ALICANTE. Pacto cumplido también en lo que respecta a la cuestión lingüística. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP) y Vox, se han ceñido al acuerdo alcanzado sobre la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) al que el ayuntamiento quedaba abocado tras el incumplimiento de la regla del gasto, como se constató al cierre del informe de liquidación del presupuesto de 2024, y han sumado sus votos este jueves en el pleno municipal para que saliera adelante la declaración institucional registrada por Vox, por la que se insta a las Cortes Valencianas a "la eliminación del término municipal de Alicante como territorio de predominio lingüístico valenciano y su inclusión como territorio de predominio lingüístico castellano en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano". La suma de sus 17 votos (13 del PP y 4 de Vox) se ha impuesto al rechazo de PSOE y Compromís (10 votos), sin que se haya contabilizado el voto del concejal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, después de que la Secretaría Municipal haya impedido su participación en la sesión, al encontrarse en situación de permiso por acogimiento familiar.

Con ello, el partido de Santiago Abascal consigue que acabe prosperando una iniciativa en la que lleva insistiendo desde el pasado mandato, sin que nunca hasta ahora haya sumado la mayoría suficiente (el PP se había inclinado por abstenerse o por votar a favor, hasta ahora, contando con el contrapeso de la abstención de Cs, en la etapa de gobierno del bipartito) que sí se ha recabado en esta ocasión, tras el enésimo entendimiento alcanzado entre los dos partidos del eje del centro-derecha. Todo, después de que representantes de tres entidades -La Cívica-Escola Valenciana, Acció Cultural y la FLAMPA Enric Valor- hayan intervenido en el pleno para reivindicar el uso del valenciano en la ciudad, y su presencia tanto en su toponimia, como en sus tradiciones culturales (entre ellas, las mismas fiestas de Fogueres), y de que la plataforma 'Alacant pel valencià' haya organizado una protesta en contra del acuerdo en la Plaza del Ayuntamiento, con la intervención de esas mismas entidades y de representantes institucionales, entres los que figuraba el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví.

En la defensa de la iniciativa, el portavoz adjunto de Vox, Carmen Robledillo, ha sostenido que se trataba de defender los derechos lingüísticos de la ciudadanía y "el español". Se trataba, según ha dicho, de ajustar la situación a la "realidad social", "sin restringir derechos", según ha recalcado, tras sostener que los últimos informes apuntan que el 85% de la población de Alicante asegura ser castellanohablante. Así, ha sostenido que "el problema aquí son los pancatalanistas", ha recalcado. En el turno de intervenciones, la edil de Compromís, Sara Llobell, ha recriminado que se haya presentado la quinta declaración con el mismo objetivo ignorando "la situación cultural, social y educativa de Alicante". "Entendemos que no les guste la realidad, pero eso no significa que la hagan desaparecer", ha sostenido. Además, se ha dirigido a los ediles del PP para sostener que desde el Consell ya se ha promovido una consulta sobre la elección de la lengua vehicular en la educación, "pero parece que el resultado no les ha acabado de gustar". De igual modo, ha recriminado la actitud de Vox al sostener que de lo que se trata es de "arrinconar la memoria democrática" y que "no defiende derechos ni libertades, sino que ataca la convivencia y trata de imponer una única visión de Alicante". 

Por el PSOE, el edil Miguel Castelló, también ha lamentado que se vuelva a promover por quinta ocasión la declaración institucional, ligada ahora al acuerdo sobre el plan de ajuste entre PP y Vox, cuando se trata de una iniciativa que solo quiere crear problemas de convivencia. "Tienen inquina y odio al valenciano; Alicante ha sido históricamente una ciudad valencianoparlante", ha reivindicado, por lo que ha confirmado el voto en contra de su partido para no ir en contra de "la tradición, la historia y la identidad de Alicante". De igual modo, ha ratificado que la intención de su grupo político es recurrir el acuerdo -en el caso de que resultase aprobado- en la vía contencioso-administrativa. Igualmente, ha subrayado la presencia del valenciano en la toponimia y en manifestaciones culturales, sociales y festivas, incluido el propio himno de la ciudad.

Por último, por el PP, ha intervenido la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien ha defendido "el derecho de todas los ciudadanos y familias a educar en castellano, sin imposiciones ideológicas. Este planteamiento no supone menosprecio alguno al valenciano, lengua que ha convivido de forma harmónica durante décadas; el problema lo han generado ustedes, que instrumentalizan la lengua convirtiéndola en un campo de campaña político", ha argumentado. Así, ha defendido la integración progresiva de valenciano y castellano "sin imposiciones". "Ahí está el problema; no los ha habido nunca hasta que llegó el Botànic", ha asegurado. Así, ha sostenido que usaron la lengua para "engordar los bolsillos de entidades pancatalanistas" y se ha referido a la policía lingüística para evaluar si se enseñaba en las aulas. "El valenciano es una lengua querida por todos sin imposiciones", ha subrayado. De igual modo, ha señalado que, en la consulta sobre la elección de la lengua, el 83% de las familias se ha decantado por el castellano. Así, la votación se ha saldado con 17 votos a favor (PP y Vox) y 10 en contra (PSOE y Compromís).

A partir de ahora, está por ver qué resultado o eficacia efectiva puede llegar a tener el acuerdo adoptado, toda vez que se trata de una declaración política que no conlleva la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de las Cortes Valencianas. Además, en el supuesto de que se tratase de llevarlo a ejecución, se requeriría de un proceso administrativo de modificación de la Llei d'Ús, con el consiguiente trámite de recopilación de informes y de presentación de enmiendas, lo que complicaría el proceso, incluso pese a que PP y Vox sumen mayoría en el parlamento autonómico. En parte, así lo ha detallado el portavoz de la plataforma 'Alacant pel valencià', Ismael Vicedo, quien ha agradecido la participación en la concentración, en lo que, a su juicio, habría supuesto "la primera victoria" en su reivindicación.

"Alicante es una ciudad valencianohablante, nace de la lengua y está presente en todos sus barrios, en colegios, en el himno de la ciudad y en el de las Fogueres", ha señalado. Además, ha apremiado al equipo de gobierno a no aplicar "el Decreto de Nueva Planta" que, a su juicio, supondría el acuerdo promovido por Vox. "Continuaremos en la batalla porque tenemos que recordar que no tiene competencia el Ayuntamiento para hacer lo que demanda, en todo caso la tendrá Les Corts, y recordamos que, como ciudadanos nacidos en Alicante, tenemos derechos y no puede haber leyes que los recorten, sean muchos o pocos los que hablen valenciano", ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En todo caso, tanto el grupo municipal del PSOE, este miércoles -y también este mismo jueves- ya ha anticipado su intención de acudir a la vía contencioso-administrativa para impugnar la resolución aprobada. En esta línea, portavoz de Educación del PSPV en Les Corts, José Luis Lorenz, ha asegurado que esta decisión es "un ataque a las señas de identidad y a la ciudad de Alicante" y ha señalado que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, "ha aprobado una ley para perseguir el valenciano, para quitarlo en las aulas".

Al tiempo, también ha anunciado el inicio de acciones legales el síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante su participación en la concentración registrada en la Plaza del Ayuntamiento, en paralelo al transcurso del pleno. "Malditas las personas que abren guerras de lenguas para obtener rédito político. Malditaas las personas que rompen consensos que han permitido una convivencia pacífica de las dos lenguas en Alicante", ha declarado. Además, ha confirmado que Compromís encargaría un informe jurídico sobre la declaración aprobada por PP y Vox "por ser un nuevo ataque directo al valenciano y vulnerar los derechos lingüísticos de los alicantinos", ha concluido.

Además, a esos dos movimientos, se sumaría la impugnación también anunciada por el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, respecto al conjunto del desarrollo del pleno, y de los acuerdos alcanzados en él, después de que se haya hecho valer, de nuevo, el informe emitido por el secretario municipal el pasado octubre y se le haya impedido participar en la sesión, por el hecho de haberse acogido a la reanudación del permiso por acogimiento familiar del que ya dispuso parcialmente en enero.

Sin respaldo al Día del Orgullo

Con carácter previo, el pleno ha rechazado la declaración institucional promovida por Compromís y Esquerra Unida Podem respecto a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con los votos de PP y Vox: 17 votos en contra y 10 a favor (ante la imposibilidad de voto del edil de EU Podem, Manolo Copé). El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha asegurado que "corren malos tiempos" para ese colectivo ante el "avance de la ultraderecha" y ha reprochado la falta de recursos por parte del Ayuntamiento. "No sabemos qué han pactado con la ultraderecha", ha manifestado, respecto al nuevo acuerdo alcanzado con Vox por la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) al que el ayuntamiento quedaba abocado tras el incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 2024.

En el turno de debate, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha considerado que la iniciativa era una propuesta recurrente que se registra todos los meses de junio y que era "una cortina de humo" respecto a la corrupción o la imposibilidad de acceder a una vivienda. "¿No se cansan?", se ha cuestionado, para reprochar, después, que se promueva la política de "puertas abiertas a la migración", lo que, según ha señalado, propicia la llegada de personas que atentan contra homosexuales y no homosexuales, ha asegurado. Además, ha sostenido que el Orgullo "no representa a todos los homosexuales" y ha sostenido que Vox defiende la "dignidad de todos", tras recriminar el fanatismo ideológico de la izquierda. Por el PSOE, Emilio Ruiz, ha incidido en defender la "libertad" que plantea la iniciativa política frente al "discurso del odio", "homófobo" y de "la exclusión" de Vox. "No pueden agachar la cabeza", ha espetado, en alusión a los ediles del PP. La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha incidido en que los partidos de la izquierda tratan de "apropiarse de todas las banderas" para sostener que "el Orgullo no les pertenece". "No estamos hablando de ideologías, sino de derechos y eso no les pertenece", ha señalado. Así, ha anticipado su voto en contra de la propuesta.

En segundo término, sí ha quedado aprobada la declaración promovida por el PP por la que se insta al Gobierno de España a cumplir con la financiación del 50% del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia con el fin de que se doten los recursos necesarios para atender a sus solicitantes, como ha defendido León. Por Compromís, Sara Llobell ha recriminado la privatización de servicios públicos por parte del PP y ha conminado a sus representantes a apremiar al Consell a cumplir sus compromisos. Por Vox, su portavoz adjunto Mario Ortolá ha asegurado que "España está quebrada" por aspectos como la concesión de ayudas a sindicatos o de ayudas a Marruecos, según ha enumerado. Además, ha vuelto a incidir en la vinculación entre migración y delincuencia en la línea con el discurso de su partido, para sostener que "ahora mismo se premia más al delincuente que al dependiente".

Por el PSOE, Emilio Ruiz ha recriminado el retraso en la resolución de las solicitudes de dependencia tanto en la Comunitat, como en Alicante. Además, ha defendido la mejora de la financiación municipal promovida por el Gobierno central "mientras el Consell incumple sus plazos". "El Gobierno de España no es el que está fallando en dependencia", ha subrayado. En la votación, la propuesta ha quedado aprobada con los votos de PP y Vox (17), los 8 votos en contra del PSOE y la abstención de los dos ediles de Compromís.

Sí ha prosperado la declaración institucional promovida por el PSOE por la que se instaba a aprobar una regulación municipal de la circulación, condiciones de uso y limitaciones de los vehículos turísticos tipo tuc-tuc en la ciudad de Alicante, "garantizando la seguridad vial, la sostenibilidad y la equidad competitiva entre sectores, y se adoptan otros acuerdos complementarios". El edil socialista, Raúl Ruiz, ha destacado que se trata de una propuesta con la que se pretendía defender al sector del taxi frente al "intrusismo creciente" de los tuc-tuc, en los que no se estaría aplicando ningún tipo de control, ni garantías de seguridad "para los trabajadores o para los usuarios". De igual modo, ha alertado de la falta de licencias de taxis, y en especial, de taxis adaptados. Así, ha pedido mayor control sobre esa actividad.

La edil de Compromís, Llobell ha considerado necesaria esa regulación, en lo que también ha coincidido el edil de Vox Óscar Castillo, aunque sin escatimar críticas respecto a la regulación nacional del sector del transporte público. Y por el PP, el edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha anticipado su apoyo tras confirmar que la Concejalía de Movilidad ya está trabajando en la modificación de la ordenanza de circulación para regular ese nuevo sistema de transporte. Además, ha señalado que la propuesta encaja en las negociaciones ya emprendidas entre el sector del taxi y la Generalitat, "que es quien tiene las competencias" sobre la materia, según ha señalado. En todo caso, ha señalado que sí existe control municipal hasta el punto de que se hayan registrado hasta 189 denuncias respecto a la prestación de servicios irregulares. Así, la propuesta ha quedado aprobada por unanimidad, con 26 votos.

No ha prosperado, sin embargo, la segunda de las iniciativas promovidas por el PSOE, defendida por la edil Silvia Castell, por la que se pretendía poner en valor de las propuestas en materia de vivienda del Gobierno de España y exigir su implementación en la Comunidad Valenciana con el fin de que se promoviese la promoción de vivienda pública que facilitase el acceso de la población al mercado inmobiliario, después de que no se haya levantado "ningúna vivienda nueva pública" en los últimos seis años en la ciudad. La iniciativa ha contado con el respaldo de Compromís, después de que su portavoz, Rafa Mas, haya insistido en la conveniencia de que Alicante sea declarada ciudad tensionada y que se aplique un control real de los pisos turísticos. Por Vox, Castillo ha incidido en que lo que se necesita es "liberalizar el sector", y no "operaciones de propaganda", como ha definido a la propuesta. Y por el PP, el edil de Vivienda, De Juan, ha recriminado la, a su juicio, falta de gestión del Consell del Botànic para la construcción de vivienda pública, además de denunciar que tampoco se ha promovido ninguna de las 200.000 viviendas anunciadas por el Gobierno Central. Además, ha lamentado que el nuevo plan estatal de promoción de vivienda reduzca los fondos nacionales y exija más aportación de las autonomías. La propuesta solo ha sumado 10 votos a favor (PSOE y Compromís), frente a los 17 en contra de los ediles de PP y Vox.

La última de las iniciativas promovidas por el PSOE pretendía que el servicio de atención al baño para personas con movilidad reducida y personas con diversidad funcional intelectual en las playas de Alicante diese comienzo el 1 de junio, entre la introducción de otras mejoras en la prestación, que -según ha expuesto la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós- también han solicitado entidades como Cocemfe, por ejemplo. Amorós, ha incidido en que también deberían acondicionarse los paseos y los accesos a los arenales. Por Compromís, Mas ha adelantado su apoyo "ante la desidia" respecto a un servicio que, según ha señalado, debería estar disponible todo el año como "ocurre en otras ciudades". Por Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha confirmado su respaldo a la propuesta, aunque ha señalado que el contrato que permite extender esa prestación se acaba de firmar ahora. Por el PP, la edil de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que Alicante se convirtió en pionera en la accesibilidad en las zonas de baño de las playas en 2022, por lo que ha reiterado su compromiso en ese sentido. Así, ha señalado que, al margen de la extensión temporal de la prestación, se está estudiando la mejora del espacio físico de la playa de El Postiguet destinada a ese servicio. "Hemos pedido ya permiso a Costas para ampliar esa plataforma", ha apuntado. Con todo, ha reconocido que en 2025 no será posible introducir mejoras, aunque sí se incluirían en 2026. Además, se ha comprometido a conversar con Cocemfe para incorporar nuevas mejoras en el nuevo pliego. De este modo, la propuesta también ha quedado aprobada por unanimidad.

Puerto Amor y los directores generales

De igual modo, después del debate de la declaración institucional promovida por Vox sobre el predominio lingüístico del castellano en Alicante, se ha debatido la primera de las iniciativas registradas por Compromís, por la que se pretendía instar a la Generalitat Valenciana a desarrollar un proyecto de regeneración ambiental y paisajística de los terrenos del fallido proyecto de Puerto Amor. La edil de la coalición valencianista, Sara Llobell, ha sostenido que debía intervenirse en ese espacio ante su estado de degradación por su estado de abandono, después de que venciese la concesión que se concedió a la empresa promotora de ese proyecto. "Esta situación no puede alargarse más, por lo que instamos a la Generalitat a impulsar un proyecto de recuperación ambiental y paisajística", ha argumentado. Por Vox, el edil Juan Utrera, ha recriminado que el Consell del Botànic no actuase cuando podía haberlo hecho. Por el PSOE, el edil Raúl Ruiz, ha defendido que fue la exconsellera María José Salvador quien declaró la caducidad de esa concesión y ha coincidido en que debe promoverse el registro de un proyecto de recuperación sin mayores demoras. Por último, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, haya apuntado que ya se estaban llevando a cabo actuaciones de mejora en ese entorno con el proyecto, en coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente, al margen de la labor de regeneración de la playa de La Almadraba que se está desplegando en la actualidad. Así, la declaración ha quedado desestimada con los votos de PP, el voto a favor de PSOE y Compromís y la abstención de los ediles de Vox.

De igual modo, tampoco ha prosperado la segunda propuesta promovida por Compromís, en la que se conminaba al equipo de gobierno a estudiar la supresión de "cargos de órganos directivos mientras no se complete y cumpla con el Plan Económico Financiero que garantice el retorno al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto". El portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha considerado que el nombramiento de esa estructura directiva no ha permitido mejorar la eficiencia de la gestión municipal. Además, se ha referido a la medida incluida por Vox en el acuerdo sobre el plan de ajuste, respecto a los cargos directivos, para cuestionarle qué pensaba hacer al respecto. "No sabemos qué hacen, la administración sigue colapsada y los servicios públicos siguen empobrecidos", ha argumentado, tras criticar a la edil de Fiestas, Cristina Cutanda, respecto su papel en las últimas Fogueres, sobre el que ha señalado que ya se ha pedido su dimisión.

El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha sostenido que el acuerdo con el PP preveía la supresión de los directores generales (con el consiguiente ahorro de sus sueldos), en el supuesto de que no se consiguiese otra alternativa para poder incluir al rebaja del IBI pactada con los presupuestos de 2024. Además, ha recriminado que Mas no haya denunciado los sueldos en asesores del Ayuntamiento de València durante el pasado mandato. Por el PSOE, su portavoz, Ana Barceló, ha optado por defender un discurso contra la corrupción y contra el fascismo para acabar anunciando su apoyo a la declaración, a la vista de que sigue sin precisarse qué gastos iban a recortarse con la aprobación del Plan Económico Fiscal (PEF), y considerar que la nueva estructura directiva no ha permitido mejorar la gestión, con un porcentaje de inversión mínimo, según ha recalcado. Por el PP, la edil Mari Carmen de España, se ha centrado en deslegitimar la iniciativa de Compromís y de reprochar el "ataque" que, según ha opinado, Mas había dirigido a la edil de Fiestas, sin entrar a defender el  fondo de la propuesta. Así, la declaración ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox, frente a los 10 ediles de PSOE y Compromís.

Por último, se ha debatido una última declaración institucional promovida por EU Podem por la que se planteaba que se promoviese la reserva de suelo en el nuevo PGOU para promover vivienda pública en espacios que permita evitar la gentrificación, entre otros puntos, que su portavoz, Manolo Copé, había tratado de retirar del orden del día de la sesión, este mismo jueves, lo que ha motivado que no se haya aceptado su petición por parte de la secretaría municipal, al interpretar que ya había entrado en vigor su situación de permiso por acogimiento familiar. En todo caso, la iniciativa ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, se ha limitado a manifestar su respaldo. El edil de Vox, Juan Utrera, ha recriminado que EU Podem plantee esa propuesta, tras criticar la gestión del exconseller de Vivienda, Raúl Martínez Dalmau, durante la pasada legislatura.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha solicitado que el secretario informase sobre por qué se admitía a debate la declaración institucional registrada por un concejal al que no se había permitido participar. Y el alcalde, Luis Barcala, ha incidido en los motivos ya expuestos por el secretario, en alusión al momento de la presentación del registro de la solicitud de retirada de la declaración. A la vista de esa respuesta, Barceló ha acusado al primer edil de "retorcer el reglamento órganico del pleno" y ha anunciado el abandono de la sesión de los concejales de su grupo como muestra de discrepancia por el desarrollo de la sesión. Una decisión a la que se han sumado los ediles de Compromís e incluso Copé. Acto seguido, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha reprochado que EU Podem hubiese registrado esa iniciativa, "después de no haber presentado aportaciones" en el proceso de participación pública habilitado por su departamento en la primera fase de redacción del Plan General Estructural. Así, en el momento de la votación, la iniciativa ha quedado desestimada con los votos de PP y Vox y la ausencia de los ediles de la izquierda, que ha quedado contabilizada como abstención. Por último, el alcalde ha tomado la palabra para lamentar las formas en las que se había producido el desarrollo de la sesión. 

Remodelación de Capitán Segarra y silencio sobre el CEIP 56

Eso sí, con antelación al debate de ese conjunto de declaraciones políticas, en el turno de ruegos y preguntas del pleno, el edil de Movilidad, Carlos de Juan, ha respondido a un ruego formulado por la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, para que se reubicase el paso de peatones de la plaza de Canalejas para mejorar su seguridad. Al respecto, De Juan ha señalado que se está revisando opciones, aunque ha señalado que, su emplazamiento actual quedó incluido en las obras de reurbanización financiadas con fondos de resiliencia de la UE por lo que no podría introducirse modificaciones en un plazo de cinco años. Con todo, ha señalado que no se tendría constancia de incidentes en ese punto en concreto.

El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha respondido a la petición presentada por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, para que se promoviese la convocatoria urgente de la comisión específica sobre la isla de Tabarca con el fin de atender la situación de "abandono" de la isla, sobre la que ha dibujado una panorama de suciedad, de saturación y de servicios. Villar ha apuntado se espera que la aprobación inicial del Plan Especial de la isla se espera aprobar en "un par de semanas" en Junta de Gobierno, ha negado la situación denunciada por Mas y ha asegurado que la comisión podría volver a convocarse el mes de septiembre para hacer balance del verano.

La edil de Bienestar Social, Begoña León, también ha respondido a una pregunta formulada por la edil socialista Victoria Melgosa sobre el funcionamiento de la oficina de asistencia a la maternidad, puesta en funcionamiento tras el acuerdo presupuestario de 2024 alcanzado entre PP y Vox. Melgosa ha advertido, además, del refuerzo en ese servicio, que ha vuelto a tildar de oficina antiabortista, toda vez que se habría convenido ahora el concierto de un convenio sobre su gestión con una entidad especializada, en función del nuevo acuerdo alcanzado entre los dos partidos del eje del centro derecha respecto a la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) que quedó avalado en el pleno extraordinario celebrado este miércoles.

León ha apuntado que la oficina ha atendido desde noviembre hasta junio a 64 familias. Además, ha solicitado respeto para las mujeres que "quieren ser atendidas". "Vienen voluntariamente y se les ayuda voluntariamente", ha señalado. Además, ha vuelto a recriminar la aplicación de la conocida como Ley del Solo sí es Sí que, según ha recalcado, ha supuesto rebajas de penas a 60 agresores en la provincia de Alicante y cuatro en la ciudad. De igual modo, no ha desperdiciado la oportunidad de sacar a colación el caso Koldo y el posible uso de fondos públicos en servicios de prostitución, por parte de sus implicados.

De Juan también ha respondido a otra pregunta formulada por el edil de Vox, Juan Utrera, respecto a la realización de las obras de mejora en el entorno del Mercado Central comprometidas en marzo de 2024. El edil de Movilidad ha indicado que esa mejora queda incluida en el proyecto de mejora del aparcamiento de la Lonja y de la calle Capitán Segarra, con una modificación de la zona de carga y descarga del Mercado y la implantación de plataforma única en esa calle. Sobre plazos, ha apuntado que esa actuación se acometería "lo más rápido posible".

De igual modo, el edil de Recursos Humanos, Julio Calero, ha contestado a otra pregunta formulada por el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, respecto a la posible incompatibilidad registrada con la presencia de una funcionaria seleccionada como directora general de Recursos Humanos -elegida de forma discrecional, como puesto de confianza- en un tribunal de selección de personal, con el fin de que se precisase qué controles de legalidad se habían seguido para que se produjese su incorporación a dicho tribunal. Calero ha señalado que se habían seguido los cauces reglamentarios requeridos y ha defendido que su condición de funcionaria de carrera le permite formar parte de un tribunal de selección. 

León también ha contestado a otra pregunta posterior formulada por Mas respecto a cuándo se tenía previsto tramitar la convocatoria del concurso para contratar el servicio de ayuda a domicilio, tras argumentar que sus 150 trabajadoras se encuentran "en precario", sin que se les haya aplicado incrementos salariales. La edil de Bienestar Social ha sostenido que la propuesta de pliego ya está en estudio en el departamento jurídico, como paso previo a su licitación por parte del departamento de Contratación. Además, ha señalado que se contemplan distintas mejoras en la prestación.

El edil de Limpieza, Manuel Villar, también ha contestado a otra de las preguntas formuladas por el líder de Compromís respecto a cuándo se tiene previsto cambiar el sistema de funcionamiento de los contenedores de residuos en el Casco Antiguo, para retirarlos durante el día, después de enumerar las deficiencias que, a su juicio, se habrían registrado en la prestación del servicio de limpieza en Fogueres. En primer término, Villar ha exhibido el acuerdo alcanzado entre la empresa y los representantes de los trabajadores que evitó las protestas durante las fiestas. Y, después, ha señalado que la intención es ubicar en el Casco Antiguo las cajas ya situadas en Nueva Tabarca para almacenar los contenedores con el fin de evitar su impacto visual y, al tiempo, contribuir a reducir olores que, según ha lamentado, siguen produciéndose como consecuencia del depósito de residuos fuera del horario establecido.

El edil de Presidencia, Toño Peral, ha respondido a una pregunta formulada por EU Podem respecto a la presencia de publicidad en las farolas del servicio de alumbrado público, que ha leída por el secretario municipal ante la imposibilidad de que su portavoz, Manolo Copé, pudiese participar en la sesión. Peral ha apuntado que no se tendría constancia de esa campaña. Villar también ha respondido a otra pregunta de EU Podem, respecto a cuándo se prevía convocar la sesión plenaria de enero suspendida por el juzgado a instancias del recurso de la confluencia. Al respecto, Villar ha sostenido que ese asunto sigue judicializado, por lo que se esperaría hasta su resolución.

La edil de Sanidad, Cristina Cutanda, también ha respondido a otra pregunta de la confluencia sobre la paralización de las obras del centro de salud de La Torreta, sin llegar a concretar ninguna gestión al respecto. De hecho, se ha limitado a asegurar que el actual Consell había conseguido desbloquear la construcción de los tres centros de salud comprometidos en Alicante. De igual modo, Villar ha respondido a otra de las preguntas formuladas por Copé respecto al futuro de la implantación de las Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) tras el nuevo entendimiento alcanzado con Vox respecto al plan de ajuste, para señalar que la pregunta "carece de sentido" puesto que las ZAS siguen en tramitación.

Por su parte, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha respondido a otra pregunta de EU Podem formulada en el pleno de mayo respecto a la construcción del nuevo pabellón deportivo de Tómbola, y el desplazamiento del campo de fútbol preexistente, para sostener que se sigue trabajando en el proyecto, tras acusar a los grupos del eje progresista de trasladar una información incorrecta a las entidades deportivas.

El edil del PSOE, Emilio Ruiz, ha cuestionado sobre qué parcela se pretende ceder a la Conselleria de Educación para que pueda construirse el nuevo centro definitivo del colegio número 56 en el Pla-Carolinas, que se pondrá en funcionamiento en septiembre en aulas prefabricadas (barracones), tras denunciar la falta de planificación que ha generado problemas con la matriculación sobrevenida. No obstante, la respuesta ha quedado aplazada al próximo pleno. De igual modo, el también concejal socialista Raúl Ruiz ha cuestionado al equipo de gobierno sobre el futuro del vertedero, toda vez que en agosto expira la última prórroga concedida a UTE Alicante sobre su explotación. Con todo, la respuesta ha quedado aplazada, igualmente, hasta el próximo pleno.