir en ese sentido", apuntó. "Entiendo iniciativas que puedan surgir en un momento determinado, pero creo que es el rigor técnico el que nos tendrá que acompañar. Y mientras tanto, creo que la Generalitat no debe pronunciarse sobre las iniciativas de la autonomía municipal que, por supuesto, respetamos", insistió.

Todo ello, después de que, desde el mismo jueves, se hayan sucedido distintas manifestaciones y pronunciamientos en contra del cambio de la consideración de Alicante como municipio de predominio lingüístico valenciano desde distintos ámbitos: desde los partidos políticos del eje progresista, que ya habían anticipado su intención de estudiar acciones legales frente al acuerdo plenario, hasta las asociaciones de padres y madres e incluso desde distintas instancias de la Universidad de Alicante (UA).

El 'camino administrativo'

No obstante, la hoja de ruta de Vox pasa por presionar al PP para conseguir su objetivo. De hecho, el mero registro de la Proposición de Ley forzará a los populares a tener que pronunciarse de forma obligatoria, toda vez que, su mera presentación conllevará que la Mesa de las Cortes tenga que disponer su publicación en su diario oficial y remitirla al Consell para que manifieste su criterio al respecto.

En ese momento, deberá expresar su conformidad, lo que permitiría que pasase a debate, o su desestimación. Es más, en el supuesto de que transcurran 15 días sin que exista un pronunciamiento expreso, sería la propia Mesa de las Cortes la que podría aceptar la proposición y remitirla a la comisión correspondiente -en este caso, la de Educación y Cultura- para que pueda someterse a la presentación de enmiendas y a la emisión de un primer dictamen, sin que resulte necesaria el encargo de informes o estudios sociológicos que justifiquen el cambio lingüístico propuesto, según fuentes políticas consultadas. Después, pasaría a debate en el pleno de las Cortes.

Por último, en el supuesto de que la proposición de ley llegase a la cámara autonómica, bastaría con la suma de los votos de PP y Vox para que el texto quedase aprobado. Eso sí, está por ver si los populares podrían acabar aceptando el envite -lo que podría ser interpretado como un desmarque respecto a una lengua oficial en la Comunitat-, así como las reacciones que podría acarrear por parte de Vox una negativa del PP a respaldar su propuesta en otras iniciativas en las que el PP necesite de sus votos en el futuro.